Además del control social a gran escala ejercido por el grupo delincuencial “La Oficina de Armenia”, se identifican controles sociales y territoriales de pequeña escala, que son ejercidos por organizaciones locales en los barrios que tienen a cargo.

La Defensoría del Pueblo, mostró como ejemplo de dicha vulneración de derechos, el control ejercido en el barrio Las Colinas, donde se ha impedido la conformación de la Junta de Acción Comunal, al tiempo que se habla de la instalación de puntos de control y vigilancia por parte de los grupos armados locales que operan dentro del barrio.

Agrega el informe, que se ha tenido conocimiento de la vinculación a estructuras delincuenciales, de personas migrantes, principalmente de origen venezolano, así como de habitantes de calle, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a quienes se les asignan labores que van desde el campaneo hasta la distribución, transporte de estupefacientes y sicariato.

Algunas mujeres y niñas, además de ser vinculadas a dichas actividades, son incorporadas dentro de redes de trata de personas para fines de explotación sexual.

Las mujeres venezolanas seleccionadas por características físicas que se enmarcan dentro de estereotipos de belleza, son utilizadas para transportar sustancias ilegales hacia Bogotá a quienes se les entrega una maleta cargada con estas sustancias y se les pide solicitar a los transportadores que transitan las vías, llevarlas hacia la capital del país.

Si bien, algunas capturas por los delitos señalados han tenido lugar a la altura del corregimiento de La Herradura en La Tebaida y por La Línea, a la altura de Calarcá, no se debe desestimar que también se estén realizando por vías secundarias que conectan con la ciudad de Bogotá.