La Procuraduría Provincial de Armenia ordenó la terminación de la actuación y en consecuencia dispuso el archivo definitivo de las diligencias adelantadas en contra del alcalde de Calarcá Luis Alberto Balsero y otros funcionarios de su administración, tras investigación por presuntas irregularidades en un contrato para la compra de mercados para atender la emergencia del Covid-19 en el 2020.

La denuncia en contra del alcalde había sido instaurada por el comerciante Abelardo de Jesús Echeverry Penagos, indicando que le habían hecho firmar un contrato para el suministro de alimentos por $15 millones de pesos, pero en la ciudad circulaba un contrato de $396 millones de pesos, con el mismo objeto, que él no suscribió.

La Procuraduría comprobó que no solo el señor Echeverry, del supermercado El Progreso, firmó, sino que ejecutó parte del contrato por el mayor valor, $396 millones de pesos, luego de ser favorecido con este por haber cotizado el precio más bajo por unidad de mercado que se iba a repartir entre las personas más necesitadas y aisladas a razón del Covid-19. Contrato que después fue suspendido por el gobierno local. Además, que también firmó el primer contrato de $15 millones, que era diferente, porque pedía el suministro de materiales de aseo y desinfección. En otros términos, eran dos contratos con objetos diferentes.

La Procuraduría también exoneró de cualquier cargo a los funcionarios José Winser Garzón Tobaria, Juan José Correa Lopera, Gesner Arneth Rengifo Arias, y las señoras Laura Estefanía Arenas Arias y Natalia Vanessa Castillo Martínez, en sus calidades de  secretario administrativo, subsecretario administrativo, jefe de la oficina asesora jurídica, secretario de servicios sociales y salud y contratista del municipio de Calarcá, departamento del Quindío; para la época a la que se contraen los hechos.

El abogado Fabio Peláez Pardo actúo en este litigio como defensa del alcalde Luis Alberto Balsero.