Jaime Alberto Rendón Acevedo
Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) Universidad de La Salle
Alegría con las reformas que pasaron los debates respectivos en el Congreso. En el país no solo se reconocen los derechos de las y los campesinos como sujetos de protección especial, sino que la jurisdicción agraria marca nuevas rutas en torno a las discusiones de propiedad y títulos. Frente al tema de tierras también hay una reforma que el país se ha negado y que apenas comienza el debate: los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Veamos cada asunto:
Junio es el mes del campesino y de la Campesina. El primer domingo de junio fue una fiesta. En todos los municipios del país se realizaron encuentros, homenajes y reconocimientos. En Bogotá estuvimos con la Radio Nacional de Colombia, celebrando no solo este día sino los 10 años del programa El Campo en la Radio, un espacio de y para los campesinos y campesinas que merece toda mi consideración, al ser, como decían ellas y ellos mismos, lugar de acompañamiento, de información, pero ante todo de formación. Esto demuestra que la Radio sigue siendo un medio muy potente para la fortalecer la ruralidad colombiana.
También sobresalió ese día la presencia del SENA quien en sus 33 regionales y con un gran evento transmitido para todo el país, originado desde Duitama Boyacá, no solo se le presentó al país la Estrategia CampeSENA, que busca “promover el reconocimiento de la labor del campesinado colombiano, fortalecer su economía y facilitar el acceso de esta población a los diferentes programas y servicios del SENA, con justicia social, ambiental y económica”, sino que ya se comenzaron a certificar los saberes agropecuarios de las poblaciones campesinas, facilitando con ello no solo ese reconocimiento sino la participación en otros programas del Sena, para acceder a nuevas formaciones y recursos.
En estos días también iniciaron sus estudios de ingeniería agropecuaria o ingeniería agronómica 80 jóvenes, en la sede de utopía de la Universidad de La Salle, que ya cuenta con 380 egresados. Se trata de mujeres y hombres: campesinos, indígenas, afros, raizales, provenientes de las diferentes regiones del país. Completamente becados, y que deberán terminar sus estudios con un proyecto productivo en su territorio, igualmente cofinanciado. Se trata de capacidades y oportunidades desde y con la juventud rural, más que una utopía, una realidad que se ha constituido en una oportunidad de innovación e inclusión social y económica, pero, ante todo, es un laboratorio comprobado de convivencia y construcción de paz.
De otro lado, en el Congreso se la República se expidió el Acto Legislativo No. 254 de 2022 Cámara – No. 019 DE 2022 Senado, por el cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, modificando el artículo 64 de la Constitución Nacional que queda de la siguiente forma y que bien vale la pena citar el texto en extenso:
“Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa. El campesinado es sujeto político de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales.
El Estado reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado, así como aquellas que le sean reconocidas y velará por la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos, con el objetivo de lograr la igualdad material desde un enfoque de género, etario y territorial, el acceso a bienes y derechos como a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.
Los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular las fundadas en su situación económica, social, cultural y política.”
La norma también estableció la creación de un trazador presupuestal que permita el seguimiento al gasto y a las inversiones para la población campesina. Así mismo, se deberán crear las instituciones que garanticen el goce efectivo de los derechos e incluso la propiedad aún en casos de retiro de una colectividad.
Después de tantos años de insistencia, de tantas luchas, resistencias y muertes, esto se constituye en uno de los logros de mayor relevancia para el campesinado. Y como si no fuera suficiente, aun con la oposición de amplios sectores, también fue aprobada la Jurisdicción Agraria y Rural (acto legislativo 035/2022 Senado – 173/2022 Cámara), se trata de un acto legislativo que permite no solo el cumplimiento de uno de los puntos sustanciales hacia la Reforma Rural Integral, acordada en los diálogos de La Habana, sino que posibilitará la asignación de más recursos humanos y materiales para destrabar los temas de tierras y por ende posibilitará la restitución de derechos a tantas familias campesinas víctimas de procesos violentos de usurpación de sus propiedades.
Quedan en el camino algunas reformas que impactarán de manera positiva al campesinado, como la salud, la pensional y la laboral, pero ante todo, debe ser la oportunidad para que, como se ha insistido desde otros espacios, se pueda aclarar en el país el acceso a la propiedad por parte de personas naturales y jurídicas extranjeras, esto que sin duda debe ser objeto de otro análisis, se refiere a la modificación del artículo 58 de la Constitución Nacional, y debe ser la forma de garantizar el control del país al patrimonio natural, ambiental, pero también a la protección a la soberanía alimentaria. La Inversión Extranjera tiene límites en otras latitudes, incluso en las economías más desarrolladas, y no solo se refiere a la propiedad industrial sino a la propiedad de la tierra, a las zonas de fronteras y a las áreas de protección ecológica.
Así que son tiempo para la esperanza. “Quien dijo que todo está perdido” … desde el campo renace la vida para ofrecer más que el corazón, un país real y potencial. Es hora de juntarnos todos para cerrar las brechas existentes, por hacer del campo, sus gentes y sus labores, propósitos nacionales que nos cohesionen con proyectos concretos de futuro. Los caminos seguirán siendo pedregosos, pero ya se va demostrando que es posible.
TOMADO DE REVISTA SUR
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