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Columnistas  |  20 agosto de 2018  |  12:00 AM |  Escrito por: Horacio Duque

Construir la paz con derechos para las víctimas del conflicto

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Horacio Duque

La construcción de la paz no es un proceso simple. Tiene grandes retos para el Estado y la sociedad en momentos en que resucitan los factores del conflicto a raíz de los anuncios del nuevo gobierno de echar atrás los pactos suscritos con las Farc.

El tema de las víctimas es crucial. Ya desde el 2011 se expidió la ley 1448 para asumir los problemas ocasionados por el despojo y desplazamiento de más de 8 millones de colombianos que debieron abandonar sus tierras y bienes por culpa de la acción violenta de los grupos paramilitares y demás organizaciones ilegales.

Dicha ley y sus normas reglamentarias no resolvieron los problemas que propiciaron su expedición. Por eso la Mesa de Diálogos de La Habana abordó dicho asunto y en el punto 5 de los Acuerdos del Teatro Colón se establecieron nuevos compromisos para atender a las víctimas de la guerra.

El Acuerdo de Paz con las Farc tiene la particularidad de abordar por primera vez el tema de las víctimas con mucha amplitud.

En ese sentido la construcción de la paz en el ámbito regional debe asumir tales compromisos en las políticas y estrategias que elaboren las administraciones departamentales.

Un componente departamental de Restitución de Derechos y Reparación a las Víctimas debe establecer como objetivo el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación efectiva de la política pública para la atención y reparación a las víctimas del conflicto, a fin de que en el territorio las víctimas del conflicto armado y la violencia, puedan ser reparadas y reintegradas a la vida social.

Con tal componente se busca fortalecer las capacidades de la gobernación y de las alcaldías para atender simultáneamente dos ámbitos, que tienen estrecha interdependencia entre sí: de un lado, la implementación de la legislación vigente a este respecto; del otro, la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio (Punto 5: Acuerdo sobre víctimas del conflicto).

El soporte de la reintegración social de las víctimas son las acciones de reconstrucción del tejido social de las personas que han sido victimizadas por el conflicto y por ende han destruido completamente su vida cotidiana. Rehacer la vida cotidiana de las víctimas debe ser el resultado de la reparación y reintegración de dicha población.

La construcción de la paz con derechos para las víctimas debe organizarse alrededor de dos núcleos estratégicos:

Primer núcleo estratégico.

Fortalecimiento de los espacios de participación y autogestión mediante: a) El fortalecimiento de las instituciones departamentales y municipales; y b) el fortalecimiento de las instancias de interlocución entre el gobierno y las víctimas del conflicto, con especial énfasis en el apoyo al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación en el territorio (Punto 5 del Acuerdo de Paz).

En primer lugar incluyendo las acciones para el fortalecimiento de las instituciones, departamental y municipales, en lo pertinente a:

I. La formulación, actualización e implementación de la política departamental de atención y reparación a víctimas, con enfoque territorial y diferencial, mediante la formulación, socialización e implementación de las acciones prioritarias del Plan de Acción Territorial (PAT).

II. La asistencia técnica y acompañamiento de la Gobernación a las alcaldías para la formulación, actualización e implementación de sus políticas municipales de atención y reparación de las víctimas y de sus Planes de Acción Territorial (PAT).

III. La cualificación de la participación de las víctimas en la formulación e implementación del PAT, así como en los ajustes y reformas normativas de la política nacional de atención y reparación integral a las víctimas (Acuerdo de Paz, 2016, pp. 184 a 186) mediante el fortalecimiento del Comité Departamental de Justicia Transicional y de los Comités Municipales de Justicia Transicional.

IV. El apoyo y colaboración efectiva de las autoridades departamentales y municipales, y de las organizaciones sociales y comunitarias con la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación en el territorio, de acuerdo con lo que estipula la nueva política nacional en esta materia.

V. Apoyo y colaboración efectiva de las autoridades territoriales y de las organizaciones comunitarias, en especial de las organizaciones de víctimas, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición , de carácter temporal y extrajudicial, encargada de investigar y conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y explicar los orígenes y las múltiples causas del conflicto, promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición.

VI. Apoyo de las autoridades territoriales y de las organizaciones comunitarias, en especial de las organizaciones de víctimas, con la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En ese sentido apoyar regionalmente la articulación de entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y las entidades del Sistema de Salud, entre otros. Con el apoyo del Departamento la Unidad podrá realizar la búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de los restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto.

VII. Apoyo y colaboración efectiva con las medidas adoptadas en el Acuerdo de Paz para la garantía de no repetición de las violaciones y del conflicto mismo en el territorio.

 

VIII. Apoyo a los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersona (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (Muse) o restos explosivos de guerra (REG) adelantados por el Gobierno Nacional en el Departamento.

