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Editorial  |  08 marzo de 2019  |  12:00 AM

Maestras perseguidas

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A propósito del día internacional de la Mujer, la Corte Constitucional según la Sentencia T-007/19, Referencia: Expediente T- 6.879.382 del 21 de enero de 2019, ordenó reabrir el caso de la profesora Natalia Arbeláez Ospina quien había instaurado una acción de tutela el 15 de marzo de 2018 contra la alcaldía de Medellín, la secretaría de Educación y la institución educativa José Acevedo y Gómez, y advierte que los trasladados injustificados representan un acoso laboral.

Asegura la sentencia en el numeral Antecedentes 1.1., que “En el 2009 fue una de las profesoras con mejores calificaciones en el concurso docente…” y en el 1.2., que “el 24 de abril de 2017, la accionante denunció –en cumplimiento de la ley 1620 de 2013- al Rector de la institución educativa (Jaime Alberto Sierra Torres) ante la oficina de control Interno Disciplinario de la alcaldía de Medellín, por presuntos actos de maltrato infantil…”

La profesora, del área de inglés, fue trasladada por denunciar al rector de la institución, denuncia que llegó a la Corte Constitucional. Por tal hecho, la educadora fue sometida a situaciones de acoso laboral entre ellas frases intimidantes, gritos y términos descalificativos, se le prohibió realizar funciones de su competencia, se le retiro la carga laboral y se ordenó su reubicación a otro colegio.

La Corte tuteló sus derechos fundamentales, advirtiendo que “existe evidencia suficiente para inferir que existió una grave irregularidad por parte de las directivas del colegio que además de ignorar sus denuncias optaron por reubicarla a otro centro educativo”.

En resumen, la Corte ordenó a la secretaría de Educación de Medellín que en un término máximo de dos meses se adelante el respectivo proceso de traslado de la docente a la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, adoptando “para tal efecto las medidas que sean necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo”.

En Armenia, dos casos similares de acoso laboral a maestras y otros tantos a maestros se han denunciado sin que hasta el momento haya un pronunciamiento certero por parte de las autoridades correspondientes de la región.

El primero de ellos es el de la docente del área de castellano Olga Patricia Velásquez Mejía, paradójicamente premiada a nivel nacional en junio de 2018. La también comunicadora social y maestra del colegio Inem, José Celestino Mutis recibió por parte del ministerio de Educación un reconocimiento por la investigación realizada en el aula en el desarrollo de su maestría en Educación, en el marco del programa Becas para la excelencia docente, trabajo que permitió evidenciar mejoras en la escritura de los alumnos, pero pese a ello le fue retirada la carga académica por persecuciones sindicales y de género, según la docente.

De la noche a la mañana a la docente de planta le llega un traslado aludiendo la necesidad de sus servicios en otra institución. Dijo la educadora a este medio en julio de 2018 que su traslado era la respuesta del rector de la institución César Willy Naranjo Clavijo y del entonces secretario de Educación Luis Antonio Cobaleda Garay por su labor en el consejo directivo del Inem desde donde hizo varias peticiones para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes y condiciones laborales de sus compañeros, al igual que por medio de un derecho de petición exigió claridad en las cuentas. El mismo día del reconocimiento del ministerio de Educación Nacional, denunció a la entonces ministra del ramo Yaneht Giha que había sido destituida del cargo por parte de la secretaría de Educación der Armenia.

No valieron las pruebas de persecución laboral en contra de la maestra, ninguna de las “ias” de la región se ha pronunciado ante el caso. Las denuncias siguen su curso. La docente, madre cabeza de hogar y con dos hijos adolescentes afectada en su parte económica y sobre todo psicológica continúa su lucha en pro de lograr que se le devuelva el cargo que le “arrebataron” y del que solo le queda por concluir que fue por acoso laboral de género.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en Quindío -Suteq, por su parte elevó las denuncias pertinentes ante Fecode, Defensoría del Pueblo y los ministerios de Educación y Trabajo, donde ya hay acciones administrativas en proceso. “Lo que hay es una retaliación contra el accionar sindical de la docente en el Inem. Fue una voz fuerte contra la aplicación de la Jornada Única sin condiciones óptimas, varias irregularidades del colegio las denunció ella, lo que estorbó aquí fue su actividad de denuncia y rechazo”, dijo en su momento la presidenta del Suteq Luisa Fernanda Ospina Madera.

El segundo caso es igual de aberrante, de persecución laboral de género abierta y de falta de profesionalismo y de sentido humano de autoridades educativas del municipio de Armenia.

Se trata de la joven docente de matemáticas, de 35 años de edad, Diana Marcela Guerrero madre de tres pequeñas niñas, quien a finales de 2018 se vio obligada a renunciar de su cargo de maestra de la nómina de municipio de Armenia. El sistema educativo local en complicidad con el siniestro sistema de salud que se les presta a los educadores en el Quindío la llevaron a tomar dicha determinación.

De nuevo paradójicamente, en el 2011 fue postulada a Docente Destacada en la facultad de Educación de la Universidad Católica de Manizales. En agosto del 2013, por una calamidad familiar, es trasladada a su tierra, al municipio de Armenia junto a su esposo, a la institución educativa Nacional Jesús María Ocampo en donde empieza su calvario. Llega en un momento de desorden institucional, sin coordinadores, con la necesidad de docente de matemáticas que llevaba un periodo sin tenerlo.

En el 2016 después de una licencia de maternidad al solicitar su derecho a la hora de lactancia se tropieza con un rector, Álvaro Lozano Ospina, apático, negativo ante una madre-docente. “Cada cruce o encuentro con el rector era desestabilizante, atemorizante y lleno de un sentimiento de arrogancia y prepotencia que desbordaba mi tranquilidad. Fue allí donde inicié mi proceso médico, como consta en mi historia clínica, el profesional en medicina laboral de manera inmediata me remite a psicología y psiquiatría”.

Ante la situación de persecución laboral de ella y de cinco docentes más que se oponían a la jornada única sin garantías y que hoy en día es una falacia, el estado de salud de Diana Marcela empezó a desmejorar. En el 2017, ante una publicación del diario La Crónica por un comentario de la docente, el rector Lozano Ospina se desborda, la maltrata, la encierra junto con los dos coordinadores y su pasión tira al suelo su razón. Diana Marcela ese mismo día tuvo que ser trasladada de urgencias a un centro médico ante la arremetida del directivo.

Ella y los otros docentes en mención fueron trasladados a diferentes instituciones de la ciudad, pero Diana Marcela al igual que otras dos maestras quedaron lesionadas psicológicamente. Diana Marcela a raíz de la persecución laboral y ante la negligencia médica, de las autoridades educativas, de control y judiciales, se vio en la obligación de renunciar a su cargo, al magisterio, pues como lo dijo en su renuncia, “primero está mi salud”, la que requiere para levantar como es debido a sus tres pequeñas hijas.

Después del 8 de marzo de 1908, en el que fueron quemadas vivas 129 mujeres en una fábrica de Estados Unidos por protagonizar una huelga en reclamo a sus derechos, luego de 111 años, se siguen vulnerando los derechos de la mujer. De nada sirven los homenajes, y un día de la Mujer lleno de flores y frases lindas si no hay castigo para quienes las maltratan y persiguen, si no existe justicia para las mujeres que sufren con la discriminación de sus contrarios.

 

 

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