Carolina Corcho Mejía

Exministra de salud, médica psiquiatra

La Paz total ha sido el concepto que ha utilizado el actual gobierno para proponer que en Colombia se superen todos los conflictos, guerras y violencias que se llevan a cabo por parte de diversos grupos armados al margen de la ley, es decir, poner en marcha un proceso complejo que combina la negociación política con actores a quienes se les reconoce su naturaleza política y un proceso de sometimiento a la justicia para otros actores armados. En ese sentido se pueden distinguir tres tipos de grupos: Los que tienen reconocimiento político, entre los que se encuentran la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional), las disidencias de las FARC-EP denominados el Estado Mayor Central y los rearmados de las FARC que se denominan la segunda Marquetalia. Un segundo grupo que operan en el marco del paramilitarismo en donde se encuentran el Clan del Golfo y los Pachengas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para definir este grupo apelaremos al concepto de Bisagra acotado recientemente por la Jurisdicción Especial de Paz, en el cual estos grupos tienen funcionarios que operan para el Estado, sin que sean reconocidos oficialmente, pero ejercen funciones ilegales en coordinación con sectores de la fuerza pública y organismos del Estado. El carácter político de estos grupos paramilitares ha sido negado en reiteradas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia desde el proceso que dio origen al tribunal de Justicia, Paz y Reparación. El tercer grupo lo constituyen las bandas ligadas al narcotráfico que operan fundamentalmente en zonas urbanas como lo son los grupos de Buenaventura, el Valle de Aburrá y Quibdó que mantienen diálogos con el gobierno.

Dada la diversidad de origen de estos grupos armados ilegales, el marco jurídico y el tratamiento político debe ser diferenciado, en ese sentido, el gobierno nacional presentó un proyecto la ley  que fue aprobado por el Congreso de la República y que es la ley 2272 de 2022,  declarada exequible por la Corte Constitucional con modulaciones en el comunicado del pasado 29 de noviembre, en el cual se reconoce el marco general de la paz total, no obstante declaró inexequible las facultades que el Congreso otorga al Presidente de la República para establecer el marco de sometimiento a la justicia con grupos sin reconocimiento político, en donde se indica:

“la Sala Plena insistió en que buscar el sometimiento de la criminalidad organizada de alto impacto constituye una finalidad legítima dentro de nuestro marco constitucional, y se encuadra además en la facultad del Gobierno de definir las rutas de su política de paz. Sin embargo, precisó que el amplio margen de discrecionalidad del presidente para superar las situaciones de violencia generadas por estas estructuras debe ejercerse de acuerdo con los términos de desmantelamiento y sometimiento a la justicia definidos por el Legislador.” (…) “Adicionalmente, la Corte concluyó que, para garantizar el principio de separación de poderes, es necesario que exista un marco normativo que rija el sometimiento de las EAOCAI, el cual debe ser definido y desarrollado por el Legislador, con base en el amplio margen de configuración del que dispone” (1)

Esto implica que se valida el marco general para establecer las negociaciones con los grupos con reconocimiento político, pero se insta a que sea el Congreso de la República quien defina el marco jurídico para el sometimiento a la justicia de los otros tipos de grupos armados ilegales. Al respecto, las exploraciones que se han hecho con los grupos armados de Antioquia han mostrado que algunos expresan que les asiste el interés de aplicar a un sometimiento a la justicia, en donde estarían dispuestos  a entregar sus bienes y recursos financieros para reparar a las sus víctimas en un 90%, a las comunidades afectadas por su accionar delictivo, pagar pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años, además de suministrar verdad que permita el desmantelamiento de las estructuras criminales. Esto implica que el Congreso de la República se aboque a escuchar estas posibilidades que ofrecen estos grupos criminales, no porque tenga un carácter de negociación política, sino porque cualquier política pública que expida el legislador, debe tener la aspiración a ser eficaz, debe lograr movilizar la voluntad de estos grupos criminales a someterse a cesar la violencia contra la ciudadanía, a detener más amordazamiento y derramamiento de sangre. Esta es una aspiración legítima del Estado social y democrático de derecho que no debería admitir posturas moralistas inanes, que sólo coadyuvan a perpetuar la muerte y la violencia.

