Hace unos meses estaba muy optimista con lo del Acuerdo de Paz y creía que Colombia empezaba a vivir el posconflicto, pero se me han bajado los ánimos. Cualquier lector podría preguntarme qué razones me llevan a pensar así y la respuesta puede argumentarse con base en hechos reales que vivimos en nuestro país:

Hacen más ruido los que están en contra del Acuerdo de Paz y aquellos que se la jugaron toda, da la impresión de que están hastiados de tanto carameleo, de tanta intriga, desinformación, odio, deseo de venganza y resentimiento; como que estamos llegando a eso que los médicos llaman período de latencia o enfermedad asintomática.

Los exguerrilleros ni suenan ni truenan; muchos sacaron la mano, se vistieron de corbata o se embriagaron de poder; centenares abandonaron las zonas de concentración y se ignora su paradero. Los incumplimientos y falsas promesas los empujaron a un precipicio del que nunca podrán salir.

Todos los días se afirma que no hay dinero para el posconflicto; hay mantos de duda que cubren los manejos de los fondos y esto sí pone a tambalear la consolidación de la paz. Cada vez que entrevistan exguerrilleros, el denominador común en las declaraciones es: no he visto los proyectos productivos que nos prometieron, las cosas siguen iguales a como estaban al principio; lo que hacemos en las zonas de concentración es jugar a la pelota, parqués o tute; parece que estuviéramos esperando algo que nunca se dará. La corrupción llegó a lo que llamamos posconflicto y los países cooperantes están de pelo parado al ver que su apoyo se esfuma o se invierte en nómina o gastos de administración.

La Jurisdicción Especial para la Paz se convirtió en el caballo de batalla de políticos y funcionarios que quieren aparecer en los medios de comunicación; lo que se creó como el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, con la función de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016, ha tenido más contradictores que el aborto; como Colombia es un país de derecho, han aparecido leguleyos por todas partes, siempre en la búsqueda de la zancadilla y el bien personal; horrible para ellos que quien entregue las armas y quiera reintegrarse a la sociedad no sea juzgado por las instancias regulares en donde el castigo apunte a la venganza y al desconocimiento del valor de la enmienda y el perdón. Espantoso que el Fiscal de turno haga su trabajo sucio a través de los medios de comunicación y ponga en tela de juicio la idoneidad de los funcionarios de la JEP, como también, su aporte a la justicia transicional.

La opinión pública se ha interesado más por la logística y la infraestructura de las zonas de concentración de exguerrilleros que por los cambios estructurales que deben darse en el país para que no se repita una catástrofe como la que hemos vivido durante más de medio siglo, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Nuestros patriarcas se resisten a cambiar el modelo económico inequitativo; todo para ellos, nada para los “otros”. Así las cosas, cada diez años tendremos que firmar acuerdos en la Habana e incumplirlos en Colombia, como decía mi abuela: “A veces el remedio es peor que la enfermedad”.