Por Jaime Alberto Rendón Acevedo

Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales Universidad de La Salle

El paro nacional sigue avanzando, las encuestas van mostrando apoyos, otros sectores llegan a las marchas, a acompañar a jóvenes, sean estudiantes, ninis o trabajadores, también hombres y mujeres que han sentido el salir a manifestarse como una forma de pedir acciones concretas frente a su situación de precariedad laboral y/o de ingresos. En medio de las tensiones por los actos de violencia, totalmente repudiables, que han costado vidas humanas, heridos y desaparecidos, destrozos de mobiliarios urbanos o de patrimonios privados, de la aparición de grupos civiles armados disparando por doquier y llamando a la confrontación civil, las respuestas sociales han sido las de marchar pacíficamente, de la empatía con los más pobres y vulnerables, lo que permite abrir las esperanzas de un futuro mejor.

El gobierno debió retroceder en sus pretensiones de la reforma tributaria o mejor de la Ley de “Solidaridad Sostenible”, un proyecto que ampliaba el espectro fiscal, pero concentrados en los tributos, al fin y al cabo, en momentos donde por la situación económica y social no había espacio para plantearla como se hizo. También citó por fin al diálogo social. La terquedad gubernamental no solo costó la oportunidad de la reforma sino una situación de desgobierno lamentable que nos deja en mala situación política y económica ante la comunidad internacional.

Y ante esto respondieron no solo los distintos partidos políticos, también los gremios, las centrales obreras, las organizaciones sociales, la población que en últimas fue la que salió a las calles y logró que el Gobierno diera marcha atrás. Ante las circunstancias, nada fáciles en el país, que recuerdan las épocas más nefastas que se creían superadas, hoy se requiere de acuerdos sociales que permitan avanzar en torno a la necesaria recomposición de la tributación y también del gasto público.

Así que el proceso debe tener dos momentos. Uno inmediato, la solución de la crisis, y el otro de mediano plazo, el rediseño tributario del país:

En primera instancia hay que solucionar la crisis, y esto se hace con diálogo y con acuerdos sobre elementos fundamentales que le permitan al país enfrentar estas situaciones. Se requiere de la generosidad, pero en especial del restarle a la arrogancia del pretender que se tiene la verdad y el control del camino a seguir. Es hora de asumir responsabilidades frente a la gobernabilidad y a la gobernancia. Las solicitudes de la calle si no se asumen con rapidez van a seguir creciendo al fragor de la rabia. La represión no es una buena salida. A lo que empezó como una exigencia a la sensatez frente al momento de crisis y hambre, se llegan a nuevas exigencias que harán más difíciles los acuerdos. Cada día que pasa es probablemente un alejamiento de acuerdos posibles, con los costos humanos y económicos que esto conlleva. Esto se demostró en la experiencia chilena que terminó en la citación a un proceso constituyente; pero es también lo que sucede en Venezuela, que cada día tiene menos oportunidades de una salida decente, y ha dejado el país destrozado.

Las condiciones para enfrentar la que el gobierno ha manifestado como un imperativo frente a los necesarios ingresos podrían tener las siguientes bases, entre otras posibles:

A. Adquirir los recursos necesarios para mantener los programas de asistencia a las familias y a las empresas. Así continuar con el ingreso de emergencia y lograr llevarlo a la Renta Básica, también los apoyos desde el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) se constituyen en la premisa fundamental de cualquier accionar futuro. Las condiciones de desempleo, pobreza, caída de ingresos y hambre reconocidas en las cifras oficiales hacen que la Renta Básica, de más dinero y más familias a lo que hoy se tiene, sea una condición esencial para salir de la crisis, adicionales al PAEF. No hay que ir muy lejos en los análisis, es lo que están haciendo otras sociedades, incluyendo los EEUU.

Para financiar esto, los mismos empresarios, gremios, centrales obreras, entre otros, han manifestado la voluntad y obligatoriedad para que se congelen, o incluso se eliminen, los beneficios otorgados por la reforma tributaria de 2019 (reducciones de renta y deducción del impuesto de industria y comercio). Esto representaría unos 13 billones de pesos que se utilizarían para los próximos 5 años como fuentes para enfrentar el hambre y la crisis económica. Solo esto financiaría los programas sociales, incluso con ampliaciones significativas frente a lo que hoy se tiene vigente.

