Varias organizaciones ambientalistas del Quindío pidieron al periódico virtual El Quindiano, rectificar lo dicho por el diario en su editorial del 26 de septiembre de 2018, titulado ‘Terrorismo sobre el agua’. La dirección del periódico no comparte la interpretación que los ambientalistas le dieron al editorial, pues una cosa es el terrorismo informativo y otra muy distinta, como ellos lo entienden, el terrorismo que asesina, al que jamás se hizo mención en nuestro escrito. Sembrar terror entre la población con escritos en medios de comunicación, es sembrar miedo a ciertas cosas, en el caso que nos ocupa, a beber agua del acueducto, eso fue lo que dijimos, nunca de otra manera, como se puede leer en el editorial pertinente, cuyo vínculo se puede consultar.
Sin embargo, fieles a nuestra profesión y dispuestos a escuchar todas las voces, así no las compartamos, publicamos la carta enviada por los ambientalistas, donde piden la rectificación.
“Armenia, 10 de octubre
Señores
El Quindiano
Las organizaciones ambientales del departamento del Quindío nos permitimos solicitar la rectificación de la editorial titulada “terrorismo sobre el agua” publicada el 26 de septiembre de 2018 por ese diario virtual dado que; La información transmitida por quienes buscan generar conciencia y prevención sobre la población no lo hacemos como producto de fanatismos infundados, trabas al desarrollo o favorecimientos de alguna clase, lo realizamos en nuestra condición de ambientalistas que, bajo las normas que rigen el sistema interamericano de protección de derechos humanos, establece que la protección al medio ambiente sano se ha entendido desde la perspectiva de dos fuentes de derecho. En primer lugar, el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, que establece que “[toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos” y que “[los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”, contrario a lo planteado por ustedes en su editorial como que la defensa del medio ambiente y en particular del agua y la calidad de los servicios públicos se constituya en actos de terrorismo
Debe señalarse que la jurisprudencia de la Corte sí ha reconocido la relación entre la protección del medio ambiente y la el respeto y garantía de otros derechos humanos, ya que la degradación ambiental puede afectar el goce efectivo de los derechos humanos, la Corte reconoció “la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello” por lo tanto como organizaciones ambientalistas defendemos la vida
Su editorial se constituye en un claro caso de estigmatización con los defensores del medio ambiente y por ende de los derechos humanos al usar el termino de terrorismo en contra de quienes realizamos actividades desde el ambientalismo para la protección de nuestras aguas, constituyéndose en expresiones injuriosas y calumniosas poniendo en altísimo peligro en el actual contexto social en que se da un sistemático exterminio de líderes sociales por todo el país, especialmente de aquellos vinculados a las movilizaciones contra la mega minería, la defensa del agua y otros recursos ambientales.
Si la persona que escribió la editorial en mención es funcionario publico La Procuraduría puede solicitarle al funcionario la rectificación por los mismos medios en que se produjo la conducta que incumple el deber de protección y respeto.
CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO: ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: (…) 53. (…) los servidores públicos se abstendrán de realizar conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento o estigmaticen la labor propia de los defensores y defensoras de derechos humanos y de sus organizaciones.”
Las acusaciones que publicaron desde su editorial de terrorismo informativo, no se configura de ninguna forma en las sanas actuaciones desplegadas por él en ejercicio de las actividades pedagógicas, de investigación y divulgación de la crisis ambiental y sanitaria que atravesamos, donde el único objetivo de quienes acompañamos el movimiento ambiental en el departamento del Quindío es precisamente generar escenarios tendientes a la producción de conocimiento para saber qué tenemos, en qué estado y sugerir qué medidas son viables o no adoptar. Es una tarea donde todos somos veedores, no terroristas.
El mensaje que envía desde su editorial es a todas luces criminalizante y regresivo teniendo en cuenta que la libertad de expresión (respetando los derechos y reputación de los demás) y participación ciudadana no son solo acogidos sino promovidos por nuestro ordenamiento jurídico. No pueden seguirse violando las garantías de quienes defienden el territorio. El Estado tiene la obligación de prever condiciones seguras para que los defensores puedan desarrollar su labor sin ver vulnerados sus derechos y para que las comunidades no acaben de sumirse en una cultura (aquí sí) de miedo y de algo peor, desconocimiento. El Estado debe ser coherente y aplicar seriamente los lineamientos que enmarca la Organización de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de DDHH en esta materia y los compromisos que recién adquirió en el tratado que busca implementar el principio 10 de la Declaración de Río.
No se concibe cómo es posible que un medio de comunicación que se autodetermina como “independiente”, sea quien incentive este tipo de conductas estigmatizantes y reprochables que solo generan escenarios de odio y miedo en la sociedad
Petición: se rectifique por el mismo medio con la misma intensidad y difusión el papel de las organizaciones ambientalistas del departamento en la defensa del territorio, el agua y nuestro medio ambiente.
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