Por Alejo Vargas Velásquez,

Profesor Titular de la Universidad Nacional y Director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa

Farid Camilo Rondón Raigoza

Politólogo y estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa

El caso de las protestas del presente año en Colombia no tiene precedentes en el país en muchos aspectos: el tamaño y extensión de la movilización social, la debilidad institucional, la crisis de legitimidad del gobierno, la pandemia de la Covid-19, el déficit económico y fiscal, la ampliación de la pobreza, la lenta implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC y otros aspectos, dan pie a un escenario particular. Esto configura un momento de trascendencia en el cual diversas demandas sociales se articulan en torno a reclamos hacia el Sistema Político.

La respuesta desde el gobierno a esta coyuntura social, ha sido inicialmente por medio del uso desmedido de la Fuerza Pública, siendo la principal implicada la Policía Nacional. Esto no es nuevo, pero en la historia reciente del país sí lo es en términos de la intensidad que ha implicado (al momento de escribir este texto, para la ONG Temblores este proceso les ha quitado la vida a 47 personas), la cual no ha logrado apaciguar las manifestaciones, sino que ha aumentado el descontento social nacional e internacional. Cabe aclarar que ninguna forma de violencia es justificada, pero deben reconocerse las diferencias de capacidad y de responsabilidad que poseen las Fuerzas del Estado, que tienen bajo su responsabilidad garantizar derechos y libertades -dentro de ellos el derecho a la protesta-, y los manifestantes.

Con este contexto, se deben ver las razones que llevan a la institucionalidad policial a actuar de un determinado modo, no para justificarla, sino para entender sus dinámicas y hacer reflexiones en torno a la convivencia nacional. Por ende, consideramos importantes tres reflexiones para hacer un esbozo respecto a la mediación de la protesta y entender por qué se ha dado un nivel creciente de violencia: la Policía como institución, el policía como persona y el papel del gobierno.

La Policía como institución

La institución policial tiene dentro de sí muchas características que llevan a explicar comportamientos al interior de las manifestaciones, los cuales deben ser examinados. Al respecto, señalamos los siguientes: la organización, la estructura y la doctrina.

En términos organizacionales la Policía sigue bajo el Ministerio de Defensa Nacional, el cual ha hecho esfuerzos por reconocer el papel que cumple esta institución; sin embargo, sigue priorizando a las Fuerzas Militares y las amenazas del país, dejando en segundo lugar las temáticas de convivencia y seguridad ciudadana. La institución policial se ha caracterizado de manera histórica por ser una especie de rueda suelta, no tener un control civil adecuado y ser encargada de sus tareas misionales de manera autónoma. Esta tendencia se ha profundizado con el presente gobierno, cuyos ministros se han centrado en los problemas del sector castrense, dejando de lado la ciudadanía y delegando esta misión a los mandatarios locales y la Policía –con todo lo contradictorio que es esta relación-.

La estructura de la Policía Nacional responde a grados de carácter militar. La división entre oficiales (aproximadamente 6 % de los miembros) y nivel ejecutivo (aproximadamente el 93% del personal), manifiesta una realidad que no es propia de las capacidades sociales que debe tener la institución. Toda la policía debe estar preparada para atender situaciones de carácter similar (en el marco de sus especialidades), tener relación con la comunidad, y actuar bajo los parámetros de la discrecionalidad y de su educación policial.

La distinción entre oficiales y nivel ejecutivo es útil al momento que se llevan operaciones de amplio calado como en medio del conflicto armado interno. No obstante, se tiene que aspirar a una institución que tenga mayor cercanía con la ciudadanía, que no esté marcada por este tipo de rangos –entre más horizontal, mejor- cuando la autonomía y la discrecionalidad son los principales atributos que se tienen al momento de enfrentar alguna vicisitud social –el Policía debe estar preparado para enfrentar individualmente las situaciones conflictivas-. Del mismo modo, esto genera una brecha entre quienes dan las órdenes y aquellos que las ejecutan, siendo contrario a la naturaleza civilista que debe poseer la institución y su contacto social.

