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Colombia  |  18 marzo de 2019  |  12:37 AM |  Escrito por: Edición web

Medida de aseguramiento contra exfiscal Carlos Bermeo y el exsenador Luis Alberto Gil, por actos de corrupción en la JEP

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 22 Penal de garantías de Bogotá envió a prisión como medida preventiva de seguridad, al ex fiscal delegado ante la JEP Carlos Bermeo, al exsenador Luis Alberto Gil Castillo, así como a Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar y Ana Cristina Solarte Burbano.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia pública, con fundamento en las investigaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la DEA en Colombia, estas personas vendrían delinquiendo desde diciembre de 2018,  cuando supuestamente se concertaron para cometer delitos contra la administración pública.

De acuerdo con videos obtenidos en dos hoteles de la capital y llevados al juez de garantías, “el exfiscal Bermeo habría recibido US$40.000 mientras que los otros procesados cerca de US$460.000 a cambio de incidir en el expediente por la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich”, indicó el delegado del ente acusador.

La investigación surgió a partir de un memorando de la DEA del 25 de febrero de 2019 que reveló la existencia de una organización al margen de la  ley dedicada a la venta de procesos judiciales en Colombia.

“Aseguró la fuente que se tenía prevista una reunión en los próximos días con la participación de Gil, Bermeo y Villamizar con el propósito de pactar ofrecimientos como los de retardar, congelar u omitir procesos penales específicos y sensibles para Colombia y Estados Unidos”, sostuvo el fiscal.

Para dar con sus capturas, se realizó un operativo de entrega controlada y un agente encubierto, ajustado a los protocolos internacionales y lo contemplado en el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas.

Los encuentros para la entrega del dinero  se realizaron el primero de marzo pasado en diferentes hoteles de la capital del país.

La juez consideró urgente proferir la medida de aseguramiento en centro carcelario tras la inminente probabilidad de obstrucción a la justicia y la facilidad que tendrían los procesados para abandonar el país.

En consecuencia, irán a juicio como presuntos responsables de los delitos de cohecho, concierto para delinquir y tráfico de influencias.

El juzgado determinó que sean enviados a los centros carcelarios que disponga el Inpec.

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