En cuanto a la apertura de una mesa de negociación con el grupo armado ilegal con reconocimiento político denominado la Segunda Marquetalia, negociación que cuestionan algunas voces opositoras incluidos voceros del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos que adelantaron el proceso de paz con las FARC-EP por considerarlos “traidores” del acuerdo de paz, esta encuentra su justificación en el informe preliminar que presentó recientemente Antonia Urrejola, delegada por Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para responder a la solicitud realizada por el canciller Álvaro Leyva y ratificada por el Magistrado de la JEP Roberto Vidal, quien interpuso una serie de denuncias penales ante la Fiscalía por obstáculos que ha presentado para cumplir su función, lo que incluye el caso de Santrich que compromete a varios funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.

El informe preliminar de Urrejola que será presentado en su totalidad el próximo 24 de marzo de 2024, señala que ha habido inestabilidad jurídica para los ex combatientes de las FARC, existe un recrudecimiento de la violencia y existe la necesidad de una oficina de alto nivel que coordine la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. Pero tanto las denuncias penales de la JEP contra funcionarios de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez como el informe preliminar de Antonia Urrejola indican que en el caso de Márquez y Santrich habría habido un entrampamiento urdido por la Agencia de Drogas de los Estados Unidos con la Fiscalía de Colombia lo que de alguna manera habría llevado al rearme de este sector de las FARC. Ello daría justificación para abrir una mesa de negociaciones con esta facción rearmada que se autodenomina Segunda Marquetalia.

Los avances en el proceso con el ELN y las disidencias de las FARC-EP

Por lo pronto se avanza en el proceso de paz con el ELN en México que será retomado el próximo año en Cuba, en donde ha habido varias dificultades, la primera tiene que ver con la renuencia que hasta ahora había presentado el ELN de renunciar a la práctica del secuestro, situación que tuvo mayor relevancia con el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, bajo el argumento de que esta es una de las formas de financiación de la guerrilla, esto abre la discusión en torno a qué se hace con el financiamiento de estas estructuras guerrilleras durante el período de negociación, cuales serían los criterios y reglas que se establecerían para que el gobierno solicite apoyo internacional respecto a este tema.

El otro elemento es la renuencia del ELN a reconocer a la Jurisdicción Especial de Paz, tribunal de justicia transicional del acuerdo de paz con las FARC-EP, como una posible institucionalidad que asuma la aplicación de justicia ante un posible acuerdo, dado que en el marco del conflicto con el ELN ha habido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que en el marco de la justicia internacional no son amnistiables ni indultables. El tercero tiene que ver en cómo se acota el proceso de participación de la sociedad que propone el ELN, para que esta arroje unos temas concretos que serían objeto de la negociación. Algunos críticos del proceso han señalado que las mesas instaladas con el ELN se limitan por lo pronto a prolongados tiempos para definir la metodología, sin que se haya señalado siquiera algunas agendas temáticas concretas que serían objeto de la negociación.

La crisis suscitada por el secuestro del padre del futbolista parece haber tenido un buen desenlace por lo pronto, dado que la mesa negociadora que finaliza el quinto ciclo de diálogo en ciudad de México, en donde el ELN se compromete a suspender lo que denominan “las retenciones con fines económicos” en el marco de la prolongación del cese al fuego hasta finales de enero del 2024, con condiciones de veeduría y verificación de ese cese al fuego. Allí también se comprometen a reanudar las mesas de participación de la sociedad, que ha sido una de las condiciones que ha puesto siempre el ELN en cada uno de los procesos que se han intentado con ellos. Esto activa otra vez los ánimos en medio de una racha de pesimismo de quienes afirmaban que era inviable un proceso de negociación con esta guerrilla, proceso que no deja de ser complejo. Lo que se espera es que, con el nuevo consejero de paz, Otty Patiño estas negociaciones adquieran método y un sistema de monitoreo de los acuerdos suscritos entre las partes.

