Por Pedro Arenas

Investigador de la Corporación Viso Mutop

Estados Unidos avaló las acciones antidrogas de Duque, el ministro de Defensa anunció que empiezan en abril, mientras comunidades esperan cumplimiento de acuerdos de sustitución voluntaria.

San José del Guaviare, ciudad ubicada al norte amazónico, el hangar de la Policía Antinarcóticos, una robusta instalación equipada con avanzada tecnología durante la época del Plan Colombia, alberga los aviones Air Tractor que fueron acondicionados para asperjar desde el aire el agrotóxico glifosato, y allí, los pilotos contratistas, están listos para emprender vuelo tan pronto el Consejo Nacional de Estupefacientes ordene la reanudación de estas operaciones que se encuentran suspendidas desde 2015[1].

Además, otras bases de la Policía Antinarcóticos, desde las que actualmente se desarrolla la erradicación terrestre, se vienen alistando para retomar las aspersiones aéreas. Entre ellas se destacan: Tumaco, Puerto Asís, Tibú, Caucasia, Popayán, Buenaventura, Barrancabermeja y Florencia. El Ministerio de Defensa ya cuenta con el agroquímico listo, con pilotos entrenados, y aeronaves de apoyo. Así mismo, anuncia que emplearán técnicas de alta precisión.

El gobierno del Presidente Duque se empeña en una nueva campaña de fumigación, la cual forma parte de su política de drogas denominada Ruta Futuro[2]. En esta ocasión el gobierno de los EE.UU. aplaude la decisión, pero, por ahora, no ha anunciado su intención de poner fondos para las aspersiones. Al contrario, recientemente, el demócrata Patrick Leahy, quien conoce bien Colombia y preside el Comité de Apropiaciones del Senado sostuvo que se opondría “a que se usen fondos de los Estados Unidos para financiar las fumigaciones aéreas”[3]. Sin embargo, el Departamento de Estado avaló los “esfuerzos” del Gobierno Duque en eliminación de cultivos “a pesar de la pandemia” puesto que “erradicó 130.000 hectáreas en 2020, al tiempo que insistió “en la necesidad de volver a la fumigación aérea”[4].

El nuevo plan forma parte de lo que fueron las promesas de campaña de Duque, pero va en contra de la opinión académica, de ambientalistas, ONG especializadas, organizaciones étnicas y comunidades de base campesina, las cuales reclaman el respeto pleno del derecho a la participación ciudadana, el cual consideran violentado por la ANLA en sus audiencias adelantadas en 2020[5] para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Dirección Antinarcóticos de la Policía; y el respeto irrestricto al derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada que es reconocido por el Convenio 169 de la OIT y que, en este caso, se habría vulnerado con la Resolución 001 de 2020, emitida por la Dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, en la que señaló que para la fumigación en 104 municipios la consulta no era procedente[6].

El Ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que las aspersiones se reinician en Abril[7], pero para hacerlo debe aún cumplir varios requisitos establecidos por la Corte Constitucional, los cuales fueron recordados por siete Relatores de Procedimientos Especiales del Sistema de Naciones Unidas[8], quienes advirtieron que las fumigaciones con glifosato contradicen obligaciones internacionales suscritas por Colombia, como los derechos a la salud, al ambiente sano, a la alimentación, además de poner en riesgo los derechos de los niños, de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos indígenas y la situación de los defensores de derechos humanos en general en los territorios que serán impactados con dicho programa. La Cancillería de Colombia rechazó el llamamiento urgente de los Relatores diciendo que ellos “prejuzgan” y sin dar explicaciones de fondo señaló que dicha carta viola el código de conducta[9] que rige el mandato de los procedimientos especiales de la ONU.

