Germán Ayala Osorio
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por fin eligió a la nueva fiscal general de la Nación. Se trata de Luz Adriana Camargo. El tortuoso y enrarecido proceso de elección deja varios hechos que dicen mucho de lo que somos como Estado y sociedad.
El primero de esos hechos es que el mecanismo interno de votación de la CSJ es sinuoso y genera suspicacias. Al tratarse de una decisión administrativa y no judicial, las demoras en el cumplimiento de la orden constitucional de elegir en propiedad al fiscal general de la Nación hacen pensar en que dentro de la corporación judicial hubo togados interesados en afectar el equilibrio de poderes, al dejar en la interinidad a la cuestionada vicefiscal Martha Mancera. La obligación era y es clara: elegir fiscal en propiedad, lo que implica evitar a toda costa la interinidad, tal y como finalmente no sucedió. Ese juego político en el que cayeron los miembros del alto tribunal confirma que el señalado equilibrio entre los tres poderes públicos no siempre se rompe desde el Ejecutivo. El presidente de la República cumplió en mandar con mucho tiempo de antelación una terna de calidad, para que fuera elegida el remplazo del inefable Francisco Barbosa. Quienes incumplieron la orden constitucional fueron los togados y togadas de la CSJ.
El daño que dejó la interinidad de Mancera, la misma que la CSJ pudo evitar, está representado en la oleada de resoluciones (9 en total) con las que la vicefiscal encargada modificó la estructura operativa del ente acusador. Ya vendrán las demandas en contra de las decisiones tomadas por Martha Mancera. Igualmente, se espera que Luz Adriana Camargo eche para atrás aquellas resoluciones que afectan en materia grave la consistencia y los objetivos institucionales del plan que la entonces ternada presentó ante los magistrados y sobre el que está soportada su elección.
También es probable pensar que aquellas magistradas y magistrados que votaron repetidamente en blanco recibieron presiones externas de agentes políticos y económicos preocupados por la altura ética de las tres ternadas y por la posibilidad de que con la llegada de cualquiera de las abogadas a dirigir la Fiscalía, tomaría la decisión de reabrir casos delicados como Odebrecht, el proceso contra Óscar Iván Zuluaga, el crimen de Jorge Enrique Pizano, así como la advertida captura de la Fiscalía por parte de clanes políticos mafiosos e incluso, de parte del Clan del Golfo.
El segundo hecho tiene que ver con la actitud machista y misógina de periodistas y del exmagistrado Jaime Arrubla quien dijo que las mujeres ternadas eran “tres señoras que conocen el oficio, pero [son] tres personas enseñadas a llevar expedientes”. Es decir, mandaderas sin criterio penal alguno. Presentado por los medios masivos como una “fuente idónea”, la opinión de Arrubla, cercano al uribismo, se sumó al proceso de desprestigio que desde los medios masivos se alentó para evitar que Amelia Pérez fuera elegida como la nueva fiscal, pues alcanzó en unas de las votaciones, 13 votos.
Su eventual elección debió haber generado preocupación y algo de urticaria en agentes políticos cercanos al paramilitarismo, fenómeno que Pérez investigó a fondo, al igual que su compañero de vida, Gregorio Oviedo. Amelia Pérez fue atacada con fiereza por unos trinos de su esposo, en la red X.
En su carta de renuncia, Pérez explicó que la decisión “obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbadores, como, por ejemplo, el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales, pero que, absurdamente, han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno, en una anormal postura de querer aplicar el inexistente ‘delito de opinión’ con el agravante de que tales opiniones son elaboración exclusiva, y excluyente, de un tercero, pero que sus consecuencias, increíblemente, deben ser asumidas por persona distinta a quien las emitió”.
Sin duda alguna, el machismo de un sector de la sociedad colombiana permitió dudar de la idoneidad de Amelia Pérez, asumiendo que ella no tomaría, de resultar elegida fiscal, decisiones de manera autónoma, sino orientada por las ideas, prejuicios y el criterio del marido.
El tercer hecho alude a lo inconveniente que resultó la presión del jefe del Estado sobre el alto tribunal. Haber convocado a sus simpatizantes frente al edificio del Palacio de Justicia solo sirvió de excusa para que los magistrados dilataran la decisión administrativa, bajo el argumento de que no había garantías para agotar el perverso mecanismo de elección. Eso sí, la presión presidencial puso en evidencia a los sectores de poder social, político y económico a los que no les convenía que una mujer proba y digna asumiera las riendas de la Fiscalía. El apoyo del uribismo a la autonomía de la CSJ y la felicidad de varios de sus miembros más visibles por la interinidad de Mancera deja ver con claridad que les gusta la operación de una Fiscalía capturada por clanes políticos, en particular, prefieren a un fiscal que sea un apéndice del gobierno, tal y como lo fue Francisco Barbosa, cuyo único mérito académico y profesional fue haber sido compañero de pupitre del presidente-títere, Iván Duque Márquez.
Ya veremos qué puede hacer Luz Adriana Camargo para recuperar, para el Estado de derecho y la sociedad, a la Fiscalía. Camargo sabe de antemano que la institucionalidad del ente acusador deviene de tiempo atrás permeada por un ethos mafioso. Me uno a las voces de quienes recomiendan a Camargo que llame a sus dos compañeras de terna para que hagan parte de la Fiscalía.
En la historia quedará que, en una sesión extraordinaria, y después de un tortuoso proceso de elección al interior de la CSJ, el 12 de marzo de 2024 fue elegida Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación.
TOMADO DE REVISTA SUR
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