La Fiscalía logró las primeras condenas de la operación denominada ‘Díez… por Ciento’, que puso al descubierto irregularidades en el manejo de los recursos que por valorización recaudó la alcaldía de Armenia en 2014, y evidenció el favorecimiento de un grupo de contratistas para que se quedara con las obras de infraestructura vial en la ciudad.

Sebastián Congote, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia -Edua-, y Aura María Zapata Saldarriaga, exfuncionaria de la misma entidad, fueron sentenciados a seis años y medio y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, luego de aceptar su responsabilidad en los hechos investigados.

Congote Posada se declaró culpable de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir.

El fallo resaltó que el exgerente suscribió contratos interadministrativos a sabiendas de que la Edua no tenía la idoneidad para ello, mientras que Aura María Saldarriaga fue condena por peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Antecedentes

Entre marzo y abril del presente año, la Fiscalía logró la captura y judicialización de 13 personas, entre funcionarios, intermediarios y contratistas del gobierno de Armenia, vinculadas a investigaciones por el presunto direccionamiento irregular de los contratos para el desarrollo de obras viales en Armenia mediante la contribución de valorización, a un grupo específico de constructores.

En las indagaciones, la Fiscalía constató que la exalcaldesa, Luz Piedad Valencia Franco en el periodo 2012-2015, obtuvo del concejo municipal, aprobación para realizar cobros de valorización y así financiar obras como puentes y vías, entre otras.

Contratos

Asimismo, la entonces mandataria expidió un acuerdo con el que facultó a las distintas secretarías del despacho para realizar contrataciones directas o procesos contractuales con absoluta independencia.

Ese aparentemente marco administrativo y legal habría servido para que el constructor Fernando Díez Cardona y Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa, pactaran que toda la contratación de las obras por valorización en Armenia, que ascendía a $111.262’735.728, quedara en manos de dos uniones temporales, en las que figuraban las empresas de Díez Cardona y algunos de sus socios.

Desembolsos

El acuerdo presuntamente se pactó con una entrega inicial de 300 millones de pesos y el pago de dádivas que correspondían al 10% del valor total de los contratos, cerca de 12 mil millones de pesos desembolsados en efectivo, que supuestamente salieron de los anticipos reconocidos a los constructores.

Adicionalmente, las indagaciones pusieron al descubierto que todos los contratos fueron formalizados sin que mediaran los diseños previos, los cuales fueron realizados posteriormente por los constructores de las obras, situación similar habría ocurrido con las interventorías, que quedaron en manos de empresas conformadas por los contratistas.