Por Camilo González Posso

Ing., Químico, Magister en Economía.

Presidente de Indepaz

El Papa Francisco ha llamado a la conciencia de la humanidad a una gran acción para responder a la crisis climática creada por esta civilización que ha llegado al límite en la destrucción del planeta y de sí misma. Camino a Glasgow, Francisco ha lanzado cuatro retos éticos para afrontar la catástrofe:

• Abordar juntos la emergencia climática y la crisis de la biodiversidad
• Limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y prometer que no se perderá más biodiversidad
• Garantizar una acción global equitativa, incluyendo el apoyo a los más afectados
• Proteger y respetar los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en la acción climática y de biodiversidad.

Lo que está diciendo el Papa, entre otras cosas, es que sí importa la manera como se responda a la crisis y no solo la acción que se autoproclame dirigida a mitigar el calentamiento global. Que la biodiversidad incluye a los humanos y desde esta perspectiva no es ni ético, ni eficaz, ni deseable la respuesta a la crisis climática desde la lógica del darwinismo antisocial, del sálvese el que pueda o de imponer el sacrificio de los más vulnerados y de pueblos indígenas.

Ese mensaje a favor de una acción climática justa y de juntanza es una advertencia ante el riesgo de compromisos y políticas que vienen construyendo nuevas asimetrías y hegemonías en la llamada transición energética llevando a la paradoja de la transición con un extractivismo no renovable que incluye energías renovables.

Para no ir muy lejos ese es el problema que tiene en alerta a las comunidades y pueblos de La Guajira ante la avalancha de multinacionales que están ocupando todo el territorio bajo el amparo de la oferta de viento, sol, cielo, mar y tierra, casi gratis, que ha hecho el gobierno de Colombia. Todo ha sido puesto en venta, con gente incluida que apenas se está dando cuenta de la dimensión del negocio que se esta montando y del cual, si no se redefine el método de ocupación y reparto discriminatorio, otra vez a los pueblos les quedará la hojarasca.

Hablan los jóvenes guajiros

En octubre de 2021, faltando algunas semanas para que se iniciara la cumbre planetaria sobre el cambio climático, un grupo de jóvenes llegaron desde La Guajira a Bogotá para continuar una huelga de hambre que utilizaron como recurso extremo para ser escuchados. Con el último aliento llegaron hasta el Congreso de la República y presentaron su alegato en la plenaria del Senado resumiendo en cinco minutos toda la historia de exclusión, de explotación a la cual han sido sometidos en nombre del progreso y la modernidad.

En el territorio con las mayores apuestas de inversión multinacional en fuentes de energía – dijo el estudiante Luis Lobo – es en donde mueren más niños por hambre en Colombia y en donde se reproduce la pobreza, la falta de agua potable y de escuelas. Agregó Lobo ante el Senado que la segunda ciudad más pobre del planeta es la capital de esta península del Caribe en donde ha operado por 40 años una de las más grandes minas de carbón a cielo abierto del mundo, en donde se ha iniciado el montaje de 2400 aerogeneradores y se espera cubrir todo el territorio con otros 4000, con miles de paneles solares, pozos petroleros en la plataforma submarina y hasta plantas de producción de hidrogeno a partir de gas y carbón.

Las jóvenes huelguistas, respaldadas por una delegación de indígenas, sindicalistas y estudiantes que arribó a Bogotá, mostraron el contrasentido de la entrega de ese territorio a la industria extractiva renovable y no renovable que llega acompañada de nuevas desgracias para la población, corrupción, desterritorialización y discriminación en la distribución del presupuesto de inversión de la nación.

No tuvieron tiempo los jóvenes huelguistas de hambre para explicar ante el Senado las características de esa situación de extremos, pero lograron llamar la atención sobre esta paradoja difícil de escudriñar cuando el gobierno de Colombia se preparaba para llevar a la COP26 (Glasgow 2021) las buenas noticias sobre la transición energética en Colombia respaldada sobre todo por la transformación total de La Guajira en el enclave más grande de energías renovables del subcontinente. La promesa es sustentada por los proyectos en curso y los de la subasta de 2021, que superan 10.000 millones de dólares en inversiones que se pondrán en marcha entre 2022 y 2025.

