Carlos Hildebrando Fonseca

El gobierno nacional, a través del decreto 2113 del 1 de noviembre de 2022, declaró situación de Desastre Nacional, cumpliendo con la protección de los residentes del país, que exige la ley 1523 de 2012, que comprende la situación de desastre que sobrepase la capacidad de un municipio o departamento y se constituya en calamidad pública ante la cual hay que garantizar el retorno a la normalidad. La alimentación de las personas, especialmente las más débiles es prioritaria. La causa proviene de un fenómeno de la Niña atípico, que en realidad es prácticamente triple por su duración de más de un año, superando ya el de 2010-2011, y del paso del Huracán Julia por la Guajira y San Andrés y Providencia

La primera pregunta que surge es obvia: ¿sí estaban dadas las condiciones para declarar la emergencia y desastre nacional? Veamos los antecedentes: En mayo la NOAA, la administración nacional atmosférica y oceanográfica de los Estados Unidos advirtió que estábamos ante una temporada de huracanes ( que va de junio 1 al 30 de noviembre), con una probabilidad del 65% superior a la normal; coincidiendo con ello el IDEAM alertó sobre 22 departamentos que presentan una amenaza moderada a muy alta de inundaciones y crecientes súbitas y con una probabilidad alta de deslizamientos de tierras en 519 municipios en 24 departamentos.

La unidad nacional de gestión del riesgo y desastres expresó que teníamos una emergencia por el fenómeno de la niña contemplando la información de agosto 2021 a 28 de octubre del 2022, pues el balance fue de 864 municipios en 32 departamentos con 3569 emergencias que afectaban a 645.930 familias personas lo cual significa 196.100 familias con 5207 viviendas destruidas y 106.574 viviendas afectadas.

Adicionalmente, el paso del huracán Julia por la Guajira generó grandes daños mientras que en esta ocasión produjo pequeños daños en San Andrés y providencia. Por su parte el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres informó sobre la afectación de 227 puentes vehiculares, 110 puentes peatonales, 295 acueductos, 20 centros de salud, 228 sedes educativas, 45 centros comunitarios.

50. UPRA; unidad de Planeación Rural y Agropecuaria señaló que alrededor de 21.800 hectáreas de cultivos agrícolas, justamente de maíz, café, plátano, papá, arroz, aguacate, Palma de aceite, yuca, banano y cacao, en 25 de los 33 departamentos de Colombia, se declararon zonas de pronóstico de precipitaciones severas. En esos territorios habitan 12.326.000 cabezas de ganado bovino y existen 193.000 hectáreas de cultivos permanentes afectados y 37.046 hectáreas de cultivos transitorios: esto significa aproximadamente 975.000 toneladas de productos permanentes y 235.000 transitorios que nos forzarían a importar más alimentos en una coyuntura muy crítica de inflación y de desabastecimiento internacional. Por su parte Invías señaló 1.130 emergencias de la red vial en 27 departamentos y 39 puentes de la red nacional de vías en 13 departamentos.

En la vigencia de 2022, según la parte justificativa del nuevo decreto, La UNGRD, unidad nacional de gestión del riesgo y desastres, ha invertido hasta el momento 389.441.692.000 pesos y 19 gobernaciones y 225 alcaldías han declarado la calamidad pública. Todo lo anterior significa una multitud de solicitudes de apoyo de ayuda humanitaria de emergencia alimentaria, no alimentaria, de subsidios por pérdidas agropecuarias, de vivienda de necesidad de maquinaria amarilla, entre otros, todos items amparados por la ley 1523 del 2012, qué instruye que ante la declaración de desastre de carácter nacional y cuando se presenten efectos adversos en 1 o más departamentos y su impacto rebase la capacidad técnica y los recursos de las administradores de departamentales y municipales involucrados o cuando pueda afectar económicamente a la nación de manera grave, es procedente declarar desastre de carácter nacional.

Es entonces demasiado obvio que el gobierno tomó la decisión correcta y ahora es importante ver qué medidas tomó y como se abordarán. En la parte resolutiva del decreto se presentan en 7 artículos, la declaratoria como tal del régimen especial, que decreta que las obras de reconstrucción no requieren licencias urbanísticas y que la transferencia de recursos principalmente se enfoca en esta fase en el acceso a insumos agropecuarios para los productores de alimentos y la ampliación del PAE; programa de alimentos escolares, lo cual nos parece absolutamente focalizado. Igualmente, el artículo cuarto del decreto 2113 del 1 de noviembre del 2022, esboza un Plan de Acción Específico, dirigido a la seguridad y soberanía alimentaria con enfoque diferencial, con perspectiva de género y reconociendo las diferentes realidades territoriales.

