Gracias a la gestión de la Procuraduría General de la Nación, adelantada a partir de fallos de tutela e incidentes de desacato, se logró que las autoridades del Quindío comprometieran 2.500 millones de pesos para garantizar la ubicación en condiciones dignas de las personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata.

El compromiso fue asumido por los alcaldes de 12 municipios del departamento, incluyendo Armenia, así como por la gobernación, luego de varias reuniones de seguimiento y visitas a esos lugares por parte de los procuradores judiciales penales del Quindío, adscritos a la delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales, donde verificaron las graves condiciones de hacinamiento sufridas por los PPL, que a mayo llegaba al 430%.

La intervención y gestión de los procuradores judiciales penales fue adelantada en los últimos tres años, tiempo en el cual radicaron tutelas e incidentes de desacato en las que pidieron la adopción de medidas para reducir los índices de hacinamiento, así como garantizar los derechos a la salud, a una vida digna y acceso a los servicios básicos de los PPL.

Como resultado de esa labor, los alcaldes y el gobernador se comprometieron a aportar recursos, que en total suman 2.500 millones de pesos, para la adecuación de un predio de propiedad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, en el que se construirá un pabellón con capacidad para 280 personas.

Además, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, en reunión sostenida con representantes de las entidades territoriales del Quindío y a la que también asistió la delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales, indicó que comprometió una partida de 18 mil millones de pesos para adelantar, entre otras obras, la construcción del pabellón, trabajos que ya fueron iniciados.