Por Jhon Jairo Hernández Montilla

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial a partir de la ocupación de la Alemania de Hitler por los vencedores, por un lado, estaban los aliados (Gran Bretaña, EEUU) y por el otro la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, (URSS). Así sin saberlo, se incubaba un nuevo conflicto global. Dos bloques se enfrentaban en un conflicto ideológico: por un lado estaba el capitalismo y su ideal de progreso, por el otro el comunismo científico con su propuesta de una internacional socialista obrera. Esto provocó que el mundo se dividiera en dos bloques, inicia el enfrentamiento entre dos bandos, había comenzado la Guerra Fría.

Aunque había vientos de guerra no era sensato para ninguna de las potencias militares permitirse una confrontación militar directa, ya que había un nuevo factor en el ajedrez del tablero global. Ya que durante la Segunda Guerra Mundial tanto Estados Unidos como la URSS habían logrado desarrollar armas nucleares, y ya EEUU las había usado en contra de Japón, hecho que provocó su rendición inmediata después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Con esta acción militar se había demostrado el devastador poder de destrucción que tenían estas armas que en un abrir y cerrar de ojos borraban una ciudad completa de la faz de la Tierra dejando a su paso destrucción total.

Estos antecedentes provocaron lo que algunos autores denominaron el equilibrio mediante el terror o trampa Hobessiana, donde ningún país se atrevía a atacar al otro, no movidos por el pacifismo y menos por el humanismo sino porque cada uno sabía que ante el menor ataque directo vendría un contraataque, el cual no dejaría piedra sobre piedra. 

En vista de estos hechos, las potencias militares victoriosas de la Segunda Guerra Mundial decidieron enfrentarse por medio de terceros y es en ese marco donde Estados Unidos impone a los países que estaban bajo su esfera de influencia el concepto de seguridad nacional, donde el papel de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea, Naval y Policía), no era enfrentar amenazas externas sino que ahora la seguridad nacional estaba amenazada por el llamado enemigo interno, los cuales impulsaban la destrucción del Estado liberal y buscaban imponer la agenda del comunismo internacional, con el propósito destruir el capitalismo de mercado, y acabar con la propiedad privada sobre los medios de producción.

Esta amenaza hizo que las diferentes agencias de inteligencia de EEUU impulsaran en América Latina un plan de intervenciones militares a diferente escala, denominado como: el Plan Cóndor; el cual no era más que un proyecto internacional que buscaba poner a los países del continente bajo el férreo control de dictaduras militares, tal como fue el caso de: Chile, Paraguay, Brasil, Argentina durante los  años 60,70 y 80. Y donde no gobernaron por medio dela bayoneta pusieron en el poder a gobiernos títeres que sometieron a sus Estados al servicio de las corporaciones multinacionales. Y aunque se mostraban como gobiernos democráticos, en esos países se crearon unas verdaderas políticas de terrorismo de Estado donde el enemigo era cualquier organización civil que cuestionara el orden social establecido; por lo tanto, no se veía la protesta como una muestra de inconformidad ciudadana sino por el contrario como parte de una agenda insurreccional que pretendía derrocar al poder establecido.

Es en este marco que nace lo que se conoce como: la doctrina de seguridad nacional o del enemigo interno, la cual fue impulsada en Colombia por el Tío Sam por medio de la Escuela de las Américas, una institución donde eran enviados para recibir instrucción los altos mandos militares del país. Esta escuela instruía a los oficiales en técnicas de tortura, desaparición forzada, asesinatos masivos, y en realidad más que una institución de adiestramiento militar era un centro de formación para el terrorismo de Estado.

Fue por influencia de esta formación que en Colombia surge la doctrina contrainsurgente, la cual luego dio lugar a la creación de grupos paramilitares en la década de los 80. Para ello trajeron a ex agentes de la Mosad israelí como el mercenario Jair Klein para adiestrar estos grupos, todo esto sucedió en la democracia más vieja del continente, de esa forma llama la oligarquía colombiana el régimen de privilegios y de inequidad social que ha gobernado el país por siglos.

