Álvaro Ayala Tamayo

El mayor riesgo del momento es buscar quién pagará los 4 mil millones de pesos prestados por un contratista para sobornar congresistas y altos funcionarios del Estado. Es tan vulgar el nivel de corrupción en Colombia, que de boca, contratistas y funcionarios se prestan más de un millón de dólares y de ñapa regalan las maletas. Las coimas ya no las empacan en bolsas.

No la tienen fácil los exdirectivos de la UNGRD. En la seguidilla de delitos confesados, deben aportar pruebas técnicas. Chats, cheques, llamadas telefónicas, recibos de tiquetes aéreos, contratos amañados, etc.

En esos crímenes de grandes ligas, los de arriba ( ‘ministros y congresistas ), se cuidan muy bien de no dejar huella. El testimonio es muy valioso cuando se trata de rendir declaración ante un fiscal y un juez, respectivamente. Un proceso no se puede armar con chismes o declaraciones para salvarse de un ‘canazo’ o de que lo maten al doblar una esquina. La confesión y delación hay que soportarlas. Los delincuentes son proclives a inventar historias. En este caso, media verdad es una mentira entera.

Por lo conocido hasta ahora, el contratista prefiere perder los 4 mil millones que prestó. No será majadero de declarar para inculparse. Esa platica se perdió. Además, tienen muchas caletas.  Ahí comienzan a salvarse los de arriba. La historia dice que para ellos siempre hay impunidad.

Seguir la trazabilidad al dinero no es sencillo. La justicia no puede limitarse a creer lo que digan López y Pinilla. Eso de solicitar mucho para no tener responsabilidades penales es bien complejo. La petición de seguridad si es asunto de poca monta. El Estado tiene la obligación de proteger a todos. Incluso a delincuentes confesos y no confesos.

Lo extraño es que la fiscalía no los haya capturado después de incumplir las citaciones. El principio de oportunidad se puede aplicar con ellos privados de la libertad. Pero el cañazo que solo se presentan y colaboran a cambio de inmunidad total y protección, es una extorsión a la justicia y la sociedad. Mientras avanza el proceso se les puede otorgar prisión domiciliaria. Pero con colaboración eficaz.

Irónico, al presidente del Congreso Iván Name milagrosamente le salió como defensor su enemigo, el jefe de Estado, Gustavo Petro. Aquí se invirtió el dicho popular:  con esos enemigos para qué amigos.