La doctrina de la Policía Nacional ha sufrido importantes transformaciones en los últimos años; la desaparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevó a que el conflicto armado disminuyera sensiblemente y se abrieran las posibilidades de cambiar la mentalidad de enemigo-amigo a la de Instituciones y ciudadanos. Esta fue aprovechada en primeras instancias a partir del impulso de un proceso de modernización desde la misma institución; no obstante, este aún es incompleto, por el contrario, sigue teniendo rezagos propios de la doctrina de la ‘guerra fría’, dentro de los que se encuentra el asociar en la categoría de ‘cuasi-enemigos’ determinados grupos que de manera histórica han tenido dinámicas de confrontación social, tales como: los indígenas, los estudiantes y los sindicatos.

La importancia de ello radica en que todos estos grupos sociales hacen parte de las actuales manifestaciones. Esto se combina con la continuación de la idea del enemigo, que se consolida al pensarse la Policía de manera alejada de la ciudadanía, bajo la inclusión de esta institución junto con las militares como Fuerza Pública. Conlleva a que la Policía al momento de atender las manifestaciones, no vea la defensa de los derechos y garantías de los manifestantes como su prioridad, sino que se centre en la vulneración de las libertades de aquellos que se ven afectados por la protesta. No se consideran ciudadanos plenos a los manifestantes, se dificulta tener esta mirada, lo cual lleva a la concepción de exceder su forma de actuar.

El policía como persona

Las características de la institución policial no deben desconocer el hecho de que detrás de cada uniforme existe una persona que encarna posturas, tiene prioridades y maneja características de manera especial. Los policías no son unas máquinas y hay un desconocimiento respecto a sus concepciones internas. De esta manera, se señalan tres particularidades: la endogamia institucional, la caracterización que se hace de las protestas y la consideración de su despliegue.

Primero, la endogamia institucional de la Policía Nacional, en la cual se pueden ver (como en cualquier grupo social) relaciones que poco salen de los ámbitos de la organización. Los policías se ven envueltos socialmente por otros policías, todos con formación similar, características parecidas en sus formas de pensar y relacionarse. Esto lleva a que la información que circula en su entorno tenga patrones y sea justificante de sus acciones.

Los policías (y sus familias) ven, a partir de la información que se comparten, como son violentados, las formas agresivas de las manifestaciones y los discursos que apoyan su actuar. De esta manera, de forma personal construyen un imaginario basado en las implicaciones negativas de las protestas, los riesgos que corren en la misma y continúan una idea de confrontación. Es diferente ver la violación de derechos desde un contexto que resalta la movilización de la fuerza contra los civiles en Cali, a uno donde hay preocupación por la quema de un CAI con varios policías dentro.

Segundo, los policías ven las protestas bajo una óptica negativa en la cual ellos son quienes pagan los platos rotos. Con indiferencia de cuál sea la demanda social la Policía es la institución que ha entrado a mediar por órdenes civiles con los manifestantes (habiendo una escasez del uso de formas de contacto basado en la mediación civil como los gestores de convivencia), sin tener más que su misión constitucional y recayendo en la institución ocasionalmente las demandas sociales. Esto lleva a que los policías construyan a lo largo de su carrera una imagen de las relaciones que tienen con la protesta en la cual resarcen los daños dados por otras instituciones del Estado.

Tercero, las manifestaciones sociales afectan directamente los tiempos de los policías, dado que deben contar con la disponibilidad para responder a cualquier tipo de altercado que pueda surgir, así como acompañar las movilizaciones. En estos tiempos las jornadas de trabajo se vuelven más largas para los miembros de la institución (sin tener un beneficio económico por ello), a la vez que sufren un acuartelamiento de primer grado que les impide recurrir a cualquier tipo de permiso y reduce sus tiempos de descanso. El desgaste físico policial aumenta de forma notable cuando se dan movilizaciones, lo cual refuerza la imagen negativa que la institución tiene de la protesta social.