Si bien Colombia nunca tuvo una dictadura militar como otros países del Cono Sur, a lo largo y ancho del territorio nacional hacían fila los crímenes de Estado. Uno de los hechos más recordados de esta época de terror fue el politicidio de la Unión Patriótica –UP-, donde más de 5000 mil miembros de un partido político fueron exterminados con apoyo del Estado colombiano. Fue por estos hechos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado en el caso denominado la UP contra Colombia.

Lo que se pudo demostrar fue que detrás del exterminio de los militantes de este partido político de izquierda hubo un plan sistemático orquestado desde las altas esferas del poder en Colombia que tenía como único propósito aniquilar una fuerza política en razón a sus postulados ideológicos. Este plan criminal fue posible llevarlo a cabo solo por medio de una tenebrosa alianza entre organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares.

El enemigo del Estado

La doctrina de seguridad nacional aún imperante en Colombia, se basa fundamentalmente en preparar a las fuerzas militares para enfrentar todo descontento social no como una inconformidad ciudadana, sino como parte de una acción subversiva que busca derrocar a los poderes constituidos por medio de una insurrección popular; por tanto, los que protestaban no son vistos como civiles sino como lo que ellos denominaron por décadas como: “grupos de apoyo al terrorismo”. Esa consideración de ver al pueblo como enemigo permeó todas las instituciones del Estado creando una matriz perversa donde se enfilaron las acciones de los organismos de seguridad en contra de asociaciones de periodistas, ONG, colectivos defensores de Derechos Humanos, dirigentes políticos de partidos de izquierda, con todo esto, se dio paso a la criminalización de la oposición política.

Esto llevó al país a vivir casos aberrantes como lo que sucedió con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una policía política que dependía directamente de la presidencia de la República y que fue responsable de verdaderos actos de terrorismo estatal, como documenta el libro Chuzadas, la investigación de la Corte Suprema de Justicia y todo esto ratificado por las recientes declaraciones en la audiencia de Justicia y Paz del ex jefe paramilitar preso hoy en Estados Unidos, Salvatore Mancuso, el cual declaro:

“Los directores del DAS en muchos departamentos eran puestos por las autodefensas, muchas operaciones paramilitares fueron en compañía de agentes de esta institución, incluso se realizaron falsos atentados para generar un clima de inseguridad y aumentar la popularidad del gobierno, y se llegó a diseñar planes para atentar contra dirigentes políticos, también se realizaron operaciones para hacer montajes para asociar a periodistas como fue el caso de Hollman Morris con grupos guerrilleros”.

Fueron tan graves los hechos descubiertos en las investigaciones contra el DAS, que en 2013 al presidente Juan Manuel Santos no le quedó otra opción que ordenar la liquidación de este organismo de inteligencia, y de esa decisión surge la Unidad Nacional de Protección, Migración Colombia, y el Departamento Nacional de Inteligencia –DNI-.  

Antes de las declaraciones de Mancuso ya se sabían muchas cosas gracias a investigaciones como las del libro la Parapolítica, elaborado por la Cooperación Arco Iris dirigida en ese momento por León Valencia y posteriormente el papel del DAS en los años del terror estatal salieron a la luz por el libro del periodista Julián F. Martínez Chuzadas, “ocho años de espionaje y barbarie”. En esta investigación se conoció la existencia de un grupo llamado el G3, el cual realizo operaciones en contra del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, el DAS denominó esta operación como “Transmilenio”, lo que hicieron fue inteligencia y operaciones psicológicas en contra del presidente Alirio Muñoz y varios de sus colaboradores.

