Un desalentador panorama, plantearon los directivos del movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) durante la reunión en la que se llevó a afecto el balance y análisis del primer año de implementación de los Acuerdos de La Habana, a lo que se sumó el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de NNUU Jeffrey Feltman.

Indicaron los excombatientes que “los Acuerdos de Paz de La Habana no han tenido un compromiso del Estado, ni de cumplimiento por el conjunto de la institucionalidad".

En resumen, durante la intervención de los líderes de la organización se indicó que la paz de Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la firma del Acuerdo Final en La Habana. La jurisdicción Especial para la Paz, trascendental componente del Acuerdo, fue desfigurada en los debates del parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes. La Reforma Política se hundió en el convulso mar de la politiquería. No mejor suerte corrieron las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Siguen en prisión más de 600 integrantes de las FARC. La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de la ley de tratamientos penales alternativos para pequeños cultivadores, sin cuya aprobación es imposible poner en marcha los programas de sustitución de cultivos. Sin Reforma a la ley 152 no tenemos un Plan Marco de Implementación; no hay desembolsos para impulsar proyectos productivos, no despega la titulación de tierras y los asesinatos de excombatientes y líderes sociales no cesan.

Sin embargo pidieron a la comunidad internacional y al pueblo colombiano tener certeza, que no obstante las dificultades, seguiremos marchando sobre la convicción de que haber puesto fin al conflicto, es el hecho más importante de las últimas décadas en el país.

Por su parte Jeffrey Feltman, Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos de NNUU, exteriorizó, entre otras, las siguientes apreciaciones:

“Nos preocupa la falta de estrategia de reintegración acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito. Creemos que se necesitan esfuerzos a mayor escala, incluso proporcionando tierras para proyectos productivos. Compartimos la profunda preocupación por los vacíos de autoridad en muchas áreas y la inseguridad resultante para las comunidades a medida que grupos ilegales se movilizan para llenar el vacío. Seguimos viendo asesinatos de líderes sociales y algunos ex miembros de las FARC. Vimos esto trágicamente en Tumaco y me entristeció enterarme del asesinato, en los últimos días, de un ex miembro de las FARC en Antioquia y dos líderes comunitarios en Nariño y Cauca".

Un tercer punto de preocupación han sido las incertidumbres legales, especialmente para los miembros de FARC.

"La decisión de los insurgentes de renunciar a la violencia armada para hacer actividad política pacífica en un contexto democrático, es el corazón del asunto. Ese es el trato, y está en el centro del acuerdo de paz. El no cumplir con este compromiso esencial, después de la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional. Existe una evaluación común de que se debe hacer más para garantizar que se mantengan los logros notables de la primera fase del proceso de paz”.

Adicionalmente el Consejo de Seguridad a través de un comunicado precisa que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, es un documento oficial del Consejo de Seguridad. Respalda la alta instancia internacional lo expresado por el señor Feltman, y pide se acelere la implementación y el proceso normativo en consonancia con lo acordado, al tiempo que reitera la importancia de defender la participación política de las FARC.

En entrevista, el columnista colombiano, Antonio Caballero, expresó lo que es ya una extendida certeza al interior del país:

“Me parece que la realidad política actual es sumamente catastrófica. En mi opinión, lo que fue de la destrucción de los Acuerdos de Paz acabó con lo que venía siendo lo más importante durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Lo único bueno que había sucedido en el país a lo largo de 30 años, lo están despedazando sin ningún sentido. Todo está frenado: las decisiones del Congreso, las conversaciones con el ELN, las conversaciones con los paramilitares. Espero que un día podamos dejar de lado, al fin, la obsesión que hemos tenido con la violencia. Eso nos ha tenido estancados durante medio siglo. Mientras no cambiemos la manera de pensar, las cosas seguirán por el mismo camino”.

El columnista se refirió a una reflexión contenida en La nieve del Almirante del escritor Álvaro Mutis para expresar nuestro sentimiento:

… Saber que nadie escucha a nadie. Nadie sabe nada de nadie. Que la palabra, ya, en sí, es un engaño, una trampa que encubre, disfraza y sepulta el precario edificio de nuestros sueños y verdades, todos señalados por el signo de lo incomunicable.

En su análisis dicen los exguerrilleros que luego del fin del Procedimiento Legislativo Especial, más conocido como fast-track, que buscaba la implementación normativa de aspectos esenciales del Acuerdo de La Habana, base de nuestro futuro, hemos venido presenciando el hundimiento triste del más grande esfuerzo colectivo de los colombianos por lograr la paz, sin que nadie de los que pueden, se atreva, a contracorriente de sus adversarios, a tomar las decisiones que sean necesarias para salvarla.