En esas cuentas no se incluye el hidrógeno (que será tema de otro escrito) ni el proyecto que ya está en marcha para la apertura de otra gran mina de carbón en los predios que fueron del magnate brasilero Eike Batista hasta 2011, luego de inversionistas turcos y que ahora pasaran a manos de inversionistas chinos, según nos informan académicos en la Universidad de La Guajira.

Suena raro que mientras el gobierno colombiano habla en Naciones Unidas y en la cumbre climática COP26 de la transformación verde, se está fortaleciendo no solo la megaminería del carbón sino también la exploración y explotación de hidrocarburos y en especial de gas offshore (en la plataforma submarina de toda la península).

Pero no es tan raro como parece si se tiene en cuenta que, en las subastas realizadas por este gobierno, y por los anteriores, prima el pragmatismo regido por la política de hablar de carbón neutralidad y al mismo tiempo, en estas décadas que vienen, vender carbón a quien lo compre, sea en Turquía, China, India o para las termoeléctricas de invierno en la misma Europa cuando les falte el gas o el sol.

La idea de carbono neutralidad como cuenta de cada país incluye la política de exportar el problema como lo ha dicho ya Arabia Saudita, que se compromete a tener saldo cero internamente y a exportar todo el crudo que pueda en las próximas décadas. Otros países, como es el caso de Colombia, están acogiendo la táctica de las multinacionales que van a ocupar La Guajira para producir energía renovable que, en el mismo sitio, será utilizada para producir hidrogeno quemando carbón y gas. Parte de ese hidrógeno se exporta y se promete que los gases de efecto invernadero que se generan en las nuevas plantas serán capturados y enterrados en cuevas cuando la técnica y los altos costos lo permitan.

Mejor dicho, la energía renovable se convierte en no renovable y se sigue con emisiones de CO2 hasta que los dueños del negocio logren a bajo costo la producción de lo que Trump llamó “el bello y limpio carbón”. Con este artificio y otros similares se mantiene más allá de 2050 la producción de la megaminería del carbón en La Guajira y Cesar.

Según los registros de trámite de proyectos que se pondrán en marcha entre 2021 y 2024, en La Guajira se ubicará 67% de los paneles solares y 75% de los aerogeneradores, lo que agregado al carbón significa el 51% del total del aumento en las fuentes de energía eléctrica en todo Colombia. En las cuentas totales de energía, la energía eléctrica llegará en esta década al 25% y el resto seguirá siendo producción de calor y combustión basada en energía fósil.

Con esas cifras se estima que en 2050 La Guajira podría llegar a ser la proveedora del 60% de todo el incremento de la oferta de energía eléctrica de Colombia. En este proceso el mapa de La Guajira se irá transformando en un entramado de cables enterrados y torres de transmisión que unirán parques, minas, pozos, cruzando nuevas vías y puertos.

Lo que advierten las comunidades de la media y alta Guajira es que en medio de esa maraña de explotación para nuevas y viejas energías las rancherías de los clanes wayuu quedarán atrapadas; el camino de muchas familias ya es la reubicación en centros urbanos y el futuro de la mayoría parece ser el desplazamiento forzado por esta forma de desarrollo.

En las reuniones de discusión sobre la nueva ofensiva de ocupación externa, los wayuu se preguntan por la suerte del hato caprino y ovino que, según el censo agropecuario, tenía en 2014 más de un millón de animales y es la base de la economía familiar. Les preocupa que ese hato ha venido disminuyendo por el cambio en el régimen de lluvias y demanda más espacio e intercambio de uso entre rancherías y ahora, en pocas décadas de megaproyectos, parece condenado a la extinción con las limitaciones del agua, del nomadismo y con las restricciones de movilidad que acompañaran las vías inter-proyectos y los cerramientos de seguridad.

La competencia por el agua es también con los niños y con un millón de habitantes de La Guajira como señalaron las mujeres reunidas en Uribia el 22 de octubre pasado para exigir la protección del Rio Ranchería y el derecho al agua de la población. Han lanzado la alerta por la privatización del usufructo de las fuentes de agua no sólo para la minería del carbón sino ahora para las obras minero-energéticas y el riego de vías. “Hasta el agua destinada al consumo en Uribia y para la distribución en carro tanques a las rancherías se la están llevando para las nuevas construcciones”, dijeron las mujeres al unísono con las organizaciones sociales. “Y para el agua que sacan del mar no respetan las playas y zonas de pesca colocando mangueras sin cumplir las normas”, agregan los pescadores de Manaure.

