Judicializados cuatros sujetos que fueron capturados por tres hechos aislados de extorsión en Armenia y Circasia.

Las denuncias de las víctimas permitieron que agentes de la Policía Nacional en el Quindío, adscritos al Grupo Gaula, los sorprendieran en flagrancia y procedieran a arrestarlos.

El primer caso ocurrió sobre la avenida Centenario de la capital quindiana, frente al centro Comercial Flora Plaza, donde fue detenido un individuo, de 31 años de edad, en momentos en que recibía la suma de $500 mil pesos, que le venía exigiendo a su propio padre a cambio de no atentar contra su vida y la de sus demás familiares, pidiéndole adicionalmente un celular. Cabe mencionar que la víctima ya le había hecho entrega de $5 millones de pesos a través de trasferencias y consignaciones debido a las fuertes amenazas. Así mismo, se supo que el sujeto se encuentra indicado por el delito de violencia intrafamiliar.

El siguiente hecho se presentó en el parque Sucre de Armenia, donde fue capturado Ánderson Ríos Pabón, quien a través de llamadas y mensajes venía intimidando a un comerciante de la central mayorista Mercar, haciéndose pasar por integrante de un grupo armado ilegal, para así exigirle el pago de $10 millones de pesos para no atentar contra su vida y la de sus seres queridos. El sujeto, de 22 años de edad, fue sorprendido cuando se disponía a recibir el dinero. Se supo que Ríos Pabón tenía un brazalete del Inpec, ya que se encuentra purgando una condena por el delito de hurto calificado y agravado.

Finalmente, en el municipio de Circasia fueron aprehendidos Rubén Darío Cortés Restrepo y el extranjero Alexánder De Ávila Guignan, quienes le venían haciendo exigencias económicas a una persona de la comunidad LGBTIQ+ a cambio de no publicar situaciones íntimas con los mismos y de no atentar contra su vida. Los extorsionistas fueron sorprendidos en flagrancia en vía pública del barrio San Vicente cuando recibían $500 mil pesos.

Así, los cuatro implicados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación que los llevó ante jueces con funciones de control de garantías para las audiencias preliminares, en las que legalizaron sus capturas, les imputaron cargos por los delitos de extorsión agravada y aunque ninguno los aceptó, los involucrados en los dos primeros casos fueron enviados a prisión de manera preventiva, mientras que los otros dos fueron afectados con medida no privativa de la libertad.