A pesar de ello, todavía no existe información suficiente sobre los estudios de evaluación de riesgos a la salud humana por cuenta del glifosato en el nuevo plan de aspersiones aéreas. El pasado 16 de marzo, la Universidad de Córdoba y el Ministerio de Salud, iban a realizar una “socialización de las medidas de mitigación y control”, así como de una estrategia de comunicación para la entrega de resultados del estudio “análisis de riesgos para la salud humana”, en la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, la cual no se pudo hacer al parecer por saboteo de hackers que interrumpieron la transmisión. Lo cuestionable es que el Instituto Nacional de Salud no haya efectuado ninguna convocatoria anticipada a comunidades ni a entidades especializadas siendo poco transparente el proceso de realización del estudio y de su socialización, tal como lo prevé la sentencia T-236 de 2017[10].

Tampoco es claro cómo hará el gobierno para aplicar el principio de precaución para evitar la revictimización de poblaciones. La misma Corte Constitucional en Sentencia T-080 de 2017, ante acción de tutela del pueblo Carijona de Puerto Nare Guaviare, amparó los derechos a la salud, al ambiente sano, seguridad alimentaria, la integridad cultural y el derecho a la consulta previa de la comunidad, debido a las afectaciones ocasionadas por el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato. Para atender esta sentencia hay un plan de etnoreparación aún pendiente de materializarse. Dicha Corte también promulgó la Sentencia 299 de 2009, en una tutela originada en la zona de amortiguamiento del Parque la Macarena en 2005, en el cual las fumigaciones y la erradicación manual forzada causaron desplazamiento de población campesina.

El Estado colombiano ha reconocido que las aspersiones aéreas causan daños en las poblaciones. Por eso, promovió un arreglo por 15 millones de dólares con las autoridades de Ecuador ante la demanda que había impetrado ese país ante la Corte Internacional de Justicia, para reparar a las comunidades habitantes de la línea de frontera entre los dos países. La providencia de ese Tribunal, del 13 de Septiembre de 2013, reza: “Considerando que, según las cartas recibidas de las Partes, el Acuerdo de 9 de septiembre de 2013, entre otras cosas, establece una zona de exclusión, en la cual Colombia no llevará a cabo operaciones de fumigación aérea; crea una Comisión Mixta para asegurarse de que las operaciones de fumigación llevadas a cabo fuera de esa zona no hayan determinado que se derivaran herbicidas hacia dentro del Ecuador y, en la medida en que no lo hayan hecho, prevé un mecanismo para la reducción gradual de la anchura de la zona mencionada; y considerando que, según las cartas, en el Acuerdo se establecen parámetros operacionales para el programa de fumigación de Colombia, se hace constar el acuerdo de los dos Gobiernos de un intercambio periódico de información a ese respecto y se establece un mecanismo de arreglo de controversias, Hace constar en el expediente el desistimiento de la República del Ecuador del procedimiento incoado mediante su demanda presentada el 31 de marzo de 2008; y dispone que la causa se elimine del Registro”.[11]

Otro aspecto que se destaca en esta controversia tiene que ver con la secuencia adoptada por el Acuerdo de paz entre Gobierno y FARC EP, lo que fue declarado exequible por la Corte Constitucional, la cual se apega a los Principios Rectores del Desarrollo Alternativo adoptados por las Naciones Unidas[12]. Esta secuencia consiste en ofertar primero a los agricultores de coca, amapola y marihuana, la oportunidad de vincularse a programas de sustitución de cultivos, como el PNIS[13], en segunda instancia, solo si no es posible lo primero o si las comunidades son renuentes, habría lugar a la erradicación forzada, y como última ratio se podría acudir a las fumigaciones. Contrario a esta secuencia, Duque aumentó los grupos móviles de erradicación terrestre de 24 a 100 tan pronto inició su mandato, y les asigna más recursos a las fumigaciones que a la sustitución.

