Está sólidamente fundamentado que el consumo de azúcar contenido en diversos alimentos, y en particular, muchas bebidas industrializadas, masivamente consumidas, contribuye en buena medida al grave fenómeno de la obesidad, principalmente infantil y juvenil, con el alto riesgo que esta conlleva de enfermedades cardiovasculares y metabólicas graves, de difícil y costoso manejo.

Un sistema de salud racional, que hace énfasis en la atención primaria, en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, debe estimular conductas de vida saludables, y desestimular aquéllas que no lo son. Medidas que, prioritariamente deben ser de carácter educativo para conducir a cambios culturales, de tal modo que los individuos conscientemente cuiden de su salud y procuren el buen vivir. Sin embargo, también existen medidas que hacen parte de los condicionantes de la salud y que son de carácter económico, establecidas por diferentes Estados con el objetivo de promover o desestimular conductas; en este caso, conductas que tengan que ver con la salud de la población, la carga de enfermedad y, por ende, los costos del sistema.

Teniendo esto claro, La Corte Constitucional avaló el cobro de impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados establecido en el artículo 54 de la reforma tributaria del Gobierno nacional, la cual fue aprobada en 2022 por el Congreso de la República, la medida entrará en vigencia desde el 1 de noviembre de 2023 y su objetivo será recaudar alrededor de $3 billones de pesos.

¿Cuánto subirán las bebidas ultraprocesadas azucaradas?

El impuesto dependerá del contenido en mililitros y la cantidad de azúcar de cada producto.

El valor definido de impuesto es de $18 pesos por cada 100 ml para los productos mayores a 6 gramos y menores a 10 gramos de azúcar. Y de $35 pesos por cada 100 ml para los que superen los 10 gramos de azucares añadidos.