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Armenia  |  10 junio de 2020  |  12:00 AM |  Escrito por: Rubiela Tapazco Arenas

Comerciante de la construcción obtuvo millonario contrato con gobierno de Armenia para elementos de bioseguridad

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Investigar los detalles del negocio suscrito por el gobierno de Armenia, con el grupo Imaka SAS, dedicado a la venta de materiales de construcción, el cual fue contratado para el suministro de elementos de Bioseguridad en el marco de la pandemia, pidieron a la Procuraduria.

Aunque la empresa Imaka SAS, fue contratada para entregar al gobierno de Armenia elementos de Bioseguridad en cuantía de $550 millones de pesos, su experieriencia comercial tiene que ver con la venta de artículos distintos a los materiales necesarios para atender requirimientos en el marco de la pandemia del covid-19 en las dependencias de la administracion local.

El contrato fue suscrito el primero de abril de 2020 por la directora de Bienes y Suministros Gabriel Valencia Vasquez, con Imaka SAS cuya representante legal es María del Carmen Granada Gómez y quien se comprometió en el suministro por valor de 550 millones.

Los documentos entregados al gobierno de Armenia indican que la actividad principal de esta empresa es el comercio al por mayor de materiales de construccion, la actividad secundaria es el comercio al por mayor de materiales agropecuaerios, animales vivos y por último el comercio de prendas de vestir y sus accesorios, ademas revelan que la señora María del Carmen Granada es la única accionista de la sociedad y ejerce como presidenta, secretaria de la junta y representante legal.

Investigará la Procuraduría la forma en que la administración local surtió en un solo día las etapas precontractual y contractual de esta actividad suscrita el 1 de abril de 2020 a las 8 de la mañana, fecha en la que se evidencia que la minuta del contrato, el acta de aprobación de garantías, el registro presupuestal y el acta de inicio del suministro fueron firmados.

Además, le corresponde al Ministerio Público analizar las actuaciones de las secretarías de Salud, Gobierno, Desarrollo Social, Tránsito y Transporte y los Departamentos de Fortalecimiento Institucional DAFI y Bienes y Suministros, despachos que allegaron y sustentaron la justificación de las necesidades y además en el mismo documento con fecha abril 2020, consignan los estudios de mercado y el análisis que soporta el valor estimado del contrato.

Fundamentado en el Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002, el denunciante Alejandro Rodríguez, solicita al procurador delegado para la contratación estatal Camilo José Orrego Morales la apertura de investigación disciplinaria contra el suspendido alcalde José Manuel Ríos Morales y la directora de Bienes y Suministros Gabriela Valencia para la época de los hechos, a través del procedimiento verbal por presuntas faltas disciplinarias en la celebración del contrato de urgencia manifiesta 01 de 2020.

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