Se plantean para ello 3 grandes estrategias enfocadas no solo en corregir a corto plazo problemas evidentes sino también a sentar las bases de una reconstrucción y recuperación sustentable en el tiempo que garantice la resiliencia ante futuras situaciones en la medida de lo posible:

– La primera estrategia es la Respuesta Humanitaria y comprende a su vez cuatro grandes líneas de acción; la primera es la de servicios generales para garantizar el acceso de toda la población al apoyo gubernamental; la segunda es hambre cero y empleo de emergencia; la tercera es la de subsidios para los agro insumos para la producción de ciclo corto; y la cuarta atiende las emergencias viales más evidentes.

– La segunda gran estrategia se compone a su vez de 5 líneas de acción: la primera es garantizar los derechos humanos fundamentales y los medios básicos de vida; la segunda es muy interesante por cuanto se enfoca en la recuperación de los sistemas cenagosos y de los humedales para garantizar la amortiguación de las crecientes, respondiendo a la visión de ordenar en torno al agua de la administración Petro. La tercera se dirige al almacenamiento y distribución de los alimentos mediante cadenas locales de suministro, en lo cual confiamos que las organizaciones locales jueguen un papel trascendental, transparente y leal con su propia población; la cuarta se refiere a la relocalización temporal de población de ser necesario, y la quinta se enfoca también al restablecimiento de la conectividad en todas sus dimensiones con énfasis en acceso a información y las telecomunicaciones.

– La tercera gran estrategia tiene igualmente 5 grandes líneas de acción y se refiere a la adaptación y a la recuperación del buen vivir, en un sentido de mediano a más largo plazo para garantizar que la acción no es sólo remedial y corta en el sentido temporal. La primera línea busca consolidar la economía productiva para la vida; la segunda línea profundiza la recuperación de ecosistemas y el ordenamiento territorial alrededor del agua la tercera se enfoca en los centros públicos y adquisición y comercialización de alimentos aunque ya se había contemplado en la primera estrategia pero esta profundiza la cuarta línea se refiere a hábitat sostenible atendiendo los problemas de vivienda y de servicios básicos y finalmente la quinta línea se refieren nuevamente a la red vial comunitaria para alimentos.

Todo lo anterior, a cargo de la unidad nacional de gestión del riesgo y desastres, apoyado por el fondo de adaptación que creó la ley quinta ley 1955 de 2019 y que tiene como mandato la ejecución de proyectos integrales de reducción del riesgo y de adaptación al cambio climático. El Ministerio de Hacienda debe conseguir todos los recursos necesarios, que son manejados a través de una subcuenta que se llama Colombia vital, que puede recibir también apoyos internacionales, que se espera se puedan conseguir con la gestión diplomática que despliegue Colombia tanto para esta emergencia como para el tema de los “bonos verdes” y del cambio de Deuda Externa por protección de la naturaleza, que muy posiblemente planteará de nuevo el presidente Petro en la COP 27, la conferencia de las partes, o Cumbre del Clima.

Todo lo anterior nos indica por lo menos 3 grandes retos:

– El primero es lograr adaptarnos más rápidamente al cambio climático, pues la frecuencia e intensidad de los desastres aumentará muy probablemente especialmente en los países en el del hemisferio sur que son los que menos producen los gases de efecto invernadero y quienes más los sufren.

– Lo segundo es salir del inmediatismo de las soluciones de emergencia y empezar a trabajar cada vez más en una visión de sustentabilidad y resiliencia que ataque los problemas en su origen como es el caso de la deforestación de las cuencas altas y la perturbación de los sistemas de ciénaga que han sido desecados por la práctica de la ganadería extensiva, de manera muy equivocada, puesto que una hectárea de ciénaga en buen estado produce anualmente alrededor de 1200 kg de proteína, entre peces, moluscos y crustáceos, mientras que esa misma hectárea de ciénaga desecada para la ganadería solo produce alrededor de 80 a 120 kg hectárea- año ; desafortunadamente la contaminación, la sedimentación originada por la pérdida de cobertura vegetal de las cuencas andinas , están afectando rotundamente las ciénagas.

