Hace poco revisaba las noticias, como se ha vuelto costumbre. Entre periódico y periódico, di con una nota que hablaba de una mujer que estaba entregando dos mil expedientes, correspondientes al mismo número de casos de delitos relacionados con violencia contra la mujer, dentro del marco del conflicto armado. Los llevaba ante el tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Al entregar las cajas -que no estaban llenas únicamente de documentos, carpetas, folios y ganchos, sino que también contenían las historias terribles de todas esas mujeres y niñas víctimas- estaba entregando, además, sus frustraciones, miedos, recuerdos, sueños, necesidades y esperanzas. Estaba poniendo en manos de los jueces la responsabilidad de “hacer justicia” respecto de un cúmulo de atrocidades que han sido dejadas de lado dentro de la configuración del paradigma de la violencia, en el contexto del conflicto armado, en Colombia.

Esta mujer se llama Yolanda Perea, es chocoana y este es su tercer período como representante en la Mesa de Víctimas. Yolanda no está allí como una mera vocera, en términos políticos, ella tiene su historia particular. Fue violada en su propia casa, cuando tenía 11 años, por un guerrillero. Fue amenazada por su victimario de forma que si gritaba o se movía, éste les haría daño a sus hermanos. Su madre fue asesinada por reclamar en el campamento guerrillero por el crimen cometido contra su hija. Más tarde, a Yolanda le dieron una paliza, su victimario y otros más, por “sapa”, a tal punto de que la hicieron perder el bebé que aún no sabía que gestaba, pues a duras penas había menstruado. Su abuelo siempre la culpó de ser la causa del homicidio de su hija y, después de quedar a cargo de sus hermanos, tuvo que salir desplazada de su finca como consecuencia de los enfrentamientos armados.

Yolanda encarna lo que es ser víctima, sin embargo, esta condición adquiere otras connotaciones, al ser víctima a los 11 años, ser mujer, negra y quedar encinta. Después ser revictimizada, por su agresor y su abuelo, forzada a ser “madre” de sus hermanos y luego desplazada de su hogar. En su historia, confluyen todos estos aspectos de la violencia que parecieran sistemática y estructuralmente ignorados por la justicia, por los medios y, de manera aterradora, por las propias víctimas.

Claro que, ella no es un caso aislado, según el Centro de Memoria Histórica 15.000 mujeres fueron violadas por las guerrillas y los paramilitares en los últimos 57 años. Por otro lado, el periódico El Espectador publicó una encuesta realizada en compañía de 14 organizaciones de derechos humanos y de mujeres, cifras levantadas en 142 municipios, de 29 departamentos del territorio nacional, que arrojaron un total de 875.437 casos de violencia contra la mujer. Así mismo, arroja el mismo estudio, que entre 2010 y 2016 se cometieron este tipo de delitos contra 16 mujeres ¡cada hora! En Colombia.

Estos tipos penales corresponden a: violación, prostitución, embarazo forzado, esterilización forzada, acoso sexual, servicios domésticos forzados y regulación de la vida social y afectiva. Para redondear estos datos, la impunidad en procesos de violencia sexual supera el 90%. Finalmente, los responsables de estos hechos son, en un 32,3% los paramilitares, en un 31,5% las guerrillas y se aproxima una cifra de 206 casos de los que son responsables agentes del estado. En otras palabras, las mujeres hemos sido víctimas, de todos los actores de este conflicto, en este caso, sin discriminación alguna.

Ahora, después de la firma de los Acuerdos de Paz, entre el estado colombiano y las FARC-EP, se constituyó el tribunal de la JEP. A esta Corte está adscrita la Unidad de Acusación e Investigación dentro de la que se encuentra un grupo de investigadores dedicado específicamente al esclarecimiento de delitos de violencia sexual en casos no reconocidos por los presuntos responsables.

Este cuerpo de investigación estructurará su trabajo con un sistema alternativo, es decir, se preferirán los testimonios y los contextos sobre las pruebas físicas de medicina legal (vías regulares), para ser consecuentes con el momento de ocurrencia de los hechos y no revictimizar a las implicadas. Se aplicarán las disposiciones del Estatuto de Roma en cuanto a la práctica de pruebas y se dará prioridad a la investigación de estos delitos.

Dentro de la ley estatutaria que establece el reglamento de la Justicia Especial para la Paz, se contempló que los delitos sexuales contra menores de edad no fuesen susceptibles de amnistías o indultos. No obstante, en revisión de la Corte Constitucional (que se adelanta mientras leen esto), se ha presentado en la ponencia que se posible otorgar estos beneficios, en la medida en que más del 70% de estos delitos no son denunciados por sus víctimas. De esta manera, que los victimarios confiesen, so pretexto de benevolencia en las penas, permitirá construir justicia desde la perspectiva de la verdad y la reparación. Propuesta que ha sido bien acogida por aquellas entidades llamadas a brindar sus conceptos al máximo tribunal constitucional.

Tendremos que esperar para saber cómo queda este panorama jurídico, ojalá no sea tan demorado como la publicación del texto completo de la sentencia C-674/17 en el que se revisa el Acto Legislativo que incorpora los Acuerdos de Paz a la Constitución (en términos muy llanos). Lo importante es que la Corte tome esta decisión con el propósito de beneficiar a las víctimas y que sea la protección de sus derechos sea el único faro que guíe este fallo.

Ahora bien, independiente del panorama judicial o legal, lo que sí es definitivo es que los cuerpos de las mujeres han sido objetos políticos, tierras por conquistar, se han convertido en territorios de violencia, han sido deshumanizados absolutamente. Las mujeres cargamos y llevamos dentro, en los términos más literales, la violencia que ha azotado a este país, en nosotras está escrito un conflicto absurdo al que muchos aún se aferran, como banderas ideológicas.