La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra Luz Piedad Valencia Franco, alcaldesa de Armenia (Quindío) para el periodo 2012 -2015, por presuntas irregularidades en el proceso licitación pública para el ajuste, diseño y construcción de vías en la ciudad, financiados con recursos de valorización.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal busca determinar la ocurrencia de una posible falta disciplinaria debido a que presuntamente la suma de $80.468 millones, 581.682 pesos, valor de la cuantía con la que se adelantó el proceso licitatorio No. DAJ-LP-010-2015, correspondiente al segundo paquete de obras de valorización no se ajusta a la realidad de las obras.

El proceso licitatorio tenía por objeto el “ajuste a diseños y construcción de las vías, Vía Montecarlo Tramo II, Avenida de Occidente Tramo III, Vía del Yulima (Cra 19 –Av.Occidente Tramo III), Vía la Colonia (Conexión Nogal carrera 11 entre calles 17N y 19N) y Avenida 19 Norte Tramo II (Carrera 14ª Av. Centenario), que hacen parte del plan de obras a financiar a través de la contribución de valorización en el municipio de Armenia, departamento de Quindío”

También se espera concluir si se presentó un posible incumplimiento del cronograma de actividades, teniendo en cuenta que las fechas registradas en el SECOP, al parecer, no coinciden con las fechas en las que se iniciaron las obras y el tiempo de ejecución fue diferente, lo que podría evidenciar irregularidades en la etapa precontractual y contractual del proceso licitatorio.

La Procuraduría General decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria. Las denuncias sobre este particular fueron elevadas por la Corporación Quindío Competitivo y una queja anónima.

Por su parte, la exalcaldesa Luz Piedad Valencia dijo que aunque no ha sido notificada formalmente, está enterada de la apertura de indagación preliminar por parte de la Procuraduría General de la Nación respecto al trámite del proceso de dicha licitación pública. “Sea preciso resaltar que los hechos materia de queja fueron objeto de observación dentro del proceso de licitación pública DAJ-LP-010 de 2015 los cuales fueron estudiados y contestados de fondo por la administración municipal y que pueden ser consultados por cualquier ciudadano en el portal único de contratación estatal SECOP www.contratos.gov.co, en el cual se encuentra publicada toda la información precontractual. Adicionalmente sobre los mismos hechos se presentó acción de tutela en contra del Municipio de Armenia por el trámite de dicho proceso, la cual fue fallada a favor de la entidad territorial argumentando el juez de conocimiento que en el tramite precontractual se respetó el debido proceso”, dijo la exfuncionaria y hoy candidata al Senado de la República.

Manifestó que la queja anónima que manifiesta que el proceso de valorización no contó con estudios técnicos, es absolutamente contraria a la realidad, “ya que los expedientes contractuales del proceso de selección contienen todos los estudios técnicos de soporte”. “No obstante quiero resaltar que dicho hecho ya fue puesto en conocimiento del Tribunal Administrativo del Quindío - Sala Quinta de Decisión, dentro del proceso con radicación 63001-3333-003-2016-00075-01 (2016-743), que en fallo del primero (1) de junio de dos mil diecisiete (2017), de forma expresa manifestó lo siguiente: “De acuerdo con lo expuesto, puede la Sala concluir dos cosas: primera, el Municipio de Armenia sí planificó, estudió y estructuró debidamente el cobro efectuado por valorización; la imposición de la contribución aprobada por el Concejo Municipal no fue producto de una improvisación de la entidad territorial; (…)”.

“No obstante lo anterior es deber de la Procuraduría General de la Nación darle trámite a las quejas que sean allegadas a su despacho y por lo tanto lo correcto era iniciar la indagación preliminar respectiva, dentro de la cual compareceré en caso de ser requerida para dar las explicaciones a que haya lugar que sirvan de prueba de que el proceso de licitación pública DAJ-LP-010 de 2015 se tramitó estricta con observancia del Estatuto General de Contratación Estatal”, precisó la señora Valencia Franco.