Por un error de los abogados defensores, el empresario y dirigente político Ánuar Oyola y su esposa Marllory Valencia seguirán en la cárcel, por lo menos hasta la audiencia del juicio, según consideraron analistas del derecho penal en Armenia consultados por El Quindiano.

Los abogados acudieron a la audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento y presentaron pruebas y testigos que corresponden a una etapa procesal siguiente, no a la que fueron convocados. En otros términos, esgrimieron argumentos y destaparon sus pruebas a destiempo, por lo que la Procuraduría Delegada para este proceso consideró que esos recursos no obedecían a la audiencia que se realizaba en el momento, la de revocatoria de medida de aseguramiento.

La Fiscalía siguió el mismo camino de la Procuraduría y consideró que no se debía otorgar la libertad provisional a los implicados. Con estos argumentos, la juez Sexta Penal Municipal de Control de Garantías tomará la decisión de la revocatoria o no de la medida de aseguramiento el próximo martes. Se anticipa que las posibilidades de que esa decisión sea negativa son muy altas, pues están en la balanza los dos conceptos claves, el de la Fiscalía y el de la Procuraduría.

Todo esto, muy a pesar de las pruebas y testigos, que señalan que ni Ánuar Oyola ni su esposa Marllory representan un peligro para la sociedad, y, por tanto, su libertad condicional no pondría en peligro el desarrollo del proceso judicial que los implica.

Sobre John Jairo Sánchez

El caso de John Jairo Sánchez, también detenido en el mismo juicio, se complica muchísimo más, pues guardias del Impec lo trasladaron desde hace unas semanas al hospital mental de Filandia, afectado, aparentemente, por un problema siquiátrico. Según se reveló, Sánchez asumió en la cárcel una actitud de autoviolencia, lo que provocó la atención médica y su traslado al siquiátrico. La Fiscalía pidió, en este caso, que se expidieran las certificaciones de los médicos legistas sobre la enfermedad, de lo contrario, podría considerarse el caso como una fuga de presos.

Los procesados están sindicados de los presuntos delitos de corrupción al sufragante, tráfico de votos, violación a los topes electorales y concierto para delinquir.