El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió constituir una mesa de seguimiento a las medidas de protección de líderes sociales y comunales, que esté compuesta por representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), el Ministerio Público y demás organismos estatales comprometidos con esta función.

En la instalación de la Mesa por la Vida en el municipio de Soacha, el jefe del Ministerio Público anunció que el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Carlos Medina, coordinará este espacio en el que se discutirán los componentes de prevención, protección e investigación con las instituciones directamente responsables y los representantes de las JAC.

“El resultado de esta Mesa por la Vida será un plan de acción concreto. La protección de la vida de los líderes sociales no necesita más retórica, se requieren acciones y compromiso para superar esta crisis”.

Carrillo Flórez advirtió que hay procesos disciplinarios en curso contra alcaldes y gobernadores por omisiones frente a la estigmatización a los líderes y defensores de derechos humanos, próximamente el país conocerá las primeras decisiones.

“Lo único que no es admisible acá es la persistencia de las omisiones de los funcionarios públicos o la estigmatización de los líderes sociales por cuenta de quienes tienen la camiseta del Estado. Eso es absolutamente inaceptable e imperdonable”.

En desarrollo de la Mesa por la Vida, la Procuraduría General firmó una carta de entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el objetivo de trabajar de manera articulada e intercambiar información relevante en esta materia y fortalecer el ejercicio de la función disciplinaria en los territorios.

"Lo que necesitamos es ayuda dentro de las investigaciones, como dicen los criminólogos, los crímenes perfectos no existen, lo que existen son investigaciones imperfectas, y aquí nos ha faltado mucho en materia de investigación a nivel de los asesinatos de los líderes sociales. Haciendo un mea culpa en lo que le toca al Ministerio Público, tenemos muchísimo en qué avanzar”.

Para el Procurador General realizar la Mesa por la Vida en Soacha, representa un símbolo de lucha por la libertad y la justicia en un municipio que es ejemplo de memoria y resiliencia.

“Aquí venimos a ratificar nuestro compromiso con la reconciliación y con la paz, y por supuesto, con la defensa de los líderes sociales”.

Al concluir el encuentro, el Viceprocurador General, Juan Carlos Cortés González reveló que las próximas mesas por la vida se realizarán en el Catatumbo (Norte de Santander) el próximo 13 de junio y en Cali (Valle del Cauca) el 3 de julio.

Así mismo, anunció la puesta en marcha de una línea de intervención judicial para proteger a miembros y dirigentes de acción comunal que presenten acciones populares, de tutela o constitucionales, y la firma de un convenio con la Federación Nacional de Juntas de Acción Comunal para velar por la garantía y la defensa de la vida de los líderes comunales.

“Vamos a intervenir con todos los procuradores judiciales en el país para garantizar que en desarrollo de esas actuaciones de tutela, populares, insisto, los demandantes, los que representan a las acciones comunales, tengan medidas de protección especiales acordes a la dimensión de la acción que están ejerciendo como un mecanismo de protección adicional”.

Poder preferente

El jefe del Ministerio Público anunció que por poder preferente la Procuraduría en Bogotá asumirá la investigación por los hechos que rodearon la muerte de Dimar Torres, exintegrante de las FARC, en hechos que se registraron en el sector de Campo Alegre, zona rural del municipio de Convención, Norte de Santander.

Por este caso, la Procuraduría Provincial de Ocaña abrió indagación preliminar una vez los hechos fueron de conocimiento público y ordenó la práctica de las primeras pruebas que integrarán el expediente.

Evitar colados en la JEP

El Procurador aseguró que una vez surtido el trámite de las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que “ojalá el país salga rápido y cierre ese capítulo”, lo que queda es defenderla y fortalecerla evitando colados como es el caso del hacker Andrés Sepúlveda, “impidiendo a toda costa que la JEP se convierta en un rey de burlas”.

“Hay muchos que creen que pueden eludir las sanciones y las condenas acudiendo a la Justicia Especial para la Paz. Nosotros como Procuraduría General de la Nación somos garantes de la integridad de esta jurisdicción. Vamos a defenderla y creemos que el camino que le queda al país es precisamente que no se debilite por la vía de utilizarla impudicamente cómo están haciendo algunos, creyendo que delitos comunes tienen que ver con el conflicto armado”.