El papel del gobierno y las autoridades civiles

El gobierno y las autoridades civiles son los últimos implicados que se señalan en este artículo respecto al actuar policial, dado que la misión del ejecutivo debería ceñirse a los parámetros internacionales y nacionales de protección de derechos y uso limitado de la fuerza, al momento de ejercer un control sobre los hechos ocurridos en las manifestaciones. Sin embargo, esto no ha pasado en el país, se ha dado un apoyo irrestricto a la Fuerza Pública y sus formas de actuar, aún en contra de los comunicados de Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional y la Organización de Estados Americanos.

El gobierno nacional no ha constituido un control civil del actuar policial, por el contrario, parece fortalecer sus acciones e impulsarlo. La defensa de la vida de los policías y el rechazo a la violencia ejercida por las manifestaciones no debe conllevar el negar las actuaciones por parte de las instituciones públicas; ninguna tiene un historial de perfección en sus acciones, lo grave es la postura de las autoridades civiles de desconocimiento o ignorancia que resulta ser permisiva para que estos hechos sigan ocurriendo a nivel nacional.

Comunicados como el emitido por el Ministerio de Defensa, el director de las Fuerzas Militares y el de la Policía, en el que se señala que el actuar de las instituciones ha sido el correcto y que se debe continuar por la misma ruta, lleva a que los policías tengan en su haber una continuación de dinámicas de confrontación. La autoridad civil se ha quedado corta al momento de detener a sus propias fuerzas, teniendo unas dinámicas de desconocimiento que no tienen correlación con las preocupaciones de una democracia.

Por otra parte, pronunciamientos como el del presidente el día 9 de mayo- respecto a la situación en Cali- en el cual se incitaba a los indígenas a volver a sus resguardos, se hacía un llamado a utilizar toda la Fuerza Pública posible y al desbloqueo inmediato de las vías por los medios necesarios; solo contribuye a la continuación de la estigmatización de la protesta de manera oficial (en especial en un grupo como los indígenas) y a la justificación del uso desmedido de la fuerza por parte de las instituciones. Los llamados de las autoridades locales no constituyen per se una garantía de mejora ante los comunicados que se realizan desde el gobierno central, teniendo a Iván Duque como primero en la línea de mando de la Policía Nacional.

Estas posturas han sido reforzadas por el partido de gobierno, teniendo incluso un trino particularmente problemático en el cual se insinuaba el uso de las armas para defender la integridad y bienes contra los criminales vándalos. Esto lleva a una estigmatización de la protesta, ampliando la posibilidad de confrontación al denotar como criminales vándalos a los manifestantes, pero también incluye una coartada para utilizar las armas, no como medio último, sino como una forma más de defender garantías determinadas de los ciudadanos, saltándose los protocolos que se encuentran establecidos respecto al uso de la fuerza.

Asimismo, hay que señalar que instituciones como la Fiscalía han afirmado la infiltración de grupos ilegales al interior de las manifestaciones. Esto termina de atizar el uso de la fuerza por parte de la Policía, dado que se refuerza la mentalidad del enemigo antes que la del ciudadano; se desconoce la gran variedad de dinámicas que se dan al interior de las protestas y que la gran mayoría de la ciudadanía que se moviliza no tienen ningún tipo de relación con el ejercicio de la violencia de forma activa.

Reconocer los problemas para dar soluciones

Este análisis busca sentar un precedente para comprender el actuar policial en medio de las manifestaciones. No se deben ignorar las razones que llevan a que la institución y sus miembros actúen de maneras determinadas, dado que su reconocimiento lleva a plantear posibilidades en cuanto a los cambios que se deben efectuar. En el esbozo aquí efectuado se hacen llamados a cambiar: la institución en su concepción interna, la relación que tienen sus miembros con la comunidad y la forma como los gobiernos ven a la Policía Nacional.

Este es un momento en el que el carácter civil de la Policía debe primar, en el que se deben hacer uso intensivo de los instrumentos de mediación y en el que la autoridad civil debe reconocer sus capacidades para el control excesivo del uso de la fuerza. La violencia no se debe justificar de ninguna manera y se debe brindar la protección de las garantías de todos los miembros de la sociedad colombiana.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/el-uso-de-la-fuerza-en-la-policia-nacional-de-colombia-una-aproximacion-a-las-causas-del-abuso-policial/