Por otro lado, también el DAS se concentró en perseguir al periodista Hollman Morris que en ese momento dirigía el programa Contravía, el nombre de esta operación ilegal fue “Puerto Asís”; también ejecutaron una operación denominada “Cascabel” en contra de la Comisión Colombiana de Juristas, a su vez los tentáculos del DAS llegaron hasta atacar a los magistrados de las altas cortes por medio de la operación denominada “Paseo I y II. Como si fuera poco dieron la orden de perseguir a líderes sindicales, políticos de oposición como Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Wilson Borja, por citar solo algunos de los nombres de personalidades perseguidas entre los años 2002 y 2010.

Durante las declaraciones de un jefe paramilitar en el año 2008 ante fiscales de Justicia y Paz, alias el “Iguano”, declaro:

José Miguel Narváez ex subdirector de inteligencia del DAS, instigó a Carlos Castaño para que asesinara al periodista Jaime Garzón, crimen ocurrido el 13 de agosto de 1999, y lo acusó también de estar tras el secuestro de la senadora Piedad Córdoba, plagio ejecutado el 21 de mayo de 1999 por los paramilitares.  

Guerra contrainsurgente

Producto del conflicto armado todos los organismos de seguridad estatal entraron en la lógica de la doctrina de la guerra contrainsurgente, por ello cuerpos como la Policía que siempre han sido por regla general en el mundo de naturaleza civil y que trabajan por la convivencia y la seguridad ciudadana, con el tiempo en Colombia la Policía Nacional empezó a especializar cuerpos en la lucha contrainsurgente, es el caso de los Escuadrones Móviles de Carabineros –EMCAR-, los Comandos Jungla, y la creación del Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD-, grupo de choque que más que un grupo anti motines era prácticamente un escuadrón de guerra urbana.

En el caso de las Fuerzas Militares también se dio un cambio y es que toda la capacidad operativa de esta fuerza se dirigió a combatir a la guerrilla y lo que ellos denominaron los grupos de apoyo al terrorismo; los segundos eran cualquier organización o persona que se atreviera a cuestionar la doctrina de seguridad nacional, ya que se asumía que criticar la forma de operar en este caso del Ejército, era prácticamente ponerse de lado de la guerrilla, y lo que en realidad se buscaba era atacar la legitimidad de esta fuerza con el único propósito de reducir su capacidad operativa a la hora de enfrentar al enemigo interno.

Por esta razón la inteligencia militar se centraba en blancos civiles en contra de los cuales emitía lo que se conocía como ordenes de batalla, y con esto prácticamente esas personas u organizaciones eran declaradas enemigos del Estado, y ante los cuales no se podía tener ningún tipo de consideración.

El cambio de narrativa

Fue solo a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc en 2016, que comenzó un rediseño institucional a nivel de las Fuerzas Armadas, las cuales fueron sacadas de forma gradual de la lógica de la doctrina del enemigo interno y se empezó a trabajar para que  asumieran que la inconformidad social era producto de situaciones sociales y no obedecían a un plan organizado por grupos ocultos que buscan derrumbar el capitalismo de mercado por medio del uso de las armas, con la perspectiva estratégica de la toma armada del poder político.

Para hacer ese cambio se creó el COTEF (Comando de la Transformación del Ejercito del Futuro), el cual buscaba preparar al ejército asumir las nuevas amenazas globales que enfrentan los estados, y tenían como colofón la creación de una nueva doctrina para las Fuerzas Militares denominada como: la Doctrina Damasco, esto implicaba un cambio en los manuales de operaciones de las FFMM, y poco a poco se iban creando las bases para pasar a una nueva doctrina de seguridad que pusiera al Ejército en la capacidad de hacer frente a las amenazas multidimensionales del siglo XXI.

Siempre la seguridad se ha visto como un asunto de Estado y no se ha considerado el factor de cómo viven las poblaciones que habitan un territorio, ha sido por ello que el Estado colombiano ha sido incapaz por tantos años de garantizar el control de amplias regiones del país. Y a pesar de ser zonas altamente militarizadas, quienes manejan las dinámicas de la vida cotidiana son los grupos armados organizados –GAO-, ejerciendo una gobernanza criminal, haciendo que la presencia estatal sea meramente figurativa. Es por esta situación que en la actualidad la CICR (Comisión Internacional de la Cruz Roja), que en su último informe denuncio que en Colombia en la actualidad hay seis conflictos armados persistentes de tipo regional, los cuales constituyen una amenaza para los derechos humanos de la población que vive en esas zonas, se denuncia también desplazamiento masivo de población, asesinatos, secuestros y desapariciones de personas, todo esto como medio para imponer el terror y ganar autoridad los actores armados.

La transición a la seguridad humana

Con todo lo expuesto anteriormente queda demostrado que el concepto de seguridad nacional está basado en la doctrina del enemigo interno, y este, esta imbuido en todos los organismos de seguridad del Estado colombiano, por tanto ante las nuevas dinámicas políticas esta doctrina debe ser revaluada, ya que esta fue pensada en el marco de la Guerra Fría entre EEUU, la URSS, y Cuba, donde la guerra no solo era en contra del comunismo internacional, sino también se declaraba como enemigo al pueblo porque todo acto de protesta o reclamo al estado era un acto subversivo. Y se consideraba que lo único importante para el gobierno era controlar el territorio a través de la presencia represiva del Estado, entendida esta como Fuerzas Militares y de Policía incluidos juzgados, fiscalías.  

Esta lógica de seguridad había olvidado la presencia del otro Estado, ese ausente en gran parte de la Colombia profunda, el que tiene que ver con todos los aspectos del Estado Social de Derecho, por lo tanto; hay que cambiar el modelo de seguridad que solo piensa en cuidar infraestructura y a los generadores de riqueza dejando de lado la seguridad de la gente que vive en territorio.

Es en este punto donde se encuentra un nuevo concepto para abordar la seguridad y es el de Seguridad Humana, la cual atañe la seguridad de los individuos y de las comunidades más que a la de los Estados y comprende el respeto de los derechos humanos como desarrollo humano. Este nuevo enfoque fue desarrollado por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), y se plantea que la seguridad va más allá de la seguridad de un territorio frente amenazas internas y externas.

Desde este nuevo enfoque se ha pensado la seguridad, no solo como ausencia de violencia física, sino el vivir en una sociedad libre del miedo, tener los derechos fundamentales garantizados, por tanto, la Seguridad Humana, se ocupa de atender a los factores de vulnerabilidad en una población tales como hambre, desempleo, desescolarización, analfabetismo, desnutrición infantil por citar solo algunos; donde en las zonas rurales son predominantes casi todos, y eso hace presa fácil a la población de caer en las garras, de organizaciones criminales que ante la falta de un Estado Social de Derecho que cumpla con su deber de protegerlos frente a las amenazas, terminen cooptados por grupos criminales que terminan por convertirse en el Estado en esas zonas. 

Ahora hay un nuevo gobierno en Colombia encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez que tienen como bandera la Seguridad Humana y plantean una nueva forma de relacionamiento entre la población y las Fuerzas Militares y de Policía, consideran no solo la seguridad en términos de cuidado de vías y custodia de infraestructura, sino pensada desde una serie de políticas sociales de choque contra el hambre, por ello se trabaja desde el Congreso por impulsar la reforma rural integral, mejorando por fin las condiciones de vida del campesino, será entonces para este nuevo gobierno la garantía de la primacía de los Derechos Humanos el objetivo fundamental del Estado en todo el territorio nacional.

Nota: Atacan al gobierno montando cortinas de humo para distraer sobre los temas importantes. Este es un humilde aporte intelectual para llamar al presidente de la Republica Gustavo Petro a que mire al departamento del Quindío, ya que acá hay reflexiones que quizás desde Bogotá no se han hecho porque no basta la ideología para afrontar los retos que tiene el país, es necesario potenciar los centros de análisis y crear un tanque de pensamiento.