En cuanto a las disidencias de las FARC que se denominan Estado Mayor Central -que son estructuras muy diversas en donde existen disidentes del acuerdo de paz de las FARC, reincidentes, y nuevos reclutas, que son dirigidos por Iván Mordisco- iniciaron el 8 de octubre conversaciones en Tibú, en donde se pactó un cese al fuego por tres meses sujeto a verificación, que no implica la suspensión de las acciones de la fuerza pública contra las economías ilegales. Contrario a lo que se hacía en anteriores procesos de paz, en donde se escalaba la acción militar para obligar a que se llevara a cabo el diálogo, en la paz total es lo contrario, se apela al silenciamiento de las armas como una manera de generar un ambiente y mostrar una voluntad dialogante. En esta negociación debe haber un mayor avance en cuanto a temas concretos territoriales, existen sobre la mesa asuntos como la sustitución de cultivos ilícitos, los temas de ambiente, seguridad, desarrollo sostenible, despojo, con una protocolización y gestión de la verificación por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas, pero esto debe llevarse aún a una agenda más concreta. Un punto de partida para acotar esta agenda debería ser el acuerdo de paz con las FARC-EP, de los cuales son disidentes, bajo la pregunta de qué fue lo que los llevó a la disidencia del acuerdo, estos podrían ser los puntos para negociar en este proceso.

A manera de conclusión, para las nuevos ciclos, al ELN se le debería solicitar información de las personas que tienen secuestradas, que es una práctica inaceptable, y como muestra de buena voluntad debería pactarse un calendario de liberaciones, lo que daría un mensaje de solidez al proceso de negociación frente a la sociedad colombiana, además de aclarar cuál es su postura respecto a la justicia transicional y el sistema de verdad, justicia y reparación para acotar este tema que es central en este proceso de negociación que sea compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que hoy no permite las amnistías ni los indultos para los crímenes de guerra ni para los delitos de lesa humanidad.

En cuanto el Estado Mayor Central, el punto de tensión es el Cañón del Micay en el Cauca, que es una de las tres zonas que concentra el 53% de cultivos de coca en el Cauca y se ha constituido en corredor estratégico para el narcotráfico y el abastecimiento de armas, por lo que el gobierno adelantó una fuerte ofensiva militar denominada la “operación trueno” que debilitó al frente Carlos Patiño del EMC, por razón del cese al fuego sólo se harán acciones militares defensivas, no obstante se mantiene la ocupación por parte de la fuerza pública mientras avanzan las negociaciones. Este es el principal reto de la negociación, en tanto allí se encuentra en disputa la necesidad del gobierno de garantizar seguridad mediante el control de un corredor estratégico, y armonizar esto con la necesidad de avanzar en un proceso de paz con el EMC que tiene allí uno de sus principales asideros militares y financieros.

Al respecto, el presidente ha propuesto que allí se adelante en concreto un plan de desarrollo que incorpore la región a la economía lícita lo que implica inversión pública multisectorial. Un tema central con el EMC tiene que ver con el asesinato de líderes sociales, de excombatientes de las FARC y el reclutamiento de menores de edad. Estos deberían ser temas abordados en el siguiente ciclo y condicionantes para el cese al fuego, máxime frente a la declaratoria por parte de la Corte Constitucional del estado de cosas inconstitucional frente el asesinato de lideres sociales y excombatientes del acuerdo de paz. Una muestra de voluntad del EMC respecto a estos temas, generarían una confianza institucional y por parte de la sociedad colombiana en el rumbo del proceso de paz.

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1. Comunicado 50 de 29 de noviembre de 2023 Corte Constitucional

TOMADO DE REVISTA SUR

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