Cerca de 7.000 artículos consagrados en 608 normas con fuerza de ley consideradas anacrónicas, obsoletas o en desuso fueron eliminadas y se da certeza de funcionamiento a otras, mediante la Ley 2085 del 2021.  

Con esta norma el gobierno fortalece el sistema normativo y consolida un ordenamiento legal claro, preciso y aplicable, para brindar un mayor grado de seguridad jurídica a los ciudadanos, conforme a los requerimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho.  

Dicha ley, entre otros aspectos, establece la articulación y actualización del Sistema Único de Información Normativa (SUIN-Juriscol), herramienta del Ministerio de Justicia cuya tarea será la de publicar anualmente dos listados: uno de las normas derogadas expresamente, declaradas inconstitucionales o ilegales y otro de las constitucionales y legales que hayan sido reglamentadas a pesar de existir un deber expreso de reglamentación.

Además, determina que los jefes o directores jurídicos de las entidades estatales sean quienes establezcan qué normas administrativas tienen pérdida de fuerza ejecutoria, con el fin de dejarlas sin efectos mediante otras del mismo rango jerárquico.  

Se establecen beneficios para la ciudadanía como el conocimiento de las reglas de interacción entre la sociedad y el Estado, y de sus derechos y obligaciones en busca de propósitos comunes.

La norma también actualiza la realidad jurídica, económica, cultural e histórica del país para exigir su cumplimiento y permite al servidor público conocer sus competencias y las sanciones por violar normas por omisión o extralimitación de funciones.  

De acuerdo con el jefe de la cartera de Justicia, con este proceder se consagra la cultura de la legalidad, pues se crea y profundiza en la comunidad la conciencia del cumplimiento de las normas jurídicas como parámetro de conducta en el marco del respeto a la dignidad humana, la libertad y la igualdad.