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Columnistas  |  20 octubre de 2017  |  12:00 AM |  Escrito por: Juan David Escobar Cubides

La conciliación extra-proceso, es la gran deficiencia del mundo jurídico

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Juan David Escobar Cubides

El ámbito jurídico colombiano no solo es corrupto, sino también, deficiente. La comercialización de fallos de tutela, la enajenación de absoluciones, y la compraventa de trámites no son los únicos defectos de la rama jurisdiccional; también se presentan múltiples deficiencias en el uso inidóneo del mecanismo alternativo de solución de conflictos, denominado: conciliación. Dicho mecanismo, hasta tanto, no ha pasado la prueba y desvanece los peores resultados en la academia y, también, en recta impartición y administración de justicia.

La conciliación no es, ni puede ser, un instrumento para dirimir todos los conflictos interpersonales dentro del marco de la legalidad; la Litis es trascendental por dos razones: La primera porque en el universo jurídico es menester librar batallas a través de los estrados judiciales, pues en los mismos es donde nacen los precedentes necesarios para posibilitar la existencia en coexistencia, en medio de la inexorable presencia de conflictos de intereses. La segunda porque no es factible que en la práctica los jueces pretendan ahorrarse trabajo, solicitándole tras bambalinas, a los centros de conciliación del país que, diriman todas las controversias con el fin oscuro de evitar que el asunto llegue a los despachos. Ello es una manifestación clara de desidia y de clientelismo jurisdiccional.

El ejercicio de la jurisdicción impone de manera dispositiva a través de un tercero heterocompuesto revestido de legitimidad, la solución a un litigio. Dicha solución es proferida por un fallo materializado en una sentencia. A diferencia de la conciliación, las partes involucradas disponen, y, en el evento de no lograr un plan de negocio conciliatorio, actúa de manera propositiva el conciliador con la emisión de unas fórmulas de arreglo. Ese conciliador, mencionamos anteriormente, carece, casi siempre, de la preparación necesaria para emitir propuestas de arreglo a la situación. Si bien es cierto que este mecanismo pretende descongestionar la jurisdicción, no es menos cierto que, ya es hora de reglamentar el uso del mismo. Parte importante de los centros de conciliación de las universidades no han pasado la prueba y, por ello, es que disminuye la credibilidad.

Por decir lo menos, los defectos son abismales, en tanto, un conciliador no es un juez de la república y, es ahí donde surge la dificultad: generalmente quienes fungen como conciliadores de pequeñas causas, son estudiantes inexpertos de consultorios jurídicos de universidades que, escasamente tienen idea de dirimir un conflicto. Además, encontramos que en los centros de conciliación, los abogados titulados que ejercen dicha potestad, nunca han litigado en su ejercicio profesional. Es por tal razón que, los usuarios que dirimen sus diferencias ante este instrumento, en cuestión de 6 meses, nuevamente acceden al mismo con el sinsabor de no haber logrado algún aspecto positivo, pues las soluciones subsidiarias propuestas por el estudiante o abogado titulado, son deficientes y no logran en mayor medida darle una solución efectiva a la controversia inicialmente presentada.

Así las cosas, la solución propuesta por este suscrito, es la siguiente: Ante dicha situación, es menester que los recintos académicos impongan de manera obligatoria cursos y diplomados sobre conciliación extra-proceso, previamente al ejercicio por parte del estudiante o abogado adscrito al centro de conciliación del respectivo claustro académico. Dichos cursos deben ser gratuitos por la importancia que revisten. Ya sabemos que los mismos existen pero son generalmente muy onerosos y, por ello, los estudiantes desisten de cursar los mismos. Pero, además de gratuitos, deben ser obligatorios para el estudiante, ya que, hasta ahora son electivos u optativos, y, ello tampoco puede tolerarse.

Hay que darle el tratamiento óptimo a esta situación para evitar malos rendimientos. Ya es hora de que las universidades que se autoproclaman “humanistas” dejen de exprimir el patrimonio de las familias de los estudiantes, solicitando dineros extras innecesarios, y, más bien, se preocupen por solucionar esta desgracia. Mientras no lo hagan, auguro resultados semejantes a los actuales.

Así, nada mejorará. ¡Reflexionen!

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