En lugares como Guaviare, el Plan de Atención Inmediata del PNIS se implementó, en núcleos veredales llegando a más de 7.200 familias que se acogieron a las ofertas gubernamentales y, entre 2017 y 2018, lograron reducir ellas mismas las hectáreas cultivadas con esta planta, con bajos indicadores de resiembra según la verificación in situ realizada por la Oficina de la ONU contra las drogas -UNODC-. El éxito de la sustitución voluntaria, de su bajo coste financiero, de la sostenibilidad del proceso y de su legitimidad se puede observar en Briceño, un municipio enclavado al norte de Antioquia, cerca de la represa de Hidroituango, el cual ha sido destacado por el propio gobierno como un “ejemplo mundial” de la sustitución[14]. Allí se encuentra que las comunidades honraron sus compromisos, la decisión de arrancar las plantas de coca se tomó en asambleas veredales y todo se hizo sin dispararse un solo tiro y sin operativos de fuerza pública.

Sin embargo, las promesas de recursos para proyectos productivos, aun no se materializan y las comunidades siguen esperando que el Estado honre sus compromisos[15]. Duque ralentizó el PNIS, sigue diciendo que es un programa costoso, que fue mal financiado, que no hay dinero para atender los pactos de sustitución, y que, por ello no se vincularon más familias a pesar de que en muchas partes las comunidades han solicitado ingresar al mismo. Según Hernando Londoño, director del PNIS, “El gobierno responsablemente determinó no vincular más familias en acuerdos individuales y se comprometió a buscar recursos para cumplirles, pues en el marco de gasto no había ni un peso”[16].

En contravía de las esperanzas de paz, la actual administración ha duplicado sus acciones de erradicación forzada en las zonas a donde no llegó con la oferta de sustitución, generando riesgos y daños de orden socioeconómico, y afectando los derechos humanos como ha documentado Viso Mutop en varios informes[17]. Se espera que la organización Somos Defensores, esta semana, haga público un informe sobre “agresiones a líderes y lideresas promotoras de la sustitución voluntaria, y violaciones a derechos humanos en el marco de las erradicaciones forzadas”. Es amplio el número de enfrentamientos que la fuerza pública desencadena con sus operaciones de guerra desplegadas para erradicar cultivos de coca, puesto que las comunidades resisten tales operativos, pero en ellos, el campesinado lleva la peor parte.

La experiencia muestra que, a pesar de los aplausos recibidos desde Estados Unidos, el plan de Duque para contener el aumento de los cultivos de coca, dista mucho de una estrategia integral contra el narcotráfico, va contra la evidencia y es lesivo para los derechos de las poblaciones.

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[1] Ante la alerta mundial lanzada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el cáncer (en inglés IARC) de la OMS, advirtiendo que el glifosato es “probablemente cancerígeno” para los humanos, el Ministerio de Salud de Colombia, requirió al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), suspender su uso a través de las aspersiones aéreas. La decisión se tomó en mayo 15 de 2015. También se anunció la creación de un comité técnico que haría recomendaciones para reformular la política. Para ese entonces, la AIDA, Indepaz y el Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos recogieron más de 20.000 firmas pidiendo la suspensión de las fumigaciones con glifosato.

[2] Si le interesa, puede consultar el documento de Política integral de lucha contra drogas, que lleva por título Ruta Futuro, en este link del Ministerio de Justicia: http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/POLITICA_RUTA_FUTURO_ODC.pdf

[3] Esta declaración del senador Leahy, puede verse en un artículo reciente publicado por el diario EL TIEMPO, aquí: https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/paz-y-narcotrafico-la-estrategia-que-tiene-ee-uu-para-colombia-573223

[4] https://www.eluniversal.com.co/colombia/estados-unidos-certifica-a-colombia-en-lucha-contra-las-drogas-KD4252048

[5] Después de un año de litigio, la Agencia de Licencias Ambientales ANLA, pudo realizar el 19 de diciembre de 2020, una audiencia pública que no contó con participación de las principales organizaciones étnicas, campesinas o de ambientalistas. La ANLA dispuso pantallas en ciudades como Puerto Asís y Florencia pero en ello se evidenció otra vez que la conectividad de las regiones que serían afectadas por las fumigaciones es precaria. EL ESPECTADOR hizo un resumen del proceso previo a la audiencia y una memoria de las principales intervenciones. Se puede ver aquí: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/en-vivo-la-esperada-audiencia-de-la-anla-sobre-aspersion-aerea-con-glifosato/