B. Se deben buscar otras fuentes de ingresos, sin tocar el ingreso de las familias, pobres, vulnerables o de clase media, por ejemplo: aumentar los impuestos a los dividendos, dejando las primeras 300 UVT exoneradas o con impuesto 0. Esto podría hacerse progresivo, hoy solo pagan el 10%, pagaban el 15% antes de la reforma pasada. Los dividendos de entidades extranjeras si pagan el 32% y se espera llegar al 30% en el 2022. Igualmente se debe mantener el impuesto transitorio de renta a los grandes capitales. Por esta vía se podrían ingresar 3 billones de pesos.

C. Hay topes que se podrían revisar, por ejemplo, el límite del 40% al total de deducciones (esto es sobre medicina prepagada aportes voluntarios a pensión, cuentas AFC, entre otros) que podría disminuirse al 35% y representaría 2 billones de pesos.

D. El impuesto a las bebidas azucaradas sería también de fácil cobro, además de ser inmediato. De acá se podría captar un billón de pesos. Esto sin contar los beneficios en materia de gasto en salud, pero serían a mediano y largo plazo. Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no cobra este impuesto.

E. Se debe hacer un esfuerzo para que los capitales en el exterior tributen en el país, esto es normalizar los activos no declarados, en particular aquellos que andan por paraísos fiscales. Un esfuerzo que podría representar un billón de pesos como mínimo.

F. Se deben corregir y controlar los gastos deducibles en las empresas y las nóminas pagadas en especie con cargo al gasto de las compañías, pero no reportadas como tales. Esto tiene doble efecto, el primero hace que las personas de altos ingresos tributen ante hacienda por un monto menor al realmente devengado; y segundo, que las empresas se tomen como gastos propios lo que debería ser salarios.

Estas medidas que entre otras inmediatas y posibles, incluso se han manifestado ampliamente por diferentes sectores, podrían ser el inicio para permitir los recursos suficientes para atender los requerimientos esenciales, que diversos gremios y analistas han calculado en unos 14 billones de pesos, que ya es la meta del Gobierno, en un reconocimiento tardío de su pésima estrategia de querer salir a recoger de la población 25 billones.

Adicionalmente, el gobierno podría recurrir a alivios financieros que puede concertar con el Banco de la República, esto es posibilitando la utilización de mecanismos como emisión de deuda financiada por el Banco, o la utilización del 20% de las reservas internacionales. Además, es el momento para llamar al refinanciamiento de la deuda tanto interna como externa, que podría incluir una congelación transitoria de abonos a capital.

En otra perspectiva, sin lugar a dudas el Gobierno deberá asumir un plan de choque inmediato para disminuir el gasto fiscal. Estos no son tiempos de compras militares innecesarias, de remodelaciones o infraestructuras superfluas o de gastos de funcionamiento que se podrían evitar sin generar inconvenientes al normal trascurrir del Estado, más aún en tiempos preelectorales.

Solucionada la crisis y con un plan de choque tributario y fiscal, el país puede asumir con responsabilidad la discusión sobre una la estructura tributaria que se necesita, que sea estructural y de largo plazo. Esto es un proceso largo (dos o tres años) en donde la academia debe de asumir un especial protagonismo. Esta tributación tiene que fundamentarse en la equidad, en la justicia tributaria; ser progresiva salvaguardando las personas pobres y vulnerables, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas; y tener un carácter verde, que promueva la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.

Los caminos que se deben emprender no son sencillos, estos jamás han sido fáciles en este país, pero hay que andarlos, con generosidad y con el suficiente rigor, sensatez, empatía humana, política y social. Es la oportunidad para que como país podamos llegar a estos mínimos posibles, a los puntos de partida que nos permitan construir un país en paz, en democracia, donde la vida digna sea posible para todos y todas.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/ahora-hay-que-salir-de-la-crisis-y-despues-construir-una-tributacion-posible-y-viable/