En segundo lugar, se fortalecerá la capacidad de las instancias de interlocución entre el gobierno y las víctimas del conflicto para la atención y reparación, en el marco de la construcción de la paz en el territorio, mediante las siguientes acciones:

I. El fortalecimiento del Comité Departamental de Justicia Transicional.

II. El fortalecimiento de los comités municipales de Justicia Transicional.

III. El Fortalecimiento de la Mesa Departamental de Víctimas.

Segundo núcleo estratégico.

El segundo núcleo se refiere a la implementación efectiva de las acciones de Prevención y protección, Atención y asistencia, Reparación integral y Verdad y Justicia. Lo anterior, en concordancia con la ley 1448 de 2011, con la política pública de víctimas y de restitución de tierras del nivel nacional, con el Plan de Acción Territorial del Quindío y con las disposiciones del Acto Legislativo 01 de 2017.

Se resalta en especial el apoyo en el territorio a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el componente de justicia en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación establecido mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 (Artículo 1).

En aplicación del Acuerdo de Paz, se requiere el especial apoyo, acompañamiento y colaboración efectiva por parte de las autoridades departamentales y municipales, y de las organizaciones sociales y comunitarias, en la materialización de dos líneas misionales:

I. Garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Para ello, se requiere que el Comité Departamental, los Comités Municipales de Justicia Transicional y la mesa Departamental de Víctimas presten apoyo a las víctimas para acceder a los mecanismos de justicia transicional previstos en la JEP.

II Garantizar el derecho al debido proceso, para lo cual se requiere el apoyo de las autoridades departamentales y municipales, y de las organizaciones sociales y comunitarias, en los trámites de esclarecimiento de la verdad y la responsabilidad de las personas procesadas a través de la JEP.

De manera más específica, se requiere promover el apoyo en los aspectos mencionados, a las siguientes instancias de la JEP:

I. Apoyo a la Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas.

II. Apoyo, acompañamiento y colaboración efectiva con la Sala de definición de situaciones jurídicas, para los casos en los cuales no haya reconocimiento de la verdad y la responsabilidad, o se haya otorgado amnistía o indulto.

III. Apoyo, acompañamiento y colaboración efectiva con la Unidad de Investigación y Acusación, la cual debe satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia cuando no haya reconocimiento colectivo o individual de responsabilidad.

En aplicación del Plan Marco de Implementación de los Acuerdo de Paz – PMI se requiere el especial apoyo, acompañamiento y colaboración efectiva por parte de las autoridades departamentales y municipales, y de las organizaciones sociales y comunitarias, en la materialización de la estrategia de reparación integral que contempla las siguientes acciones:

Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, a cargo de la Conferencia Nacional Episcopal, con el apoyo de Diálogo Intereclesial por la Paz (dipaz) y con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas.

Acciones concretas de contribución a la reparación de las víctimas por parte de las Farcep, agentes del Estado y otros actores que participaron de manera directa en el conflicto, en el marco de los planes de reparación con enfoque territorial.

 

Fortalecimiento del Programa de Reparación Colectiva y articulación con los Pdet cuando coincidan en el territorio.

Aumento, en coordinación con el gobierno nacional, del número de Centros Regionales de Atención a Víctimas, garantizando, en los nuevos y en los que ya se encuentra en funcionamiento, la implementación de la estrategia de recuperación emocional de las víctimas a nivel individual, de acuerdo al daño específico que hayan padecido, entre ellas las afectaciones particulares de las víctimas de violencia sexual.

Igualmente se buscará incrementar el número de víctimas atendidas en materia psicosocial en lugares apartados, a través de estrategias móviles de rehabilitación.

Fortalecimiento del Programa de Retornos y Reubicaciones existente con enfoque territorial y de género, así como con los procesos de descontaminación del territorio, de restitución de tierras y de reparación colectiva.

Fortalecimiento del Programa de defensores comunitarios para el acompañamiento a procesos de restitución de tierras, retornos y reubicaciones y de víctimas en el exterior y de los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras y el pueblo Rom para el restablecimiento de sus derechos étnicos.

Fortalecimiento de los procesos de restitución de tierras en un escenario del fin del conflicto.

Participar y apoyar en un evento para la amplia participación de las víctimas donde se discutan sus propuestas para la adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a las víctimas, mediante los ajustes normativos y reformas de política requeridos.

Apoyar al Gobierno nacional en: (1) la elaboración de un mapa de victimización individual y colectiva, (2) el reconocimiento a las víctimas directas o indirectas de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH que también hayan sido combatientes, y (3) el fortalecimiento a las medidas de atención y reparación para los miembros de la Fuerza Pública víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH. (Gobierno nacional y farcep, 2016, pág. 185).

Apoyar el Fondo de Víctimas adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República creado por el Decreto Ley 903 de 2017, para que los bienes y activos incluidos en el inventario de las Farc-EP contribuyan a la reparación material de las víctimas del conflicto.

Apoyar la prioridad de los recursos para la implementación de la política de víctimas en las programaciones presupuestales en todos los niveles del gobierno.

Priorizar la reconstrucción de la vida cotidiana de las víctimas, la de sus familias y comunidades.

 

 

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