Hay que preguntarse con vehemencia: ¿Dónde estaba la Contraloría Municipal de Armenia mientras se defraudaba al fisco municipal a través de la apropiación de los recursos de valorización? No hay una sola investigación en el ente de control fiscal sobre este tema que resulta hoy tan escandaloso. No es posible que desaparezcan $22.000 millones y la Contraloría Municipal no tenga ningún indicio.

Los periodistas recordamos que en enero de 2016, por iniciativa de la prensa y tras denuncias de sobrecostos en la obra del deprimido o puentes del parque de la Constitución, denuncias especialmente del ingeniero Aurelio Mejía García, visitamos el sitio, a donde acudió el contralor James Medina Urrea y un equipo especializado. También lo hizo una interventoría que, de alguna manera, ejercía el propio municipio de Armenia, que acudió al lugar con representación de varios ingenieros y el propio alcalde de la ciudad Carlos Mario Álvarez. Es muy posible que de esta visita saliera, finalmente, la investigación que inició la Fiscalía, por los informes que publicamos en ese entonces los medios. Sin embargo, la Contraloría se limitó a repetir lo que dijo el contratista, que el cronograma se había retrasado por el invierno, primero, por cuenta de un tubo del acueducto atravesado que se halló, segundo, y por la falta de materiales de concreto en la ciudad.

Los contralores de los municipios son elegidos por los mismos grupos políticos que ganan las elecciones, que ponen alcalde, porque, regularmente tienen las mayorías en los concejos municipales que son los organismos que lo eligen. Y eso sucedió en el caso de la anterior contralora, la señora Nancy Lorena Castro, período 2012-2015, y con el actual contralor James Medina Urrea. Esa connivencia política entre quien administra el municipio y quien controla no permite que haya un verdadero control sobre los dineros públicos. Por eso, en este desgarrador caso de la apropiación de los dineros de la contribución de valorización, no hay una sola investigación en el ente de control.

Y las cosas que pasaron han sido muy graves. La apropiación de los dineros, $22.000 millones, la realización de obras que no son de valorización, como la reparación de vías, caso avenida Centenario, donde hubo que adicionar el presupuestos; los adicionales que se le dieron al contratista en el caso de la obra del deprimido de la Constitución; los sobrecostos de estas dos obras, la suspensión de obras planeadas, pero sin suspensión del cobro de valorización sobre estas. Y bueno, muchas irregularidades que estaban y están ahí no más, en la mirada previa de los ciudadanos y que los medios de comunicación denunciamos en su momento, pero que la Contraloría jamás atendió.

Pero, si la Contraloría Municipal no hace esfuerzos por controlar, mucho menos lo hace la Personería municipal, que es un organismo del ministerio Público. En el período 2012-2015, esas funciones las ejerció el señor Carlos Alberto Mejía Mejía, miembro del mismo grupo político que eligió a la exalcaldesa Valencia Franco. No hubo, en esta personería ni una sola palabra sobre los hechos de corrupción que ahora conocemos.

En el 2016 trató de repetirse el mismo caso de elección de personero de Armenia proveniente de la misma casa política del alcalde, pero el cambio de la legislación y la acuciosidad de la actual personera permitió que se anulara la primera elección y que una persona distinta a las afinidades de la administración se quedara finalmente en el cargo. Su labor tiene menos de un año, y esperamos que actúe de conformidad como lo ordena la ley y la constitución, como se debe.

Definitivamente, estos hechos y la poquedad de la Contraloría Municipal ratifica la propuesta de algunos líderes del país, en el sentido de que estas oficinas no sirven para nada, son solo nidos burocráticos, que deben desaparecer, y asumirse estas funciones por parte de la Contraloría General de la República.