Por Fernando Guerra Rincón

Santiago de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca y epicentro del Pacifico colombiano es el núcleo de la explosión de la indignación ciudadana que recorre Colombia con unas características particulares que pueden desbordar todo dique: civiles armados, en ocasiones bajo la protección de la policía nacional según videos que circulan profusamente en las redes sociales y que la policía no ha podido desmentir, abrogándose atribuciones solo circunscritas por la Constitución Nacional a esta institución, agreden a la Minga indígena a tiros, circunstancias que retrotraen este teatro de guerra a las épocas en que indígenas y negros fueron estrujados, despojados de sus tierras ancestrales, confinados a territorios poco aptos para las labores productivas y condenados a una lacerante pobreza. Una situación que no ha cambiado en lo fundamental en los últimos trescientos años pese a algunos avances normativos consignados en la ley 70 de 1973 y sus desarrollos.

La Cali del principio de la tercera década del siglo XXI es el reflejo de la herencia colonial que, a lo largo del tiempo terminó configurando un mapa urbano que muestra una ciudad segregada, con urbanizaciones opulentas rodeados de inmensos bolsones de pobreza, un hábitat muy poco sostenible para los tiempos que corren y que estimula el resentimiento social, una lucha de clases sorda que no encuentra soluciones, siempre aplazadas, mientras los recursos se despilfarran en asuntos baladís como gastarse, en plena pandemia, 13.000 millones de pesos en una feria de Cali virtual, mientras la ciudad contaba sus muertos.

Amplios corredores urbanos como la calle Quinta muestran como la capital del Valle es la más degradada en su ordenamiento urbano entre las grandes urbes colombianas, con casas de uno y dos pisos, descuidadas, ruinosas, donde se nota, sin mucho esfuerzo, la economía del rebusque en tiendas, tienditas, ventorrillos y pequeños negocios de cualquier cosa, que solo confirma que el sistema productivo de la ciudad no ofrece trabajo digno y tampoco ha logrado configurar un sociedad incluyente donde persisten amplias asimetrías sociales y que la revuelta popular ha desnudado en toda su amplitud y profundidad. Las débiles costuras que pegaban el frágil e injusto orden social de Cali quedaron desechas brutalmente.

Cientos de pobres en el centro de la ciudad cubren las aceras en el oficio desagradable de ganarse el pan de cada día en condiciones infames, en una sociedad que los desprecia, los condena, los victimiza. El centenario Barrio Obrero es un testimonio vivo de épocas mejores de Cali, con un pujante comercio y una importante infraestructura industrial, incubadas al calor de la sustitución de importaciones que fue barrida por los vientos de una apertura indiscriminada que empobreció a la ciudad y al país, aniquilando su industria y su agricultura. De ese vendaval solo quedan los cascarones donde antes funcionaban fabricas que alimentaban la bulliciosa vida del barrio que hoy está lleno de pobres.

La ciudad hasta ahora ha sido diseñada en función de los intereses de los dueños de la tierra y de la caña, esa agroindustria que solo ha servido para enriquecer las pocas fortunas que heredaron la tierra como pago a su empeño de someter indios y estrujar negros[1] y que hoy es muy poco funcional a las urgencias climáticas del mundo. Ese afán ciego de peculio transformó el valle geográfico del rio Cauca en una esponja y en un erial verde que ahoga todos los centros urbanos desde las afueras de Pereira hasta Popayán. Cali está rodeada de caña por todas partes, menos de comida. Esta agroindustria acabó la agricultura que antes se daba en ese valle prodigioso y con vitales fuentes de agua.

Por los intereses de los dueños y señores de la tierra, Cali es una ciudad alargada, que busca la caña, beneficiándose de la valorización de la tierra, dificultando la concreción de planes de vivienda popular, enriqueciendo a sus dueños y encareciendo el tendido y la red de servicios públicos contra la tendencia moderna de ciudades concentradas y verticales que minimicen el impacto ambiental.

