Rubén Sánchez David

Una característica de las democracias liberales es la separación y la independencia de las ramas del poder político en aras de un sano sistema de pesos y balances. En Colombia, sin embargo, se constata la existencia de unos organismos de control político a merced y al servicio de la política. La reciente elección del Contralor General de la República reafirma la necesidad de llevar a cabo un debate en profundidad para modificar de fondo la forma de elección de las llamadas “Ías” (Contraloría, Fiscalía y Procuraduría) que no cumplen sus respectivas funciones, casi siempre deudoras de favores a quienes eligen a sus cabezas.

El pasado 18 de agosto, el Congreso en pleno se reunió para ratificar una decisión que estaba cantada después de que los partidos tradicionales inclinaran la balanza hacia el candidato del Pacto Histórico dando un giro a lo que habían anunciado previamente y al cabo de un proceso que dio lugar a distintos cambios que pusieron a prueba el poder del nuevo Gobierno entre los congresistas llamados a elegir a la persona encargada de hacer el control fiscal durante los próximos cuatro años.

El primer gran pulso de la coalición del Gobierno en el Congreso se dio cuando los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, decidieron revocar la lista de diez candidatos elegibles que había sido conformada por el anterior Congreso y dar forma a una nueva lista.

El segundo pulso se dio cuando quedaron dos favoritos a la elección: María Fernanda Rangel y Carlos Rodríguez. Rangel, una abogada con experiencia en el sector público, contó con el apoyo de todos los partidos tradicionales, pero tras el anuncio del candidato por el que votaría el partido de Gobierno se quedó sola. Después de ser la favorita entre los diez finalistas terminó apartándose de la contienda ante el inevitable triunfo de Rodríguez.

El nuevo contralor general fue incluido en la lista de candidatos que competían para hacerse al cargo tras dos sentencias judiciales que encargaron rehacer la lista con base en el mérito, requisito al que se le sumó una entrevista que aplicaron los congresistas a los candidatos. Rodríguez, elegido con 260 votos de 294 posibles – incluyendo los del Centro Democrático – no es de las entrañas del petrismo, pero también cuenta con experiencia en el sector público. Carlos Rodríguez, quien remplaza a un contralor muy cuestionado por su cercanía con los políticos, es abogado y ha ocupado varios cargos públicos. Fue concejal de Palmira, auditor general, director del Sistema de Defensa Pública y diputado del Valle del Cauca. También ha sido socio político de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, destituido por corrupción.

El giro dado por los partidos tradicionales puede parecer sorprendente para muchos. En efecto, días antes de la elección, tanto liberales como conservadores, de Cambio Radical y de la U afirmaban que “Rangel posee todas las cualidades éticas y morales, y cuenta con una amplia hoja de vida que garantiza los colombianos tener en cabeza de esa entidad una persona plenamente capacitada para velar por el cuidado de los recursos públicos y su adecuada ejecución”.

Desde luego, pueden haber influido en la voltereta las investigaciones de Ariel Ávila, hoy senador de la República, quien ha puesto al descubierto conflictos de interés de María Fernanda Rangel y la posibilidad de que Carlos Felipe Córdoba, el contralor saliente, ejerciera una gestión en “cuerpo ajeno”, así como las críticas de algunos medios de comunicación. No obstante, este giro en la elección reciente no es excepcional y se ha dado en ocasiones anteriores. Por ejemplo, hace cuatro años cuando se daba como ganador a Félix Lafaurie y ganó Carlos Felipe Córdoba quien obtuvo el cargo con 203 votos de 270 posibles.

La clave de estos giros tan bruscos se encuentra en un factor muy importante: los congresistas buscan siempre estar con el caballo ganador porque la Contraloría, encargada de fiscalizar los recursos de la Nación es un fortín burocrático que tiene en sus manos más de 4.000 funcionarios y maneja un presupuesto anual que supera el billón de pesos, lo que la convierte en una apetecible y formidable maquinaria para ejercer presión sobre aquellos que debe vigilar, particularmente los gobiernos locales, lo que da lugar a un complejo entramado de pactos y favores políticos.

El lobby petrista consiguió darle la vuelta a la elección de Contralor General y Gustavo Petro se anotó su primera victoria en el Congreso; sin embargo, este triunfo que permite vislumbrar la solidez de las alianzas políticas del gobierno no lo libra de insalvables dilemas. Para ejercer el mando y sacar adelante sus reformas, el Pacto Histórico debe contar con mayorías en el Congreso y para ejercer el gobierno, mantener coaliciones de intereses heterogéneos, pero toda alianza tiene un costo y encierra un riesgo. Poner a muchos de acuerdo es casi siempre imposible.

Ciertamente, el Gobierno tenía más razones para votar contra Rangel que a favor de Rodríguez, pero muchos miembros del Pacto Histórico, comenzando por Gustavo Bolívar, consideran que el actual Contralor representa más de lo mismo. Del mismo modo piensan los que votaron en blanco como Catherine Juvianao quien ha afirmado que “El diseño institucional está mal y se presta a una cantidad de incentivos perversos que le quitan independencia a este ente de control”.

En suma, hay conciencia en el país de que el Congreso no debe tener la potestad para elegir funcionarios de organismos de control. ¿Habrá llegado la hora de convertir la Contraloría General en un Tribunal de Cuentas como sucede en otros países?

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/llego-la-hora-de-reformar-los-entes-de-control-y-sus-procesos-de-seleccion/