José Darío Castrillón
Se dice que lo que mal empieza mal acaba. En el proyecto generador de energía hidroituango, antes que la primera piedra se puso la primera bala, y no tiene porqué ser diferente a como reza el refrán.
Este partió de una propuesta que la empresa Interconexión Eléctrica S.A., ISA, archivó en los años de 1970, tras el informe de una comisión de ingenieros que concluyeron que no era seguro: Dado que se construía sobre la Falla del Romeral, una falla geológica que viene desde Perú y, justo en el punto donde se embalsa hoy, se ramifica en tres; dado también el tipo de roca donde se asienta, que no es como el batolito antioqueño que sirve de base a los embalses de El Peñol, San Carlos, San Rafael, a los cuales se adhiere bien el cemento; y dado el Río Cauca, indomable y uno de los más caudalosos del mundo (afirma el ingeniero geólogo José Luis Jaramillo que el actual dique para el río Cauca es como pretender amarrar un tigre con una cabuyita). Ese documento desapareció, pero queda el testimonio de los profesionales que lo elaboraron.
Inicia el proyecto con la intervención “social” que consistió en silenciar a balazos, y motosierra, a los opositores. Porque, cuando sólo ciertos dirigentes políticos conocían lo que se proyectaba llegaron bandas de paramilitares a establecer un régimen de asesinatos, torturas, violaciones, amenazas, robos, incendios… El informe Colombia Nunca Más, de la Corporación Jurídica Libertad (2018), establece cincuenta masacres entre 1990 y 2016, en los doce municipios de influencia.
No se conoció estudio ambiental de alternativas, se desconoció a las comunidades indígenas de la zona, a las que se declararon inexistentes mediante certificado del ministerio del interior. La consulta previa, después de la arremetida paramilitar, se hizo con el ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios, desalojando por la fuerza a los pobladores.
La constitución del consorcio se hizo mediante una compra hostil, Luis Alfredo Ramos gobernador, que elevó en un 36000% el precio de la acción, puso en minoría a EPM, y le colgó unos socios, entre ellos empresas del sindicato antioqueño. Además, el contrato de construcción se hizo mediante mecanismos amañados, la contraloría y la fiscalía se ocupan de ello. El contratista Camargo-Correa, socio de las constructoras del Sindicato Antioqueño, cuyo presidente en Brasil está preso por corrupción, es una empresa tan corruptora como Odebrecht.
El llenado se inicia siendo Sergio Fajardo Gobernador, pese a el reclamo de las comunidades, y pese a que con ello se imposibilita la recuperación de los cuerpos de cientos de víctimas que yacen en fosas clandestinas, en el lecho del embalse. Acaso pretendiendo el crimen perfecto, donde el terror paraestatal posibilita la obra, y la obra imposibilita la prueba de los métodos violentos.
De ahí en adelante todo fue cambio de diseños, cambio de materiales, pagos irregulares a contratistas que incumplen términos del contrato, y un considerable retraso en las obras. En 2013 presentaba veinte meses de retraso, cuando se proyectaba entregar la hidroeléctrica funcionando a finales de 2018. Por lo cual se decide acelerar la construcción, y los atropellos al diseño fueron peores, hasta que en abril de 2018 el tratamiento chapucero a los túneles, y el mal uso de explosivos, genera la crisis de ese año. De esta resultó un daño enorme al ecosistema, incluida la muerte del río Cauca, la destrucción de toda la economía de la zona, aguas abajo, pérdidas de viviendas, escuelas, centros de salud, puentes y carreteras… y la vida de más de 200.000 personas en vilo.
Tales hechos ocasionan sobrecostos, fueron cuantificados por el alcalde Daniel Quintero en 16,5 billones. El proyecto inicial costaba 4500 millones de dólares, que al cambio de 2008 eran 12,5 billones de pesos. Esto dice que hoy supera el doble de lo presupuestado, un 140% más.
