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Colombia  |  28 noviembre de 2019  |  12:12 AM |  Escrito por: Edición web

Servidores de la Policía y el CTI estaban dedicados a extorsionar con falsos procesos judiciales

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 7 Penal Municipal de Medellín, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los servidores del CTI Seccional Medellín, Gabriel León Ortiz, alias el Viejo o el Fiscal, y Luis Javier Gracia Acevedo, alias el Gordo, como presuntos responsables de tentativa de extorsión agravada.

Con la misma decisión fueron cobijados el patrullero de la Policía Nacional en el municipio de Girardota (Antioquia), Luis Fernando García Acevedo, y su compañero Yamid Andrés López Lezcano, también adscrito a la misma estación policial.

El fallador también aseguró al expolicía Samir Alexis Celis Uribe y al particular Jhisser Guillermo Sandoria Maturana.

De acuerdo con la investigación, en octubre de este año, un comerciante del centro de Medellín y uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Bello (Antioquia), habrían sido abordados por los servidores públicos, quienes les exigieron millonarias sumas de dinero a cambio de no vincularlos a supuestos procesos penales. Se estableció que al comerciante le exigieron 500 millones de pesos, suma que no fue pagada.

Según las denuncias de las víctimas, los falsos expedientes judiciales tenían logos institucionales de la Fiscalía y la Policía Nacional, y contenían fotos y otros supuestos elementos materiales probatorios.

También se conoció que a uno de los extorsionados lo habrían conducido hasta una de las sedes de la Fiscalía, donde uno de los investigadores del CTI se hizo pasar como fiscal para presionar el pago del dinero.

Celis Uribe, retirado de la Policía Nacional en abril de este año, tiene otras denuncias por conductas delictivas similares presuntamente cometidas en diversas regiones del país.

Los procesados, detenidos por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscritos Gaula Militar, con apoyo de Ejército Nacional, no aceptaron los cargos.

La defensa apeló la decisión de primera instancia ante los jueces penales del circuito de Medellín.

 

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