Hasta la fecha, en el sonado caso de la cesión ilegal del lote del estadio de Calarcá, perteneciente al departamento del Quindío, a la Asociación Abrazar en el 2007 solo están investigados y con imputación de cargos, la exgobernadora Amparo Arbeláez y el actual gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas.

Esa cesión, violando el artículo 355 de la Constitución Política Colombiana que prohíbe la cesión o donación a título gratuito de los bienes del Estado a particulares, fue hecha a través de la Ordenanza 025 del 2007 aprobada por la Asamblea Departamental del Quindío. En este sentido, los diputados que aprobaron dicha ordenanza también serían investigados por la Fiscalía General de la Nación, según la compulsa de copias realizada por el juez que el año pasado decidió, tras resolver una Acción Popular, devolverle el bien al departamento del Quindío, después de ser usufructuado por 15 años por Abrazar.

Los diputados que aprobaron ese ‘regalito’ son los siguientes: Javier Cardona, Rubén Darío Castillo Escobar, John Bairon Cohecha Salazar, Wilson Rúa Bedoya, Efraín Sáenz, Libardo Antonio Taborda Castro, Bernardo Valencia, Luis Emilio Valencia Díaz, Jorge Augusto Llano García y Julio Ernesto Ospina. Solo uno de ellos ya no está entre nosotros, Emilio Valencia Díaz, quien murió recientemente. De 11 diputados que hacían parte de la duma, 10 votaron positivamente la Ordenanza 025 de 2007. Solo una diputada, la exgobernadora Belén Sánchez Cáceres se abstuvo de hacerlo.

Como se sabe, la Ordenanza autorizó ceder un lote de 700 metros, pero finalmente la cesión que se hizo fue de una porción de 18.527 metros del predio conocido como estadio Guillermo Jaramillo Palacio. A la fecha no se conoce el inicio formal de investigación por parte de la Fiscalía contra los diputados, a pesar de estar implicados directamente en la violación a la ley en este asunto.