Por: German Ayala

Hasta que por fin el gobierno de Iván Duque extraditó a alias Otoniel. Sin duda, un logro jurídico-político en la búsqueda de silenciar al criminal de marras y por ese camino evitar un mayor desprestigio del Ejército y de la clase política y dirigente que mantuvo relaciones con el jefe del temido clan del Golfo. Recuérdese que ante la Comisión de la Verdad y la JEP, Dairo Antonio Úsuga David alcanzó a enlodar a generales, políticos e incluso, a dos universidades, que de manera directa o indirecta se conectaron con la operación de la estructura criminal que por más de 20 años manejó el hoy extraditado depredador sexual y narcotraficante.

Como agente uribista, Iván Duque estuvo comprometido con el envío del narco-paramilitar a los Estados Unidos. Su militancia en la secta-partido, el Centro Democrático, lo obliga a mantener la política de extraditar la verdad, evitar que el criminal repare a sus víctimas y venderse, en plena campaña electoral, como una fuerza política que no le tiembla el pulso cuando se trata de someter a la justicia gringa a cualquier criminal que sea requerido por esta.

A lo anterior se suma que había ya varios medios que tenían autorización para entrevistar a alias Otoniel. Con su envío al país del norte, Iván Duque funge como “censor oficial indirecto”, esto es, no censura a los medios como sucede en las dictaduras, pero evitó que los periodistas le preguntaran a Úsuga sobre sus relaciones con militares, políticos y empresarios, cercanos al uribismo. El canal de Caracol, por ejemplo, tenía para mañana preparado un especial periodístico, a partir de la entrevista que daría el jefe máximo del clan del Golfo.

Estamos ante una acción política y jurídica soportada en el terror que le produce al actual gobierno y a específicos agentes del oprobioso régimen colombiano, lo que alias Otoniel quiera confesar sobre esas tenebrosas relaciones entre su estructura narco-paramilitar y agentes estatales y de la sociedad civil.

Quedan dudas del procedimiento legal que al interior del Consejo de Estado se surtió alrededor de la tutela con la que provisionalmente fue detenida la extradición. La rápida preparación del operativo de envío de alias Otoniel y la decisión de fondo del alto tribunal, advertida al país durante el traslado del delincuente, hacen pensar en que hubo presiones de alto nivel para lograr levantar la medida preventiva, pensada inicialmente, para garantizar los derechos de las víctimas del criminal de marras.

De la extradición hay que decir que ya no asusta a los criminales colombianos que son enviados a los Estados Unidos. Los beneficios que reciben de las autoridades gringas confirman que el interés no es castigar a quienes violan las normas americanas, sino hacerse con las fortunas ilegales acumuladas y las rutas del narcotráfico.

Hace muchos años el tratado de extradición con los Estados Unidos perdió la fuerza moral con la que se aprobó, por cuenta de la capacidad de los ilegales para someter, amenazar y asesinar a los jueces que llevaban los casos de varios extraditables en los años 90. Con el envío al país del norte de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Uribe Vélez aportó a la deslegitimación de la extradición. Hoy, ese instrumento sirve para estos propósitos:  el gobierno colombiano busca silenciar a quienes, desde la ilegalidad, están en la capacidad y disposición de probar las finas relaciones que existen entre miembros de la élite política y económica, con organizaciones criminales como el clan del Golfo. Y para los Estados Unidos, este tipo de extradiciones le sirven para extender en el tiempo los procesos de dominación e injerencia en los asuntos internos del país. Pero también, pueden servir para que las autoridades americanas acopien información de primera mano, que será usada para manipular al régimen colombiano, en aras de que los intereses gringos en el país se mantengan a salvo. Con esa información, los Estados Unidos, literalmente, tienen en sus manos a los presidentes colombianos, circunstancia que los obliga a mantener la lucha contra las drogas y aceptar medidas de carácter económico adoptadas desde los intereses americanos en la región y en el país.

Se fue Otoniel con la verdad que acá incomoda a quienes a pesar de que son sus pares y amigos de fechorías, insisten en presentarse como gente de bien y miembros de una élite legítima. Al final de su desastroso gobierno, Iván Duque tomó una decisión que lo acercó más a la figura de su dueño y patrón.  Para este fatuo y sumiso político, extraditar a Otoniel le asegura un lugar especial en las huestes uribistas, siempre prestas a evitar que la prensa informe, a que las víctimas sean reparadas y a que el país sepa la verdad de las andanzas de sus amigotes.

Adenda: la extradición de Otoniel sirve como cortina de humo, con la que el gobierno logra tapar y minimizar el impacto político-electoral del atentado que se estaría fraguando contra el candidato presidencial, Gustavo Petro Urrego, graduado por Duque como enemigo de Colombia.

Tomado de: Revista Sur https://www.sur.org.co/extradicion-de-dairo-antonio-usuga-david-oto-que-se-llevo-la-verdad/