El alcalde elegido de Armenia, José Manuel Ríos Morales y su directora de Planeación Municipal Gabriela Valencia Vásquez habrían violado el principio de selección objetiva en la adjudicación de un contrato de suministros durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La Fiscalía General de la Nación, en el marco de su estrategia anticorrupción les imputó a los dos funcionarios, los delitos de peculado por apropiación en grado de tentativa, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades y falsedad en documento privado.

Dijo el fiscal del caso que los procesados suscribieron el contrato 002, por valor de 350 millones de pesos, con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales SAS, con sede en Cali y al parecer, dicha entidad pertenece a uno de los financiadores de la campaña política de Ríos Morales.

El fiscal del Grupo de Tareas Especiales Covid-19, con apoyo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, de la Fiscalía General de la Nación, evidenció que la directora de Bienes del Municipio habría solicitado a dicha entidad 120 cajas de tapabocas y 630 cajas de guantes, al parecer, sin las formalidades legales y sin verificar precios, omitiendo estudios de mercado para valorar otras ofertas en un contrato que fue celebrado y formalizado el pasado 2 de abril de 2020.

El material probatorio recopilado por el ente investigador deja ver que el accionista de Agroindustriales SAS, habría hecho un préstamo de 50 millones de pesos al alcalde suspendido de Armenia, para financiar su campaña política.

Asimismo, se pudo establecer que los dos funcionarios aceptaron los precios ofrecidos por la comercializadora, los cuales, presuntamente, estarían por encima del mercado en lo que generaría un detrimento al erario de Armenia que podría superar los $25 millones de pesos.

Para el ente acusador, la directora del Departamento de Bienes y Suministro de Armenia habría inducido a la representante legal de otra comercializadora, con la que contrató otros elementos de seguridad, aseo y desinfección bajo el radicado 001, para que expidiera un oficio, con fecha 20 de marzo de 2020, en el que indicara que no tenía disponibilidad de tapabocas y guantes, con el fin de justificar su acción ilícita.

El próximo 5 de agosto continuará la audiencia para definir la medida de aseguramiento de detención domiciliaria solicitada por la Fiscalía en contra de los dos imputados.