La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al quindiano Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a una pena de 5 años y 7 meses de prisión como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad continuado.

También le impuso una multa de 139.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días.

La Corte le negó a Bernardo Moreno la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria. En consecuencia, ordenó librar la orden de captura en su contra, la cual se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme.

Los hechos por los cuales Bernardo Moreno fue condenado sucedieron cuando fue director del DAPRE, cargo que ocupó entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010.

La Corte determinó que, estando en ese cargo, influenció indebidamente en cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas allegadas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla.

Todo esto como retribución para la entonces congresista Yidis Medina por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo n° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata.

Así, personas recomendadas por Yidis Medina fueron nombradas en cargos públicos en la Red de Solidaridad Social (RSS), en ETESA, el SENA, y en notarías.

La sentencia señala que, producto de un “pacto ilegal”, Bernardo Moreno influyó indebidamente para que se hicieran esos nombramientos, pese a que “sabía que una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos”.

“Manifestación de ello fue su intromisión en asuntos internos de las entidades directamente o a través de sus asesores, el envío de las hojas de vida con su visto bueno, las llamadas telefónicas realizadas a los directores de la Red de Solidaridad Social y del SENA, a las Presidentas de ETESA y al Superintendente de Notariado y Registro, las citas que procuró a Yidis, la atención directa a esta, ocasión en que le presentó a sus recomendados y las reuniones en “voz baja” en Presidencia de la República para tratar sobre las componendas prometidas para “pagar” los votos de la reelección (…)”, consigna la sentencia de Primera Instancia.