[6] La Red Redphana, en representación de Consejos comunitarios del pacífico nariñense, y el Colectivo Orlando Fals Borda, lograron el pasado enero que el Tribunal Superior de Pasto, admitiera una tutela que suspendió los efectos de aquella resolución del Ministerio del Interior, hasta que se resuelva de manera definitiva dicha acción. https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/15/tutela-pone-freno-de-nuevo-al-regreso-de-las-fumigaciones-con-glifosato-en-colombia/

[7] El portal infodefensa, señala que a mediados de abril se reiniciarían las fumigaciones con aviones Air Tractor 802-F, se puede ver esta información aquí: https://www.infodefensa.com/latam/2021/02/20/noticia-30colombiaes-colombia-prepara-reanudar-aspersion-aerea.html

[8] Siete Relatores especiales de Naciones Unidas sobre temas de derechos humanos enviaron una comunicación al Presidente Duque recomendando no volver a fumigar, brindar información pública sobre temas relacionados con los estudios científicos adelantados para ello. En este link puede leer y escuchar sobre este tema: https://www.rcnradio.com/colombia/esperamos-que-el-gobierno-acate-llamado-de-onu-de-no-fumigar-con-glifosato-dejusticia

[9] https://noticias.caracoltv.com/politica/estan-prejuzgando-gobierno-respondio-a-relatores-de-la-onu-sobre-fumigacion-con-glifosato

[10] Luis Felipe Cruz del área de drogas de Dejusticia prendió las alarmas el 15 de marzo pasado, desde su cuenta de Twitter, señalando las inconsistencias de dicha citación https://twitter.com/lfcruzo/status/1371564689080119296

[11] Providencia del 13 de septiembre de 2013, emanada de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Colombia hizo un acuerdo con Ecuador, en el que a cambio de una reparación económica y un mecanismo de revisión periódica, el vecino desistió de la demanda interpuesta en 2008.

[12] La Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2013, adoptó los principios rectores del desarrollo alternativo, luego de dos conferencias internacionales sobre ese tema y de recibir un conjunto de recomendaciones de expertos de varios países. Ver aquí el texto completo de ese documento https://visomutop.org/principios-rectores-del-desarrollo-alternativo-onu/

[13] El Decreto 896 de 2017, creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos, el cual tiene su origen en el Punto 4 del acuerdo de paz y fue declarado exequible al analizar el Acto Legislativo que lo adoptó. A dicho programa se vincularon entre 2017 y 2018, poco menos de 100.000 familias en 14 departamentos.

[14] El Consejero Emilio Archila visitó Briceño y constató personalmente que los pactos de sustitución que se firmaron después del acuerdo de paz han sido cumplidos por el campesinado de este municipio. Ver sus declaraciones aquí: http://portalparalapaz.gov.co/publicaciones/1668/briceno-ejemplo-para-el-mundo-en-sustitucion-de-cultivos-ilicitos/

[15] A la fecha unas 1.200 familias estarían ingresadas en la etapa de proyectos productivos del PNIS, esto es poco más del 1% del total de las que firmaron acuerdos individuales de sustitución voluntaria en todo el país.

[16] Hernando Londoño, director del PNIS, entrevistado por Natalia Duque, para un artículo de Mutante.org, BaudoAP y la LigacontraelSilencio sobre el caso de Sardinata Catatumbo. Ver https://www.mutante.org/contenidos/Con-balas-y-a-la-brava-el-Estado-contra-los-cocaleros

[17] Vargas Ricardo, Arenas Pedro, Erradicaciones Forzosas y Derechos Humanos, Viso Mutop, Bogotá, Julio de 2020.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/por-encima-de-la-conciencia-publica-aviones-listos-para-fumigar/