Un nuevo escándalo se cierne sobre el municipio de Armenia. La Contraloría municipal presentó formalmente denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra 12 actos administrativos, hallazgos que hizo el ente de control sobre el presunto detrimento patrimonial en las llamadas compensaciones sobre construcciones urbanísticas en Armenia.

En una investigación fiscal realizada por la Contraloría Municipal de Armenia, se tomó una muestra de doce casos, de los cientos que existen en el Departamento de Planeación Municipal de Armenia, y se encontró que en el 100% de ellos hubo una liquidación desventajosa de la compensación para el municipio de Armenia.

La Contraloría tomó en su investigación solo uno de los cuatro casos de compensación por el aprovechamiento de las áreas a construir, de donde sacó sus conclusiones que terminan en el presunto detrimento patrimonial denunciado penalmente. Se trata del numeral 4 del Artículo Tercero del Decreto 064 de 2013, expedido por la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco.

Los constructores que realizan proyectos en la ciudad deben ceder el 17% del total del área a construir al municipio, para desarrollar actividades colectivas y comunitarias, como compensación por el uso del suelo. El Decreto citado dice textualmente que cuando las zonas de cesión del 17% presentan áreas inferiores a las mínimas exigidas, o cuando su ubicación sea inconveniente, el constructor puede compensar, es decir, pagarle al municipio, en dinero o en otro inmueble por esas áreas.

Para tal fin, se definió una tabla con una operación matemática, por medio de la cual se hacía la liquidación al constructor de lo que debía pagarle al municipio. La Contraloría encontró varias inconsistencias. Una de ellas, las liquidaciones se hicieron tomando como dato el avalúo del metro cuadrado del terreno en la obra, edificio de vivienda, comercio, o similares, que en los 12 casos analizados resultó distinto al avalúo del metro cuadrado que vendió a sus clientes el constructor.

Las diferencias son abismales, lo que a un cliente de un apartamento en el norte le vendieron a $2.000.000 metro sin construir, aproximadamente, ese metro cuadrado, para la liquidación de la compensación al municipio solo valía $169.000 pesos, sumado el urbanismo, es decir calles, servicios públicos, etc. Esto significa que el valor del predio que le liquidaban al municipio como área de sesión era menor que el resto del mismo predio en un 91%, aproximadamente. En este sentido, la Contraloría considera que hubo una liquidación absolutamente desventajosa para los intereses del municipio y, por tanto, se presenta un presunto detrimento patrimonial.

A pesar de haberse hecho una liquidación desventajosa para los intereses del municipio de Armenia, casi ninguno de los constructores pagó esa contribución de compensación en dinero, sino que lo hizo en obras. La Contraloría cuestiona también estas obras, pues se hicieron sin vigilancia del municipio, donde el propio constructor hizo el presupuesto de la misma y la interventoría casi sin intervención del municipio, excepto el señalamiento del sitio que debería construirse.

En los primeros 12 casos investigados por la Contraloría, donde hizo sus hallazgos fiscales, el detrimento podría alcanzar cerca de $15.000 millones de pesos. Los casos se presentaron en las administraciones de Luz Piedad Valencia Franco, entre 2013 y 2015, y en el gobierno de Carlos Mario Álvarez, en el 2016 y parte del 2017. Ambos alcaldes están detenidos, procesados por el escándalo de valorización en Armenia.

El decreto 064 de 2013 habla de otras compensaciones: por el mayor aprovechamiento en construcciones en primer piso, para el caso de locales comerciales; por mayor aprovechamiento en metros cuadrados por encima de la altura máxima permitida, y por la imposibilidad de establecer plazas de parqueo, pero estas aún no han sido consideradas en la investigación abierta inicialmente.

La Contraloría Municipal de Armenia y la Fiscalía General de la Nación formarán un grupo interdisciplinario de investigación, que devele caso por caso, cada una de las liquidaciones que se hicieron por la denominada compensación en áreas de cesión en proyectos de construcción en Armenia entre los años 2013 y 2017.