El ya famoso fallido teleférico de Buenavista no fue más que un engaño al Estado y un engaño del gobierno que lo ejecutó a una funcionaria de esa misma administración, para liberarse de las responsabilidades legales que implicaba el robo de casi $2.000 millones de pesos.

Después de 13 años de haber sido inaugurado el teleférico y, de inmediato, paralizado porque no cumplía las especificaciones técnicas, el Consejo de Estado anuló (2020) la providencia de la Procuraduría que condenó disciplinariamente por estos hechos a la exdirectora del Departamento Jurídico y de Contratación del Departamento del Quindío Liliana Patricia García Forero.

La Procuraduría, en un fallo del 17 de agosto de 2011 destituyó a la abogada García Forero de su cargo (que para entonces ya no ejercía) pero además la inhabilitó por 14 años para desempeñar cargos públicos, tras señalarla como responsable de la aprobación del precontrato y el contrato para la puesta en marcha de un sistema de transporte por cable en el cerro Las Tres Cruces del municipio de Buenavista, en el año 2007. Ahora el Consejo de Estado ha dicho que la Procuraduría erró en su fallo, violó el debido proceso, y, por tanto, anuló esa providencia, liberando a la abogada García de cualquier responsabilidad.

Historia de una trampa

Con el valor de un abogado que quiere salvar su honor y el de su familia, la jurista Liliana Patricia García Forero se puso en la tarea, en los doce años siguientes al fallo de la Procuraduría, a demostrar su inocencia, y que lo que había dicho en el 2007 era cierto: “Yo no aprobé el precontrato ni el contrato, ni participé en las reuniones con los contratistas, me falsificaron las firmas de los ‘vistos buenos’ que aparecen en esos documentos”.

Las denuncias sobre este sonado caso las puso el abogado Romel Hurtado García, desde el año 2008, tanto en Procuraduría, Contraloría, como en la Fiscalía. Además, Hurtado elevó denuncias sobre muchos otros casos que tienen relación con ese gobierno departamental que tuvo vigencia entre el 2004 y el 2007. Solo la Procuraduría emitió un fallo sobre el tema del teleférico, los otros dos entes de control, Fiscalía y Contraloría, han guardado silencio hasta la fecha.

El denunciante, Rommel Hurtado García fue asesinado vilmente en Armenia el 15 de julio de 2010, por un sicario que después apareció muerto en el hospital San Juan de Dios de esta capital, presuntamente dado de baja por la Policía. Días después se reportó el asesinato de la persona que acompañó al sicario, manejando la motocicleta donde se movilizaba.

El caso, como se recuerda, se dio en el gobierno de la señora Amparo Arbeláez Escalante, que entregó un contrato por $1.642 millones de pesos a la empresa Sistems & Techologie Sistech Ltda, con el objeto de adelantar una investigación piloto para la adaptación de un sistema de transporte por cable en el cerro de Las Tres Cruces del municipio de Buenavista. Ese contrato se calificó por parte de la gobernación como un contrato de Ciencia y Tecnología, para poderlo hacer por adjudicación directa y evadir un proceso licitatorio.

La Procuraduría concluyó en su fallo del 17 de agosto de 2011: sancionar a la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante, en ese momento senadora de la República, con destitución del cargo e inhabilidad por doce años para ejercer cargos públicos; destitución e inhabilidad por trece años contra Luis Ernesto Gil Cardoso, en su condición de secretario de Infraestructura del departamento; y, por último, destitución e inhabilidad por 14 años contra Liliana Patricia García Forero, directora del Departamento Jurídico y de Contratación del Quindío.

La Procuraduría dijo que los funcionarios habían desconocido los procedimientos de concurso y licitación pública exigidos por la ley, pues el objeto del contrato correspondía a uno de consultoría en su primera fase, y a uno de obra civil, en su segunda fase, y no a un contrato de Ciencia y Tecnología, como fue plasmado.

La exgobernadora Arbeláez evadió sus responsabilidades diciendo que había actuado confiada en los criterios de sus asesores, que incluía a la directora del Departamento Jurídico. La directora del Departamento Jurídico Liliana Patricia García Forero demostró que, por decreto, la exgobernadora le había quitado la función misional de revisar los contratos en general. Y, por tanto, ella no había revisado ese contrato.

Ese hecho de quitarle por decreto el derecho de revisar todos los contratos y la falsificación de su firma no fueron tenidos en cuenta por la Procuraduría al momento de sancionar a la abogada García Forero. Nadie le creyó, excepto su familia, que siempre confió en su honorabilidad. Su esfuerzo jurídico para demostrar su inocencia, fue plasmado por la abogada en un pequeño libro que acaba de publicar denominado: Un elefante en el aire, donde revela detalles de este entrampamiento, incluso, a la persona que firmó por ella, que falsificó la rúbrica para que la gobernadora pudiera otorgar este contrato y consolidar uno de los más sonados robos del departamento.

EL QUINDIANO.COM revelará mañana, en la segunda parte de esta historia, los detalles de este entrampamiento, los criterios de la abogada García, su poderosa defensa en el Consejo de Estado, y la identidad del falsificador de la firma que, a decir de la autora del libro, aún anda en los pasillos de la gobernación.