Cali tira hacia Jamundí en un proceso de conurbación acelerada y a las ciudadelas que se desarrollan a lo largo de la vía le caen las cenizas de la caña en tiempos de quema. Jamundí es un centro neurálgico en el organigrama de las rutas de la droga y presenta un fenómeno muy curioso: el híper desarrollo de su sector inmobiliario, su acelerado crecimiento poblacional y una cruda violencia. En los últimos años el sector de la construcción ha crecido 130%.[2]

Cali acusa el abandono del Estado y la inmensa pobreza de las gentes del Pacifico colombiano y de su litoral que emigran a la ciudad y a su entorno cercano en busca de oportunidades que la ciudad tampoco les brinda y ocupan los barrios de pobres de Siloé, el Distrito de Agua Blanca, Terrón Colorado, Mariano Ramos, verdaderas calderas de descontento social donde se concentran los pobres y los pobres extremos que el último informe del DANE cifra en 934.000 personas que viven con $330.000 y 146.000 mensuales respectivamente, con una enorme informalidad, con un acelerado empobrecimiento de los sectores medios ( 256.000 personas de este sector engrosaron al infernal circulo de la pobreza entre 2019 y 2020) que naufragan dentro de la pequeña fracción de sus habitantes en la opulencia que solo creen que los huérfanos de la fortuna, negros, indígenas, mestizos, blancos pobres, son zánganos, perezosos y vándalos que solo merecen mano dura, bala.

La poca planificación urbana de la ciudad es evidente, reflejo de unas administraciones, tanto a nivel de la ciudad como del departamento, dedicadas a lucrarse del ejercicio de la política, en muchas ocasiones de la mano de la influencia perversa del narcotráfico que sigue influenciado el pacifico colombiano, con Cali como eje articulador de los negocios asociados a esta actividad[3] y cuya ilegalidad complica todo el escenario.

En algún momento las finanzas de la ciudad fueron manejadas por nodos del paramilitarismo que siempre tuvo una muy alta relación con las redes del narcotráfico que no se ha ido de sus radas y, por el contrario, con vínculos con negocios legales, mantienen una presencia menos ostentosa que los viejos capos glorificados como modelo de emprendedores por alguna literatura local pero igual de definitiva.

“El dinero producto del narcotráfico empezó a permear algunos sectores de la sociedad caleña en los noventa. Ante una buena suma de dinero, nadie veía nada ni sabía quiénes eran los responsables de los delitos cometidos. Le dio poder de facto a sus propietarios, quienes lograron inmiscuirse en las elecciones locales, en el sistema judicial y hasta en campañas presidenciales. Y, aunque este fue un fenómeno que ocurrió en todo el país, en Cali encontró un terreno propicio para echar raíces profundas que todavía hoy en día se hacen notar.”[4]

Una subcultura traqueta se mueve en el suelo caleño donde las tensiones sociales son evidentes en una ciudad salvaje y brutalmente armada que explica las conductas de ciertos sectores adinerados contra este justo movimiento reivindicatorio de los sectores más perjudicados con este modelo económico que ha movido los cimientos de la sociedad colombiana y escandalizado al mundo por el comportamiento de las agencias de seguridad del Estado y del gobierno ante la legitima protesta.

Una subcultura traqueta se mueve en el suelo caleño donde las tensiones sociales son evidentes, una ciudad salvaje y bárbaramente armada que explica las conductas de ciertos sectores adinerados contra el paro nacional que ha movido los cimientos de la sociedad colombiana y escandalizado al mundo por el comportamiento de las agencias de seguridad del Estado y del gobierno ante la legitima protesta.

Ver solo vándalos, donde hay un hondo descontento, es una miopía escandalosa que esconde prejuicios raciales y étnicos estructurales que perduran con un modelo económico que hizo metástasis y que definitivamente hay que cambiar por una economía inclusiva que propicie el desarrollo nacional, desarrolle las regiones en parámetros de economía verde, descarbonizada. Es la única manera de contener una confrontación que amenaza con desbordarse.

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[1] Jaime Eduardo Londoño Motta, Lisandro Caicedo: un empresario territorial caucano, en “Empresas y empresarios en la historia de Colombia siglos XIX-XX, 2002, Carlos Dávila L. De Guevara, Uniandes, CEPAL, Norma, Tomo I, Págs. 407-441.

[2] Plan de Desarrollo de Jamundí, 2020-2023, Pág. 39

[3] Así son las rutas de la droga y de la muerte en el suroccidente de Colombia, El Tiempo, 21 de diciembre de 2020, Pág. 1.13.

[4] Cali a comienzos del Siglo XXI: ¿Crisis o recuperación? Banco de la Republica. 2012, Pág. 4

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/cali-una-ciudad-fragmentada/