– Lo tercero es trabajar con las comunidades locales; existe una profunda relación entre proteger y manejar adecuadamente los ecosistemas y la seguridad alimentaria y calidad de la vida de los habitantes; por eso el reto es mucho más grande del que pensamos puesto que tenemos que trascender de obras físicas de ingeniería qué limitan el paso de aguas como los diques y volver a pensar en una civilización anfibia que sepa manejar claramente las estaciones o periodos anuales de lluvias y secas , tal como Orlando Fals Borda lo indicó. Para ello se requiere entender mucho más profundamente la dinámica socio ecológica de un país anfibio en el cual el 30% de su territorio es inundado de manera permanente o periódica por ciénagas pantanos y humedales de muchas características como los morichales en la Orinoquia, tal como lo demostró el proyecto GEF Magdalena Cauca que acaba de terminar exitosamente bajo la coordinación de la Fundación Natura.

Solo en la medida en la cual avancemos en dicho conocimiento podremos convertir las emergencias en estrategias de adaptación y de uso más sustentable del territorio la tercera a consideración es la de incorporar soluciones novedosas tanto tecnológicas como organizacionales e institucionales ante las situaciones de riesgo y desastre que tendremos cada vez con mayor frecuencia debido al cambio climático y en ese sentido debemos propiciar y ser muy receptivos a los innovadores privados y colectivos, comunitarios y solidarios, para explorar nuevas formas de solución.

A título de ejemplo, existen ya en el mercado sustancias coloidales o no coloidales que se mezclan con las arcillas expansivas que existen en muchas de nuestras vías terciarias y permiten una consolidación de estas arcillas de tal manera que ofrecen una capacidad portante muy alta y de manera permanente esto puede resultar no solamente en la reducción de costos muy significativa sino también en la garantía de contar con comunicación permanente durante todo el año lo cual para las comunidades es una ganancia en su calidad de la vida y en su buen vivir. Así mismo, los materiales de las viviendas, de los centros de salud y de las escuelas e instituciones escolares, pueden ser ideales para instalar y comprobar nuevas tecnologías y nuevos materiales de construcción que usan principalmente los recursos locales y la mano de obra y talento y solidaridad de los habitantes de los territorios de cada territorio.

Otro ejemplo interesante sería el de la aplicación los “ASAS”, alcantarillados sin arrastre de sólidos, como soluciones de sanitarias más económicas pues ahorrarían el 50% de los costos de un alcantarillado convencional y además removerían el 50% de la carga de contaminación antes de la planta de tratamiento de aguas residuales, ya que son la combinación talentosa de pozos sépticos comunicados entre sí por tuberías de poco diámetro y poca pendiente que saldrían al sitio en donde habría que poner una planta de tratamiento de aguas residuales, que sería mucho menor que las convencionales, puesto que los pozos sépticos son un tratamiento muy importante de las aguas residuales en sí mismos.

El gobierno Petro está demostrando de manera progresiva que está consolidando una organización coherente y sincronizada y coordinada para cumplir progresivamente la propuesta de gobierno. Hoy 3 de noviembre amanecimos con la buena noticia de la aprobación por parte del Senado del presupuesto nacional para el año 2023 y de normas más exigentes contra la evasión y elusión de los impuestos que serán de carácter progresivo en general, con algunas excepciones que deben entenderse como el costo lógico de una negociación dentro de la política, y no como una confrontación violenta a la cual estábamos acostumbrados. El reto de la atención del desastre es gigantesco y Javier Pava que ostenta tanto el cargo de director de la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres como el de director del fondo de adaptación, cuestión que nos parece muy coherente para unificar los esfuerzos en el sentido de no separar lo urgente de lo importante y lo emergente y crítico de lo de más mediano plazo y de soluciones más profundas, tiene ante sí un gran reto , difícil y complejo, pero muy excitante y profundo, en la medida en la cual respondamos adecuadamente en esta emergencia del fenómeno de la niña que ya supera la experiencia del 2010-2011. Sabemos que podrán mostrarle al país el camino correcto y transparente para enfrentar y adaptarnos al cambio climático de manera idónea, creativa, solidaria, empática y así marcar una enorme diferencia con anteriores administraciones.

TOMADO DE REVISTA SUR

https://www.sur.org.co/fenomeno-de-la-nina-oportunidad-de-cambiar-el-rumbo/