Este lunes continúa la audiencia de Pacto de Cumplimiento a la Acción Popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo hace un año ante el juez Administrativo del Circuito Reparto de Armenia, solicitando declarar la vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público y moralidad administrativa, tras el incumplimiento en la ejecución de las obras de valorización en Armenia.

La audiencia empezó en el mes de octubre, aplazada para noviembre, y con nueva fecha para este lunes 14 de diciembre, por solicitud de la propia alcaldía. La Defensoría del Pueblo solicita la presentación de un plan para la terminación de las obras acordadas por la administración y el concejo, adelantar las actuaciones para establecer el mecanismo de financiación que sea más apropiado (o con recursos propios), que le permita ejecutar las obras restantes, sobre todo aquellas que quedaron iniciadas y en las que se alcanzó a realizar una inversión pública.

Igualmente se exige expedir un acto administrativo que concilie el tiempo de duración de las obras, pues en algunos documentos quedó que eran 4 años, en otros que son 5. Es decir, el plazo, para un acto administrativo terminaría en noviembre del 2019, y en otro, en el 2020.

En el mismo sentido, la Defensoría pide al municipio de Armenia conformar nuevamente un nuevo comité (interdisciplinario y con la participación de veedores ciudadanos, organismos de control y Defensoría del Pueblo) de valorización, presidido exclusivamente por el alcalde, que se reúna de manera periódica y que tenga la capacidad de tomar decisiones con relación a la situación suscitada, con el que se conmine al alcalde municipal a prestarle urgente atención y diligencia a este tema, a efectos de aminorar el detrimento patrimonial ocurrido con razón a las obras iniciadas y no terminadas, y de actuar de manera oportuna frente al clamor de la ciudadanía que pagó la contribución y reclama su devolución, frente a la deuda pública adquirida por el municipio y de la que aún no se conoce su estado actual.

Una de las grandes preocupaciones de la Defensoría del Pueblo es que este 31 de diciembre vence el plazo del cobro directo de la contribución de valorización, y el municipio está obligado, legal y constitucionalmente, a partir del 1 de enero de 2021 a hacer el cobro coactivo a aquellas personas que no hayan hecho el pago correspondiente. Y, para tal fin tiene un tiempo corto definido.

También preocupa que los ciudadanos hayan pagado la contribución para realizar 12 obras y a la fecha solo hay terminadas dos en forma total y una en forma parcial, mientras que las demás quedaron en ‘veremos’.

Ante la enorme confusión que tiene la alcaldía sobre los recaudos, las deudas, las cantidades de obras, los contratos, las conciliaciones de cuentas, relacionado todo con el caso de valorización, una de las propuestas que se espera es la contratación de una consultoría especializada para que ‘desenrede’ la madeja de problemas suscitada tras el enorme robo, más de $22.000 millones, que ha dejado este proyecto de obras de valorización en Armenia.

El Defensor del Pueblo encargado del Quindío Gustavo Nieto dijo que dependiendo de la propuesta que presente el alcalde de Armenia hoy frente a las pretensiones de la demanda, su despacho decidirá si las acepta o no.

Escuche la entrevista con el Defensor del Pueblo encargado Gustavo Nieto: