La Fiscalía Segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que investiga al gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas y a la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante por la cesión y apropiación ilegal de un lote de terreno en la franja del llamado estadio Guillermo Jaramillo Palacio de Calarcá, dijo que el avalúo de este bien público esta cercano a los $12.600 millones de pesos.

En otros términos, según la audiencia de imputación de cargos a Arbeláez y Jaramillo, los delitos que se les imputan: Prevaricato por Acción, Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, Fraude Procesal Continuado y Peculado por Apropiación Agravado, están relacionados con la cesión y apropiación de un bien público que tiene ese precio en el mercado: $12.600 millones de pesos.

La Fiscalía reveló que el bien que había sido cedido para el cumplimiento de un objeto social sin ánimo de lucro, lo convirtieron en un bien comercial, pues había servido como garantía en un préstamo que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Avanza le hizo a Abrazar, por tanto, había dejado de ser un lote sin ánimo de lucro para ser netamente comercial.

Adicionalmente, varios líderes comunales y deportistas de Calarcá habían denunciado que la Asociación Abrazar venía ‘explotando’ comercialmente el bien que estaba a su cargo, obteniendo réditos económicos por arrendamientos parciales de lugares del estadio de Calarcá.

Su uso como bien comercial se hizo desde el 2008 y hasta el 2022, cuando fue devuelto al departamento del Quindío por orden judicial. El lote quedó hipotecado por el crédito adquirido por Abrazar con la Cooperativa de Ahorro y Crédito, que empezó en $20 millones de pesos, pero se extendió a varios cientos de millones, y que aún se adeuda.

Como se sabe, tras una Acción Popular impetrada por el ciudadano Jesús Antonio Obando Roa, un juez de la República ordenó en 2022 devolver este bien, en manos de Abrazar desde 2008, a la gobernación del Quindío, por haber sido traspasado violando el artículo 355 de la Constitución Política Colombiana, que prohíbe donar a título gratuito los bienes públicos.

Dentro de lo ordenado por el juez en la devolución se exige que se le retire la hipoteca que pesa sobre el mismo, lo que no ha sido posible aún, pues el director de la Oficina de Registro Público de Calarcá no ha cumplido con lo pedido por la autoridad judicial. La semana pasada, hubo un nuevo requerimiento, para que se retire esa hipoteca que pesa sobre el bien, que debe quedar libre de todo gravamen, tal como fue entregado hace 15 años, de forma irregular por la gobernación.

Otros vinculados

Otras personas podrían quedar vinculadas a la investigación, pero ya no en la Corte Suprema de Justicia como la exgobernadora Arbeláez y el gobernador Jaramillo, sino por la justicia ordinaria. Se trata del para entonces presidente de la duma Jhon Bairo Cohecha Salazar y el secretario general de la Asamblea, Humberto Delgadillo Quiceno, que firmaron el documento que hablaba de la cesión de los 19.527 metros, y no la aprobada por la duma que indicaba que la cesión era de solo 700 metros. Así mismo, de los 11 diputados de la Asamblea Departamental, podrían ser objeto de investigación aquellos que votaron positiva la Ordenanza que autorizó a la gobernadora Arbeláez ceder el lote.