El pasado 16 de octubre se aprobó en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara la propuesta de reforma constitucional que busca unificar los periodos de las autoridades locales y nacionales. El proyecto propone dos medidas específicas: Por una parte, realizar en el mismo año todas las elecciones del país, el segundo domingo de marzo (Congreso, asambleas, concejos y JAL), y las de presidencia, gobernaciones y alcaldías, el segundo domingo de mayo.

Ahora, para que coincidan los periodos, se plantea ampliar por dos años los de los actuales mandatarios locales, con el fin de que la reforma pueda aplicar a partir del año 2022.

Para la MOE, esta medida defrauda la confianza de los electores que votaron por sus representantes locales para que ejercieran por cuatro años y no seis. Además, es una propuesta inconveniente en términos presupuestales, teniendo en cuenta que, para la fecha en que el Acto Legislativo sea aprobado en el Congreso -a mediados del año entrante-, ya se habrán firmado todos los contratos necesarios para organizar las elecciones de 2019 (software de inscripción de cédulas, jurados y escrutinios; material electoral, difusión de resultados, entre otros).

De acuerdo con Barrios, existen por lo menos tres riesgos con la unificación de periodos. El primero es establecer un sistema en el que “el que gana se lleva todo”, que tienden a ser sistemas de mayorías, cerrando el camino a opciones minoritarias o de oposición.

Por regla general, la elección de autoridades locales y nacionales en años diferentes permite que, de una elección a otra, las fuerzas políticas se reacomoden y ajusten sus agendas, con el objetivo de enfrentar la nueva contienda electoral. La propuesta de la reforma política en trámite apuesta por un sistema político cerrado, en el que las fuerzas más consolidadas ganan tanto en lo nacional como local, minimizando así las posibilidades de alternativas minoritarias.

El segundo gran riesgo señalado por la MOE es que la propuesta puede afectar la autonomía territorial. Dado que las campañas a la presidencia, alcaldías y gobernaciones serían simultáneas, las agendas presupuestales y políticas nacionales terminarían consumiendo las agendas locales.

Finalmente, el tercer riesgo tiene que ver con la gobernabilidad de los comicios. Sin una institucionalidad robusta, capaz de controlar las irregularidades en materia de inhabilidades de candidatos, financiación y publicidad, lo único que va a lograr la unificación de calendarios electorales es aumentar problemas que ya existen. Para el Congreso 2018 se presentaron 2.737 candidatos, a lo que habría que sumarle los aproximadamente 130.000 aspirantes a unas elecciones locales.

Proyecto de reforma política

Sobre la propuesta de reforma política que recoge la ponencia mayoritaria y la propuesta del gobierno, la MOE resalta disposiciones que contribuyen a fortalecer la transparencia del sistema político y electoral, como la creación de un Tribunal Electoral, las listas cerradas para las corporaciones públicas, la implementación progresiva de la equidad de género y la limitación de períodos en las corporaciones públicas. No obstante, esta reforma tiene varias medidas que afectan gravemente el fortalecimiento de los partidos políticos y la inclusión de sectores minoritarios y de oposición.

Para Alejandra Barrios, “las propuestas frente al tema de la institucionalidad electoral son positivas, aunque es necesario modificar algunos aspectos de la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE), principalmente el que se refiere al número de integrantes”. En este punto, el proyecto señala que se reduciría a sólo tres, lo que podría restar representación a varios partidos políticos. Lo ideal es tener una arquitectura electoral con un Tribunal Electoral, pero manteniendo un espacio donde estén representadas todas las organizaciones políticas.

Finalmente, para la MOE resulta sumamente preocupante el artículo de la reforma que permite dividir los partidos políticos que actualmente hay en el Congreso. De acuerdo con el proyecto, por una sola vez, el 25 por ciento de cualquiera de las bancadas del Senado o de la Cámara puede crear un nuevo partido político con personería jurídica. Es decir, que bancadas como las del partido FARC (que en el Senado tienen 4 integrantes) podrían crear cuatro nuevas organizaciones políticas, una por congresista.

Barrios explicó que en total, de los 16 partidos políticos que existen hoy en el Congreso, podríamos pasar a 81, generando una crisis de atomización política que ya vivimos en los años 90 y atentando contra el principio democrático.