Rubén Sánchez David

El Congreso de Colombia inició el 20 de julio de 2022 un nuevo período de sesiones con una inédita mayoría de fuerzas de centroizquierda y una coalición de partidos llamada a permitir al presidente Gustavo Petro sacar adelante su ambicioso programa de reformas. Meses después el presidente disolvió la coalición por las fracturas que se presentaron en el seno de la misma y atacó en sus intervenciones tanto a la Corte Suprema como a la Procuraduría, a la Fiscalía y a los gremios lo que ha dado como resultado que el país se encuentre ante el Gobierno más polarizado de la historia reciente de Colombia mientras los proyectos de reforma avanzan lentamente en el Congreso.

No obstante, el martes 5 de diciembre del año en curso la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley impulsado por el Gobierno a lo largo de 42 laboriosas semanas. La iniciativa ha de seguir su curso en la Comisión Séptima del Senado donde los debates serán a otro precio y donde hasta el presidente del mismo, aunque es de la Alianza Verde, partido de gobierno, ha sido crítico del proyecto.

La reforma a la salud fue aprobada en la Cámara porque contó con los votos de algunos congresistas conservadores y de La U que hacen parte de la oposición al Gobierno, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si es posible reconstruir una nueva coalición que permita sacar adelante otras reformas como la pensional y la laboral, teniendo en cuenta que Gustavo Petro ha vuelto a llamar a los partidos políticos, a los gremios y a la sociedad en general a un Acuerdo Nacional.

Las coaliciones políticas son uno de los rasgos más característicos de los sistemas participativos en la búsqueda de soluciones a los problemas comunes desde perspectivas ideológicas e intereses distintos. Ejecutadas primero a través del diálogo, después por la adopción de decisiones y, por último, por la implementación de lo acordado, están llamadas a desarrollar compromisos mutuos, a reforzar lazos de identidad colectiva y a consolidar la legitimidad del régimen respetando los valores consagrados en el orden constitucional. Las coaliciones deben permitir la integración de fuerzas políticas desiguales en tamaño y programas mediante la participación y la cooperación fruto de negociaciones múltiples que se sustentan en el interés general como referente último. En términos generales, el principio fundamental de un gobierno de coalición es el poder compartido y su fin es fomentar la estabilidad y la eficacia del gobierno con base en una modalidad de ejercicio dialogante y consociacional, independientemente de contar con el principio de la mayoría. Las coaliciones políticas solo se explican gracias a la configuración de espacios políticos compartidos en los que se combinan en delicado equilibrio conflictos ideológicos, posibles disensos internos y el diálogo pacífico para lograr acuerdos y compromisos. Obviamente, todo ello depende de dos condiciones básicas: que haya confianza y que existan partidos políticos organizados y estructurados.

La confianza es una de las dimensiones institucionales sin la cual es imposible creer en la consistencia del comportamiento del otro y adelantar diálogos constructivos. Los partidos políticos, por su lado, son partes constituyentes de un régimen liberal democrático como representantes de la voluntad popular y aportan a la legitimidad del mismo. Dos dimensiones relativamente ausentes en la vida política de los colombianos que no creen en el juego limpio y creen cada vez menos en las bondades de la democracia.

La desconfianza y el individualismo parecen haberse convertido en parte constitutiva de la identidad de muchos colombianos que no creen en el diálogo como mecanismo para construir acuerdos y la historia del país, plagada de incumplimientos y traiciones parece darles la razón. En cuanto al sistema de partidos, parecería que renace el escenario político anterior a 2003 cuando la apertura política que buscó la Constitución de 1991 para poner fin al bipartidismo excluyente liberal-conservados dio lugar a una fragmentación política sin igual la cual obligó a que se tramitara el Acto legislativo 01 de 2003 que estableció el umbral electoral para acceder al Congreso y como requisito mínimo para lograr y mantener la personería jurídica. Posteriormente se tomaron otras medidas que revivieron la partiditis.

Baste señalar que en las recientes elecciones regionales no solamente hubo 36 partidos o movimientos políticos con personería jurídica, sino 1500 “grupos significativos de ciudadanos” creados para la ocasión los cuales respaldaron a candidatos a gobernaciones, alcaldías asambleas departamentales y concejos municipales. Este fenómeno no aparece con claridad a los ojos del gran público porque el sistema de coaliciones permite disimular su cantidad. Sin embargo, esta atomización hace compleja la gobernabilidad y la actividad del Congreso.

Ante la realidad que presenta el panorama político vigente, cabe preguntarse sobre qué base y cómo se conforman las alianzas políticas que permiten sacar adelante ciertos proyectos.

En primer lugar, es de anotar que la mayoría de los partidos políticos colombianos no son organizaciones con vocación de permanencia portadoras de una visión de sociedad sino maquinarias electorales dispensadoras de avales y cuyo propósito es participar de las bondades del erario en el llamado “reparto de la marrana” mediante el cual se tiene acceso a la burocracia y a las licitaciones públicas. Dichas maquinarias, en las que priman las lealtades personales y los nexos familiares, están bajo el control de clanes regionales que tejen redes mediante las cuales se adueñan de fracciones del Estado. Es así como, por ejemplo, los conservadores, que se declararon en independencia frente al Gobierno, y se han opuesto a varios de sus proyectos, han manejado desde hace tiempo los hilos del sector transporte.

En segundo lugar, las conexiones familiares de los congresistas que representan los intereses de los clanes regionales dan lugar a que los mismos tengan parientes en otros cargos públicos de elección popular o que ocupen altos cargos en la administración en un complejo entramado de puestos y contratos. Ello explica por qué, a pesar de sus fracturas internas, los partidos presentes en el Congreso pueden terminar votando los proyectos del Gobierno.

En tercer lugar, dado que los partidos no apoyaron la idea de acuerdo nacional y frenaron la estrategia del Gobierno, éste en cabeza del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha preferido dejar de lado el diálogo con los presidentes de los partidos y negociar uno a uno con los congresistas que muchas veces han desobedecido las instrucciones de sus jefes políticos. De allí que senadores como David Luna, del partido Cambio Radical haya afirmado que “Petro va a comprar conciencias para sacar adelante sus reformas” o que Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde haya dicho, apropósito de la aprobación de la reforma a la salud a la que se ha opuesto: “El Senado tiene ahora la enorme responsabilidad de decidir si destruye el sistema de salud (…) o si en una muestra de ética pública y responsabilidad histórica antepone el interés y la salud de 50 millones de colombianos a las prebendas e intereses particulares”.

En política todo es imprevisible y nada indica que vuelva a haber una coalición política como la que se conoció en la primera parte del mandato de Gustavo Petro. No, en todo caso, una coalición establecida entre los representantes de los partidos que fomente la participación e incorporación al proceso de toma de decisiones de un número mayor de actores políticos. Sin embargo, se seguirán tejiendo alianzas ad hoc alrededor de temas precisos en los que están en juego intereses vitales de ciertos sectores.

TOMADO DE REVISTA SUR

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