La pérdida de gobernabilidad en Armenia ha afectado el recaudo de valorización porque en la medida en que los ciudadanos no confíen en los gobernantes no pagan sus impuestos por temor a que la plata se pierda, en consecuencia, a partir del 2017 empezó a disminuir el recaudo por parte de la administración municipal para las obras de valorización.

En ese sentido, la contralora Isabel Cristina Carvajal reveló que a 30 de septiembre de 2020 se recaudaron 3 mil millones de pesos aproximadamente, aunque la alcaldía tiene datos diferentes porque incluye unos ingresos distintos.

Insiste la contraloría en que no hay confianza en la gobernabilidad, ni que el proyecto de valorización pueda salir adelante, por eso la importancia de la toma de decisiones cuanto antes.

Le preocupa a la contralora la existencia de dineros que están recaudados y no se han ejecutado y otros que no se van a recaudar en consecuencia, es el problema jurídico generado por esta situación, que se debe resolver cuanto antes.

Aseguró que la exalcaldesa Luz piedad Valencia consignó en el 2019 a favor del municipio de Armenia una suma en cuantía por $1.049 millones, al suscribir un acuerdo de pago con la justicia, dineros que ingresaron a las cuentas del municipio, dinero que debió ir a las obras de valorizaciones, lo mismo que $40 millones consignados por Sebastián Congote lo que significa que el dinero incluido como recaudos no corresponden a los contribuyentes de valorización debido a que vienen de estos frentes y no se puede contar dentro del recaudo.

Aunque cursan procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría municipal por 53 mil millones de pesos por cuenta del desfalco de valorización, se trata de un proceso prolongado por lo tanto con estos recursos no se puede contar por ahora.

Lamenta la representante del ente de control que la alcaldía no sepa el monto de los recursos se han recaudado y se pregunta la razón por la que no conciliaron los dineros que han entrado, esto hace parte de las actividades que se deben ejecutar con urgencia.

Dijo que los contribuyentes tienen derecho en el 2023 a cobrarle al municipio el dinero que le pagó por unas obras que no ha ejecutado.