¿Es posible encontrar una forma de pervivencia del pueblo wayuu con su territorio ocupado por megaproyectos de energía?

Un periodista le preguntó a un huelguista si en suma lo que pedían era que no se instalaran los parques eólicos y solares en La Guajira y el joven le contesto:

No podemos estar en contra de las energías renovables y de la sustitución de las energías fósiles que es de alto interés para la humanidad, pero como se piensa utilizar nuestra casa, nuestro territorio, lo que exigimos es que no se haga a costa de nosotros los pobladores de La Guajira, ni a costa de los pueblos Wayúu y afro de la península; lo que pedimos es que se defina una manera de hacer esas industrias sin el sacrificio de la gente, sin más inequidad y empobrecimiento.

Las peticiones son sencillas para el bienestar de la gente, comenzando por los niños, con garantía de derechos básicos y fundamentales. Hemos solicitado información transparente, oportuna, traducida a wayunaki, y las autoridades se han negado a entregar los documentos de protocolos y avances en consultas que no son ni previas ni libres; toda la documentación de más de 50 proyectos que están en trámite se mantiene en secreto. (Entrevista con periodista de RCN radio el 12 de octubre de 2021)

La desinformación es parte del problema. El viceministro del Interior reconoció en reunión con los jóvenes en la sede de la Defensoría del Pueblo que a octubre de 2021 estaban en curso más de 770 consultas sobre proyectos energéticos en La Guajira, pero han pasado a ser secreto de Estado que se niegan a entregar a las comunidades impactadas directa e indirectamente. Tampoco han entregado los estudios de impacto ambiental, ni los documentos financieros, ni mapas, ni los cálculos sobre daños y compensaciones.

Indepaz ha enviado varios derechos de petición para tener acceso a los protocolos y documentos de las consultas que se han realizado y están en curso, también a los estudios de impacto ambiental de los proyectos de parques eólicos, y después de tres años de gestiones ha sido imposible contar con la información. Desde las entidades responsables se responde con todo tipo de argumentos para no entregar los documentos; incluso acuden a supuestas razones de seguridad que arbitrariamente utilizan para volver secreto lo que debe ser público y de conocimiento de las comunidades y organizaciones.

Lo que reclaman todos los grupos sociales de La Guajira es transparencia en la información, diálogo y concertación de los grandes planes de inversión. Los wayuu y comunidades negras vienen exigiendo que se hagan de buena fe las consultas para el consentimiento previo, libre e informado que ordenan la Constitución y la ley. Es sabido que lo que han debido reconocer los gobiernos desde hace tiempo es el derecho al consentimiento previo de todos esos megaproyectos pues, como señalan normas y jurisprudencia, no basta con hablar de consulta y menos de consultas a posteriori cuando el poder central ha decidido la entrega del territorio ajeno.

El gobierno ha escogido el camino de la imposición, de aprobación de normas, licencias y contratos inconsultos. Es el método de la situación de hecho y de la inseguridad jurídica para los dueños del territorio y para las mismas empresas que están dándose cuenta de los riesgos de meterse en esas inversiones sin un consentimiento de las comunidades y sin contratos justos, públicos e igualitarios. Por lo pronto el desconcierto y el descontento es general. Están multiplicándose los paros y bloqueos en las rancherías en donde se han iniciado obras y no se cumplen ni los pequeños compromisos de los constructores, tal como viene ocurriendo en El Cabo de la Vela.

Pero el derecho a la consulta y a la participación también es reclamado por los sectores guajiros urbanos y de comunidades rurales que no están en resguardos. Las consultas populares han sido recortadas en Colombia para favorecer el extractivismo pero muchos grupos apelan a ellas para reclamar información suficiente en audiencias ambientales de obligatoria realización.

Los jóvenes, mujeres y organizaciones sociales de La Guajira se han dirigido a la COP26 para llamar la atención sobre la urgencia de respuestas justas, democráticas, concertadas, incluyentes y no racistas a la crisis climática. Han respaldado las exigencias del Papa Francisco de una ética en la acción climática y en las estrategias de los gobiernos y de todos los poderes involucrados en las respuestas urgentes al borde del desastre.

¿Será posible que este o el próximo gobierno en Colombia entienda que la llamada transición energética y el avance de las energías renovables tienen que hacerse respetando los derechos humanos incluyendo los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales?

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/colombia-en-la-cumbre-climatica-extractivismo-i-renovable-en-la-guajira/