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Colombia  |  15 febrero de 2019  |  12:00 AM |  Escrito por: Edición web

Retrasos en la identificación de predios baldíos afecta a campesinos

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 La Procuraduría General de la Nación denunció un gran retraso en la identificación y regularización de predios baldíos de la Nación, que ha generado un impacto negativo en el desarrollo rural y agropecuario del país.

Así lo manifestó el Ministerio Público en la audiencia sobre el régimen de tierras y bienes baldíos convocada por la Corte Constitucional.

Para la Procuraduría esa situación, conocida también como clarificación y recuperación de predios, vulnera los derechos de los campesinos sujetos de especial protección constitucional, y hace necesaria la adopción de medidas estructurales urgentes por parte del Estado.

A juicio del Ministerio Público existe un estado de cosas inconstitucional o vulneración masiva de derechos en materia de tierras, producto de la omisión de las obligaciones que le corresponden a autoridades como la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, las oficinas de Registro, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Señaló la Procuraduría que en esa situación también influyen la falta de recursos y de coordinación estatal en la materia, así como la ausencia de una jurisdicción agraria, que ocasionan la apropiación irregular de los bienes baldíos de la Nación por parte de particulares.

Al citar cifras de la ANT entregadas en desarrollo de una acción preventiva, el Ministerio Público indicó que a diciembre de 2018 existían 22.033 procesos de clarificación de predios, de los cuales no hay constancia de mayores avances en el trámite de los mismos.

En la audiencia, el delegado del Ministerio Público manifestó que la situación demanda una gestión catastral actualizada y sólida, un registro público donde se puedan consultar los antecedentes jurídicos de los predios, una autoridad administrativa de tierras que tenga la capacidad de ejecutar sus funciones misionales en forma oportuna y eficiente, y jueces que comprendan los asuntos agrarios y desplieguen todas sus facultades en la búsqueda de la justicia material, la protección del patrimonio público y el cumplimiento de los fines del derecho agrario. 

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