El Tribunal Administrativo del Quindío declaró probado el desacato del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaria, a quien, a través de una tutela fallada el 28 de noviembre pasado, lo había obligado a destinar los recursos necesarios para la realización de la consulta popular minera en el municipio de Córdoba, Quindío.

Cárdenas no cumplió la orden del Tribunal y, por tanto, se promovió contra él una acción de desacato, que prosperó en el Tribunal Administrativo, que, como queda dicho, ha sido declarado probado. El ministro, según el fallo con ponencia del magistrado Rigoberto Reyes Gómez, debe pagar de su propio pecunio una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente mensual, sin perjuicio del cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de tutela, es decir, que debe esa cartera del gobierno nacional proporcionar los recursos para la realización de la consulta popular en Córdoba.

En el numeral cuarto de la sentencia de desacato del Tribunal Administrativo dice que si el funcionario no cumple la orden de facilitar los recursos para la consulta popular, será objeto de nuevas sanciones. Literalmente dice el documento: "El funcionario sancionado deberá acreditar a su vez el cumplimiento del numeral segundo de la sentencia de tutela (destinar los recursos para la consulta), so pena de las medidas sancionatorias a lugar, en caso de que se determine que el mismo no ha sido cabalmente acatado".