Una extensa jornada se cumplió este lunes en la sala de audiencias del Palacio de Justicia hasta pasadas las 5 de la tarde cuando se suspendió la diligencia para reiniciar este martes a las 8:00 AM.

Tras la audiencia de imputación de cargos a contratistas y funcionarios del gobierno de Sandra Paola Hurtado Palacio, los indiciados no aceptaron los cargos que la Fiscalía les endilga, de tal manera que el Ministerio Público dio inicio a la sustentación de la inferencia razonable de autoría o participación en las distintas conductas, para la solicitud de medida de aseguramiento de los indiciados.

Material probatorio

El fiscal 14 seccional Jorge Eduardo García expuso durante todo el día materiales probatorios con testimonios, interrogatorios, cartas, indagatorias y cuadros en los que se refiere a la forma como se llevaron a efecto los contratos para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil, pavimentos y alcantarillados en donde los indiciados al parecer incurrieron en conductas articuladas y sistemáticas para favorecer al contratista.

Sandra Paola

El Fiscal García se refirió a la presunta participación de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado y un representante a la Cámara, en el cobro de coimas, comisiones y recursos de parte de los contratistas de las obras en la Gobernación del Quindío.

Se refirió el Fiscal a muchos materiales de prueba sobre las comisiones, sobornos y el popular Como Voy Yo- CVY, que se cobró en estos contratos convertidos en trajes hechos a la medida.

Presión

El delegado del ente acusador en su exposición, señaló que en varios testimonios se conoció que Isabel Cristina Ortiz Cortez, imponía el régimen del terror, que todos cumplían sus órdenes y que muchos firmaron documentos porque así se los exigía” era tenaz la presión en la oficina por parte de Isabel Cristina”, dice uno de los interrogados.

Se conoció que todos los contratistas fueron obligados a firmar una cláusula de confidencialidad y autonomía, que la Fiscalía considera como un hecho insólito en materia de contratación pública.

Mala calidad

Dijo que se hicieron las obras de mala calidad, no le pagaron a algunos contratistas y una persona sin experiencia en obras de construcción terminó haciendo un CDI en Quimbaya, en donde perdió más de 300 millones de pesos, recursos que no se sabe dónde fueron a parar.

Revela que en un documento se encuentra que, el contratista se obliga a pagar a la firma del contrato la suma de 250 millones de pesos, es decir entregan por anticipado las famosas comisiones.

Los funcionarios de la gobernación conocían que todo estaba subcontratado y señaló que los contratos no eran responsivos al verdadero valor de las obras porque se subcontrataron por el 70%, lo que de entrada muestra que existe un peculado por apropiación y calificó de intolerable que en una entidad a través de contratos se hagan repartijas a todo el mundo.

El fiscal habló de testimonios mentirosos, de falsificación de firmas, de incumplimiento en las obras y hasta de la muerte de una persona.