Por lo cual el anuncio del actual gerente, Álvaro Guillermo Rendón, que en 2022 entraría a operar con cuatro de las ocho unidades generadoras, ya que el área sur de la casa de máquinas, donde están las otras cuatro unidades, está a punto de colapsar, es el anuncio del fracaso del proyecto que resultaría costando más del doble y generando la mitad, esto es, el kilovatio más caro del mundo.
Por eso las movidas del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, de iniciar un proceso de demanda a los constructores para tratar de recuperar la inversión de las Empresas públicas de Medellín, EPM, que de no hacerlo podría siniestrarse con el proyecto, y tras la empresa insignia de la ciudad naufragaría la misma ciudad, esas movidas resultan un acto de elemental responsabilidad.
Ahora, la renuncia de ocho miembros de la junta directiva por descortesías del señor alcalde para con ellos, dice más de los intereses que representa que de la supuesta dignidad del “Gobierno corporativo” (¡!) que invocan.
No suele decirse que el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, es competidor de EPM en la generación de energía, con su empresa CELSIA. Sin embargo desde siempre se ha alojado dentro de EPM, hasta el 2001 cuando el alcalde Luis Pérez los sacó de la junta y del organigrama de EPM. Tras ello, con Sergio Fajardo como alcalde, el gerente de entonces, Ramiro Valencia Cossio, hace una reforma a la entidad que asegura la presencia del GEA en la empresa pública. Desde entonces han pasado cuatro alcaldes en la ciudad, a los que la junta les dicta el qué y cómo hacer. Ellos, negociantes y políticos, se revisten de técnicos y reclaman el monopolio del saber sobre la conducción de EPM. Donde el otrora “sindicato antioqueño”, hoy GEA, es tanto competidor, como contratista de Hidroituango, socio de la misma obra, y determinador de las políticas de la empresa con agentes dentro de su junta directiva. Uno de cuyos fundadores es el renunciado a la junta Santiago Mejía Correa, también promotor de campañas contra el acuerdo de paz.
También está Elena Rico Villegas, está vinculada con empresas constructoras, cercanas al GEA. Fue nombrada por Federico Gutiérrez; Andrés Bernal Correa, de Bios, del grupo Argos, entró por Aníbal Gaviria; Gabriel Genaro Gutiérrez, vinculado con el GEA desde ha mucho, entró desde 2016 a la junta. El actual alcalde puso tres de los nombres en la junta, los demás venían de administraciones anteriores, y no agenciaban los intereses públicos. Así que si el alcalde Quintero pone en consideración de esa junta demandar a los constructores de Hidroituango, entre los que está el GEA, con sus socios, y los subcontratos entre sus empresas, la postura de la junta no se habría pronunciado por la defensa de lo público, sino de las utilidades del Sindicato Antioqueño.
Ahora la godarria en Antioquia anda alborotada, vociferan y amenazan, llaman a la revocatoria del alcalde y a las vías de hecho con las llamadas reservas. Pero no llaman a pagar la plata que se perdió. La crisis de EPM es la crisis de la extrema derecha: ya se creían dueños de EPM, de Ruta N, … de las empresas públicas antioqueñas.
Los empresarios colombianos, tan sensibles a los llamados del fascismo quiere hacer causa con los godos de Antioquia, antes de ello debería considerar que si los responsables del desastre de Hidroituango no pagan, lo pagarán los colombianos en las facturas de energía, las cuales tendrán un sobrecosto de cerca de un 80%, lo que haría inviable a la mayoría de las empresas colombianas, que el asunto ya no es de paisas.
También se invoca a la antioqueñidad, que tiene dos vertientes: el trabajo como valor, de una parte, y la idealización del fraude, de otra. Tanto quien trabaja, como quien se apropia del trabajo ajeno compone la cultura paisa. Ahora se manifiesta la derecha paisa como el partido de la corrupción.
Las acciones de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, devienen en cumplimiento de su promesa de campaña, cuando prometió depurar la corrupción de EPM, y tener una junta libre de intereses particulares. Eso se convirtió en un mandato que 304.034 ciudadanos de Medellín le entregaron.
TOMADO DE REVISTA SUR
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