Hay una profunda preocupación en Colombia que, por supuesto, se extiende al departamento del Quindío, frente al asesinato, casi sistemático, de líderes sociales. Amenazas que se extienden a periodistas y otros actores sociales en el país, que envuelven, más que el final de un periodo presidencial, el comienzo de uno nuevo, en el más negro momento de la historia de los últimos años en la nación.

Casi 400 asesinatos en el último año, es un muestra palpable del gravísimo problema que sigue afrontado Colombia frente a la violencia que, a pesar del acuerdo de paz, palpita en muchos rincones de la patria. No es solamente un coletazo del acuerdo de paz, sino más bien el destape de un fenómeno que estaba agazapado, poco visibilizado, precisamente por la prevalencia del conflicto armado que protagonizaron durante más de 50 años las Farc y otros grupos subversivos.

La reaparición de las llamadas Águilas Negras, que no son más que el resurgimiento del paramilitarismo, con intervención, en algunos casos, de agentes del propio Estado, como lo ha denunciado el procurador Carrillo, tiene que preocupar en forma enorme al nuevo presidente Iván Duque, y no tanto al saliente presidente Santos. Lo extraño es que Duque ha guardado silencio sobre estos hechos.

Este resurgimiento de la violencia tiene origen en la negación del acuerdo de paz por una parte de la dirigencia política del país, seguida por una gran mayoría de colombianos, que ahora pregonan en las redes sociales un triunfo electoral de la derecha y reclaman la necesidad de seguir haciendo una ‘limpieza social’. Infortunadamente para la tranquilidad y la paz del país, esa ‘limpieza social’ tiene como objetivos a los líderes sociales, en su gran mayoría simpatizantes o amigos de las ideas del candidato perdedor en las elecciones pasadas, Gustavo Petro.

Seguros estamos que esa expresión de los medios y redes sociales de hacer un nuevo exterminio a las personas que comulgan con las ideas de izquierda, no es la misma del presidente electo Iván Duque. Confiamos que su posesión el próximo 7 de agosto frene este chorro de sangre que vive el país por cuenta de esa polarización que exacerbó los ánimos con el plebiscito por el acuerdo de paz.

El nuevo gobierno tiene un enorme reto: enderezar el acuerdo de paz para parar el desangre del país. Pero enderezarlo no es cambiarlo, sino hacerlo cumplir, respetar lo pactado y procurar el desarrollo de las leyes que conduzcan a un posconflicto más tranquilo, de verdadera reconciliación, de descubrimiento de la verdad, de reparación de las víctimas y de no repetición.

Y, en ese empeño debemos estar todos: los congresistas que se posesionan este viernes 20 de julio, el presidente, los ministros, la oposición y la ciudadanía en general. De no hacerlo, de no comprometernos con el cumplimiento y el respeto de los acuerdos, tenemos que atenernos a la ley del más violento, a seguir viendo los chorros de sangre, el dolor y la tristeza de un país que no es capaz de superar las violencias, pero, especialmente, de un país al que se le dio la oportunidad de la paz y la esperanza y ha preferido seguir en la guerra y en la desesperanza.