Lamentablemente ha incidido como una maldición la coincidencia del cierre de las negociaciones de La Habana con el comienzo de la campaña electoral en Colombia. Para nuestra desgracia, el ejercicio sublime de consagrar la paz como derecho superior exacerbó en las cámaras legislativas las más bajas y repudiables conductas de la politiquería: un mercado de transacciones de vicios y de ambiciones, de chantajes al gobierno para votar cada norma, terminaron distorsionando la letra y el espíritu de lo pactado.

De repente, y envueltos en ese torbellino de pasiones desbocadas, la contraparte, es decir las FARC a través de sus voceros de paz en el Congreso, quedaron convertidos en convidados de piedra, y obligados a contemplar desde las graderías con dolor la depredación del Acuerdo de La Habana. Es la verdad pura y limpia.

Deploramos la poca visión y la insensibilidad desplegada por algunos legisladores y agentes institucionales, que no han admitido que la paz es el más elevado de todos los derechos, el derecho síntesis, sin el cual no será posible la materialización de ningún otro derecho, como el de la alimentación, el derecho a tener agua, vivienda, tierra, salud, educación, trabajo, vías de comunicación, buen transporte público, conectividad, tolerancia, y democracia.

Acostumbrados a actuar de espaldas al sentido común, ciertos parlamentarios convirtieron la implementación normativa en un pretexto para renegociar el Acuerdo de La Habana.

Ni siquiera leyeron con atención el punto 6.1.8. Inicio de la implementación del Acuerdo Final, que a la letra dice: “Conforme a lo establecido en el Acuerdo del 7 de noviembre de 2016, el Acuerdo Final será firmado como Acuerdo Especial del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra y depositado tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna.

Entendemos que el Estado, respecto al cumplimiento de lo acordado, ha adquirido unas obligaciones internacionales que no puede ignorar. Por nuestra parte solicitaremos al Consejo de Seguridad en Nueva York elevar una consulta al Tribunal Internacional de Justicia sobre los deberes que adquiere un Estado frente a una declaración unilateral de cumplimiento, respecto a un acuerdo de paz. Igualmente procederemos, como parte, a consultar a la oficina Jurídica del CICR en Ginebra los compromisos que vinculan a un Estado que firma un Acuerdo Especial, como el que busca la terminación del conflicto colombiano. No; esto no debe asumirse como un cuestionamiento al Gobierno, sino todo lo contrario. Es un derecho que tienen las FARC de exigir lealtad a lo firmado, al cumplir ellas el compromiso supremo de dejación de las armas.

Claro está, que las desgracias del Acuerdo de Paz comenzaron con los comunicados de la Corte, que, contrariando su propia jurisprudencia, abrió la compuerta para que todo el mundo le metiera la mano, lanzándolo así al foso de los depredadores para que lo hicieran trizas. En materia tan elevada debió prevalecer la coordinación armónica de los poderes para asegurar la paz y no su autonomía para cambiar arbitrariamente, para asombro del mudo, la geografía de lo pactado.

El Gobierno tiene el deber de defender el Acuerdo de Paz en sus aspectos básicos. Es decir, el Gobierno debe hacer respetar la obligación del Estado de cumplir con lo acordado en La Habana. Las competencias para establecer Acuerdos de Paz y firmarlos se reservan en la Constitución al Presidente, quien únicamente tiene que dar cuenta de ellos al Congreso. Sin embargo, el Presidente ha obviado la utilización de sus facultades para alcanzar acuerdos de paz en orden al respeto y la correcta implementación de lo acordado.

Dentro de esta perspectiva, se puede aún salvar lo fundamental de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP debe mantenerse como jurisdicción para todos los actores del conflicto, sin diferencias odiosas ni rangos de clases, porque esta nunca fue concebida exclusivamente para enjuiciar a las FARC. No se puede vulnerar el principio de igualdad de las partes.

El sistema Integral fue creado para examinar las responsabilidades de todos los actores en el conflicto. Teniendo en cuenta que solamente la verdad puede sanar las profundas heridas ocasionadas por el conflicto, debe ser una obligación para todos ofrecerla de manera amplia y suficiente. No permitamos que la inexequibilidad de la competencia de la JEP sobre terceros civiles o agentes del Estado no combatientes, involucrados en crímenes internacionales, siga dejando viva la impunidad al establecer fueros con extensión a todos los aforados constitucionalmente, reafirmando así la existencia de una casta privilegiada de intocables. Dejarlo de esa manera, sería equivalente a una burla cruel a las víctimas el conflicto.

No se explican cómo en estos momentos se incrementan recursos de inhabilidad política ante el CNE, mientras el gobierno de los EEUU desempolva sus indictments o requerimientos judiciales contra antiguos dirigentes del Secretariado acusándolos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y lavado de activos.

