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El Quindío  |  02 noviembre de 2022  |  12:00 AM |  Escrito por: Administrador web

Trampas y falsificaciones en el caso del teleférico de Buenavista, detalles aún no revelados (ULTIMA PARTE)

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Dos hechos enmarcaron la defensa de la abogada Liliana Patricia García Forero, exdirectora del Departamento Administrativo, Jurídico y de Contratación de la Gobernación del Quindío, frente a su destitución e inhabilidad por 14 años proferida por la Procuraduría General de la Nación: ´primero, el decreto firmado por la gobernadora Amparo Arbeláez Escalante que le quitó las funciones a la Dirección del Departamento Jurídico de revisar los contratos; y, segundo, la falsificación de su firma en la aprobación del contrato sobre el teleférico de Buenavista.

¿Por qué razón la entonces gobernadora Ampara Arbeláez emitió un decreto donde se impedía a su propia directora del Departamento Administrativo, Jurídico y de Contratación revisar algunos contratos? La respuesta nos la da la propia afectada, a través de su relato en el libro ‘Un elefante en el aire’. Dice la abogada Liliana Patricia García Forero: “…la exgobernadora Arbeláez Escalante a pesar de conocer la verdad de que nunca hice parte de la celebración de tan irregular contrato, prefirió guardar silencio, sin tener en cuenta que, mediante decreto me había quitado la función misional de revisar los contratos en general…”

Para este caso concreto del contrato con Sistems &Techologíe Sistech Ltda a quien le otorgaron el estudio y construcción del teleférico de Buenavista, toda la responsabilidad legal, jurídica y de contratación se la entregaron a la Secretaría de Infraestructura, la que dotaron de un equipo jurídico para que se encargara de elaborar y aprobar el contrato respectivo con la firma mencionada, compañía que no participó en ninguna selección ni licitación, sino que se le entregó, como se dice, ‘a dedo’.

Y eso queda explicado por la abogada García cuando sostiene: …se les olvidó decir (les recuerda a la gobernadora y a su secretario de Infraestructura) que nunca participé en sus viajes y reuniones secretas para definir la forma como llevarían a cabo el ilícito, y que para que no fuera un obstáculo, convenientemente me habían quitado las funciones de revisión contractual de esa Secretaría (la de Infraestructura).

Ahí pues estuvo el primer entrampamiento, el primer ardid ingeniado por la exgobernadora y sus secuaces para evitar que una profesional del derecho como Liliana Patricia García Forero se enterara de los pormenores del contrato de marras y de las ilegalidades en que estaban incurriendo, por un lado, y del robo que se estaba urdiendo a las arcas del departamento.

La firma falsificada

Sin embargo, todo no terminaba con la exclusión de la directora del Departamento Jurídico de la revisión del contrato. Los ladrones del erario tenían que asegurarse que, si se demandaba el contrato por cualquier ciudadano y llegaba a las instancias de control, había que buscar un culpable, por fuera del núcleo de la exgobernadora y sus amigos en el robo. Por eso, al final del contrato, pusieron lo siguiente: “Elaboró: Juan Carlos Alfaro García (…) Vo.Bo.: Luis Ernesto Gil Cardoso (…) aprobó: Departamento Administrativo, Jurídico y de Contratación. Y en este ‘Aprobó’, la supuesta firma de Liliana Patricia García Forero.

La Procuraduría, en su fallo contra la doctora García, se negó a hacer una prueba grafológica que comprobara si esa era o no la firma de la directora del Departamento Jurídico, y se limitó a decir que el contrato sí había entrado a ese despacho porque aparecía su firma.

 

Prueba grafológica

La demanda de nulidad de la decisión de la Procuraduría llegó al Consejo de Estado, que ordenó la prueba grafológica. “Mi primera sorpresa es que cuando el grafólogo me pidió que escribiera mi nombre y mi firma varias veces, lo hice con la mano izquierda, y todo indicaba que él esperaba que lo hiciera con la mano derecha.  —¿Así escribe usted siempre? ¿Con la mano izquierda? —me preguntó. —Sí, doctor, le respondí, —es que yo soy zurda—. En vista de lo anterior, el perito me hizo escribir varias planas con ambas manos”, relata la abogada García en su libro.

El grafólogo pidió copia de documentos y contratos que la abogada García había firmado cuando ejerció como directora del Departamento Jurídico, lo que fue aceptado por el magistrado en la audiencia, lo que demoraría el proceso unos cuantos años más. Cuando la audiencia se iba a cerrar, y a pesar de haber sido advertida de que no podía hablar en esta vista judicial, la inculpada García Forero pidió la palabra, y el magistrado, conmovido, se la concedió.

“…En este momento lo que quiero es pedirle que por favor compulse copias de manera inmediata para la gobernación del Quindío para que hagan llegar estos contratos. Llevo demasiados años esperando que se haga justicia…”, le dijo en esta audiencia, en el año 2020.

Y añadió: “…el día que nació mi hijo el 16 de agosto de 2011 me enteré que me habían sancionado e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Ese día que era la alegría más grande de mi vida fue manchado por una noticia injusta, arbitraria que fue tomada por la Procuraduría General de la Nación (…) a mí, mi vida me la dañaron no solo los autores materiales de ese irregular contrato, sino unos funcionarios de la Procuraduría, que no quisieron ver mis pruebas, porque al interior de la Procuraduría también hay corrupción…”

En una disertación, en medio del llanto la abogada reveló: A nadie le importó lo que hubo en este proceso, en el que hubo tres muertos que no se ha definido quienes fueron los responsables de esas tres muertes…”

Una de esas muertes fue su propio hermano, que fue asesinado de un tiro certero en una cancha de fútbol de Calarcá, por la misma calenda cuando se denunciaban los responsables del contrato del teleférico. El otro muerto fue el abogado Romel Hurtado, que denunció los hechos del robo del dinero en este contrato del teleférico. Y el último ocurrió por la misma fecha del gobierno de la señora Arbeláez, en la ciudad de Pereira, y que conocía muy bien los intríngulis de esta contratación.

Finalmente, se copilaron todas las pruebas, se hizo el estudio grafológico y se determinó que, efectivamente, la firma de la abogada García había sido falsificada en el documento contentivo del contrato del teleférico de Buenavista. Por tal motivo, como queda dicho, el Consejo de Estado anuló la providencia de la Procuraduría y absolvió de toda responsabilidad a la abogada García.

¿Quién falsificó la firma?

En su libro: Un elefante en el aire, la autora Liliana Patricia García Forero lo relata de la siguiente forma:

“Sé quién fue el abogado que puso un chulo simulando mi firma para embaucarme en un asunto que solo él conocía, todos los que en esa época trabajaron sabían de los viajes a Medellín de la gobernadora y sus áulicos para acordar la forma como contratarían y saltarían la Ley o mejor, la asaltarían…”, sostiene el texto (pág. 12)

Y agrega: “Ese personaje Jaranero, vividor y pedante, aún camina por los pasillos de la gobernación posando de jurista, cuando solo es un pobre hombre acobardado por la necesidad del dinero, arrodillado a las órdenes del caporal de turno…” (Pág. 12).

La investigación penal

Aunque hubo denuncias de carácter penal por parte del abogado Rommel Hurtado ante la Fiscalía General de la Nación, y a pesar de que la Procuraduría en su sanción de destitución e inhabilidad por 12 años a la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante compulsó copias a este mismo organismo de control (Fiscalía), después de 14 años de los hechos, no hay ningún resultado ni investigación penal conocida.

 

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