Pidieron al Gobierno del Presidente Santos retirar cuanto antes, mediante acción normativa, el epitafio Requiescat In Pace (Que descanse en paz) que el congreso le colgó a la Reforma Política. Nadie en Colombia pierde la esperanza de tener una democracia amplia y participativa. Deseamos una nueva calidad para el sistema político, abrir las puertas a la participación, recurrir al voto electrónico para sofrenar, o mejor, desterrar el fraude, la corrupción y el clientelismo. La Reforma Política es y será siempre, asunto cardinal para superar las causas históricas del conflicto.

Reiteran su preocupación por el crecimiento, cada vez mayor, de la inconformidad y desencanto de los antiguos guerrilleros en los espacios territoriales por los incumplimientos del Gobierno.

En ninguna parte se ven proyectos productivos en desarrollo que no sean los adelantados por los esfuerzos colectivos de los excombatientes a través de cooperativas fundadas por ellos, aportando los pocos recursos de la bancarización.

Piden al Presidente, ordenar a sus funcionarios espuelear ya el caballo de la reincorporación política, económica y social que desde hace un año esperan los excombatientes. A muchos de los nuestros no les han resuelto todavía el problema de su identidad, y por lo tanto, no tienen acceso a la bancarización.

Le solicitan que rrdene liberar ya a los centenares de prisioneros farianos que continúan presos en las cárceles porque a algunos jueces de ejecución de penas, no les vino en gana hacerlo, los cuales no han recibido ninguna amonestación o sanción por denegación de justicia. Que actualicen las bases de datos de la Fuerza Pública para que no se sigan deteniendo a guerrilleros amnistiados.

Que el cuerpo élite de la policía, creado para proteger la vida de ciudadanos y líderes sociales en los territorios empiece a mostrar resultados. Y si los hay, que se den a conocer. Que sea motivo de preocupación que a un año de firmada la paz llevamos 30 ex guerrilleros muertos, también 11 de sus familiares y más de 150 dirigentes comunitarios asesinados.

Necesitamos tierras tituladas para desarrollar allí nuestros proyectos productivos y de vida. Hasta el día de hoy no hemos recibido el primer centímetro de tierra para ese propósito. Que se empiece a formalizar, sin temor, a los campesinos que actualmente la ocupan y se les de tierra a aquellos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente. Todos queremos ver el inicio de la materialización de los compromisos del gobierno dirigidos a dignificar la vida en el campo.

No desconocen la voluntad del Presidente Santos, Premio Nobel de Paz, en intentar sacar el proceso al otro lado, pero hay mucha burocracia y unos enjambres de asesores que solo saben utilizar la norma, no para solucionar los problemas, sino para agudizarlos. Y no es justo, porque ello solo refuerza el saboteo de la derecha a los esfuerzos de paz. Hemos sido testigos de la preocupación del Presidente por el estado actual del proceso, pero también le hemos dicho, que tiene a su disposición potestades constitucionales para manejar exclusivamente las riendas de la paz. Lo reiteramos: Puede salvarla porque tiene a disposición herramientas legales concebidas precisamente para salvar un proceso de paz.

Señalan el papel de La Fiscalía General de la Nación en contra del Acuerdo de Paz y de la JEP:

El Fiscal ha operado como jefe de bancada de Cambio Radical en el Congreso para conseguir la mayoría de las modificaciones operadas en la JEP, siempre en perjuicio de las FARC. Atendiendo a las solicitudes del Presidente Santos, hasta en tres ocasiones nos hemos reunido con el Fiscal General para “negociar” sus propuestas, pero una vez logrado el consenso el mencionado funcionario salió con nuevas pretensiones que en últimas fueron las que hizo aprobar por el Congreso.

3º.- La Fiscalía ha bloqueado en el Congreso la aprobación de las normas necesarias para otorgar tratamiento de renuncia a la acción penal a mujeres en situación de exclusión social, con cargas familiares, condenadas por pequeños delitos relacionados con el narcotráfico sin carácter violento. Estos tratamientos penales especiales son recomendación de la OEA y así se acordaron en La Habana

La Fiscalía ha impedido la puesta en marcha de la Unidad Espacial de Investigación de crímenes del paramilitarismo contemplada en el numeral 74 de la JEP. Para ello, ha bloqueado las necesarias reformas constitucionales para que esta unidad pudiera funcionar con autonomía dentro de la Fiscalía General de la Nación. Aunque el Fiscal manifestó que estaba de acuerdo con que, para garantizar la autonomía de la Unidad Especial, eran necesarias reformas constitucionales, terminó bloqueando su realización.

Además, introdujo en el Decreto 898 de 29 de mayo, por el que se acordaba la creación de la Unidad Especial en el seno de la FGN –que debía ser complementada con las reformas constitucionales bloqueadas- un título II de reformas de la Fiscalía que va a provocar que la Corte Constitucional declare inexequible todo el Decreto, por haberse introducido en él, materias no previstas para el procedimiento Fast Track. Estas incorporaciones, no consensuadas en la CSIVI, se impusieron con la mala intención de que se declarara inexequible lo relacionado con la Unidad Especial.